El callejero y la memoria histórica deslocalizada

¿Recordáis la entrada de El callejero y la memoria histórica? o ¿La desconocida calle sobre la calle dedicada al gobernador Juan Fontán en Las Palmas?

No son la única: el gobernador Faustino Ruiz González es "Hijo Predilecto de la Ciudad" de San Fernando (Cádiz) en donde tiene dedicada una calle todavía a día de hoy. Al almirante se le recuerda -entre otras cosas- por la desaparición de Acacio Mañé.

El fallido intento por investigar el suceso y -eventualmente- procesar al gobernador lo recogíamos en El procesamiento a Don Faustino.

Y es que, en no pocas ocasiones olvidamos que la sombra del franquismo, sus normas y sus consecuencias, se proyectaron sobre territorios y poblaciones que hoy no forman parte del Estado español, quedando por fuera incluso de las reivindicaciones de memoria histórica.

Precisamente en "Memoria y frontera...", de María del Mar Fernández Pérez, se analiza:

En este periodo las fronteras del Estado eran diferentes, aunque en muchas ocasiones no se sea consciente de esto: no sólo territorios en Marruecos y el actual Sáhara ocupado eran posesiones españolas, también lo era Guinea Ecuatorial. 

Resulta llamativa esta falta de referencias a las colonias si tenemos en cuenta que el imaginario colectivo de la Guerra Civil está plagado de referencias al norte de África: allí se produjo el golpe de estado en un primer momento, de allí venía el ejército africano y la famosa y temida guardia mora. Esta guerra, tan importante para la historia europea, empezó en África, y allí se produjeron los primeros asesinatos de quienes permanecieron fieles a la legalidad republicana. Es muy difícil hablar de este periodo sin hacer referencia al protectorado y situados en el momento actual, habrá que afrontar el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica en territorio extranjero.

Miguel Ángel López Moreno recoge la existencia de la calle dedicada al Almirante Faustino Ruiz en Las calles indecentes de San Fernando:

(...) Hay en San Fernando calles con nombres de alcaldes que colaboraron, abierta y decididamente, en la represión política y social que se desplegó en .la ciudad desde el 18 de julio de 1936. Fueron alcaldes que sirvieron a una dictadura militar de carácter fascista…

«…en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini».

Así lo definió y condenó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1946, precisamente en los años en los que los alcaldes en cuestión actuaron. Estos mandatarios isleños fueron dirigentes políticos que colaboraron con un Estado ilegal. Las víctimas de la represión en esta ciudad (los asesinados y los perseguidos), que lo fueron bajo los mandatos de estos alcaldes, no merecen la afrenta de ver sus nombres rotulados en las calles. Su permanencia supone, en nuestra opinión, enaltecimiento del golpe militar de 1936, de la represión posterior y de la impunidad.

Permanecen en la ciudad calles con nombres de militares —fundamentalmente marinos— que participaron en el bando sublevado de la guerra civil española y que desarrollaron posteriormente una dilatada y brillante carrera militar, incluso regalaron a la ciudad una valiosa contribución política e intelectual. Todos esos militares tuvieron que demostrar inevitablemente su adhesión a la dictadura militar que se iniciaba el 18 de julio de 1936 y, con ella, acataron la cobertura ideológica de carácter fascista que adoptó el nuevo Estado. Aceptamos que un número indeterminado de ellos —nunca sabremos cuántos— se vieron arrastrados por la pulsión de sobrevivir y asumieron como inevitable la obediencia a una cadena de mando que traicionó la promesa de adhesión a la II República. Entendemos que esos militares se dejaron arrastrar por la supuesta obediencia debida a sus superiores, porque la mínima objeción habría implicado una ejecución inmediata y extrajudicial. Y en el mejor de los casos, un consejo de guerra sumarísimo en el que los militares rebeldes y traidores les acusarían precisamente de rebelión militar con pésimas consecuencias.

«Los militares que se opongan al Movimiento de Salvación iniciado serán pasados por las armas por los delitos de lesa patria y alta traición a España». [En el Decreto nº 2 de la Junta de Defensa Nacional. Burgos, 25 de julio de 1936]. (...)

Pero hubo militares que organizaron la sublevación y/o participaron conscientemente en la guerra posterior y, en consecuencia, asumieron las consecuencias de sus actos. Para fortuna de ellos, resultaron victoriosos y sus decisiones personales fueron recompensadas con una notable carrera militar y con reconocimientos en el ámbito municipal. Por eso algunas calles de San Fernando siguen dedicadas a militares que se alzaron contra el gobierno legítimo de la II República. Eligieron libremente colaborar con la sublevación y, por tanto, cometieron un evidente delito de rebelión contra la legalidad, delito que hoy día sigue impune. Esa decisión les hizo ser presuntos cómplices y/o tener responsabilidad en las detenciones ilegales, torturas y muerte de aquellos isleños susceptibles de oponerse al Movimiento Salvador de la Patria. Así mismo, pudieron ser responsables directos o indirectos de un número indeterminado de incautaciones de bienes, de cárcel, de exilio. Y como miembros de un plan general abiertamente criminal, son responsables en función de la punibilidad del plan…

«Líderes, organizadores, instigadores y cómplices que participen en la formulación o ejecución de un plan general o conspiración, para cometer cualquiera de los crímenes antes citados, son responsables de todos los actos realizados por cualquier persona que ejecute dicho plan…». [En Diligencias Previas Procedimiento abreviado 399 /2006 v, de 16 de octubre de 2008. Juez Garzón, citando el Estatuto de Nüremberg (8 de septiembre de 1945)]

En consecuencia, las carreras profesionales de estos militares parten de un comportamiento desleal e ilícito, es decir, parten de la máxima vergüenza que puede perpetrar un militar: quebrantar su promesa o juramento de acatar las leyes, en este caso promesa de fidelidad a la República para defenderla y servirla bien: «Prometo por mi honor servir bien y fielmente a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas».

Todos los militares traidores habían prometido defender precisamente a la República, no a una esotérica Patria diseñada ad hoc para justificar cualquier acto de rebeldía. Posiblemente no hay mayor deshonor para un militar que levantar sus armas contra sus propios compañeros y contra los ciudadanos que le otorgaron su confianza. Estos últimos militares no caben en el callejero de San Fernando, lo dice la ley que emana de la voluntad popular, y mantenerlos sería justificar y dar cobertura a la barbarie que se desplegó en este pueblo a partir del 18 de julio de 1936. Es nuestro deber, si tenemos ese conocimiento, exponerlo.

Y aún existen calles dedicadas a personas que avivaron la traición de los militares insurrectos, entendieron las tropelías de la Falange y demonizaron a los republicanos como antiespañoles. Por tanto, justificaron lo que estaba pasando en la ciudad, es decir, justificaron el exterminio físico de los posibles opositores políticos y sociales al Glorioso Movimiento Nacional. Máxime cuando desde su pretendida ascendencia moral declamaban justificaciones vistiendo sotana o blandiendo la pluma con destreza. Consideramos que tales personajes tampoco deberían tener una calle en San Fernando.

En nuestra opinión, eliminar de nuestras calles los vestigios de la dictadura franquista «...representa un paso fundamental hacia la realización del derecho a la verdad de todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos…» que ocurrieron en San Fernando. Pero, sobre todo, será un acto de justicia y valentía política que nos acerque a la conclusión de un ciclo histórico.

Entre otras la calle Almirante Faustino Ruiz:

En el artículo, El almirante, el marinero y el cura, completa:

El 29 de septiembre de 1936, el crucero rebelde Canarias detectó a treinta kilómetros de distancia al destructor Almirante Ferrándiz, leal a la II República, que patrullaba en el Estrecho de Gibraltar tratando de impedir que el ejército sublevado de Marruecos llegara a la península. El Canarias lanzó una andanada de cuatro disparos contra el Ferrándiz que resultó larga, impactó en el mar a 1200 metros del objetivo. En ese momento, ante la inminente huida del destructor y la probabilidad cierta de quedar fuera de alcance, el Director de Tiro del buque rebelde tomó la arriesgada decisión de saltarse el manual artillero y proponer una única andanada de disparos que hizo blanco a 21.000 metros. El Ferrándiz se hundió con rapidez. El mar se cubrió de cadáveres y de náufragos, y el prestigio personal del Director de Tiro del Canarias tuvo alcance internacional. Muchas marinas de guerra se interesaron por el procedimiento que se utilizó para hundir el destructor republicano a esa distancia y sin disparos de aproximación. 

Unos meses después, en lo que se conoce tristemente como la desbandá, desde ese mismo barco se dispararía contra la población civil que huía de Málaga.  

El Director de Tiro del Canarias era el isleño y capitán de corbeta don Faustino Ruiz González que, después de la hazaña, tuvo una larga y fructífera carrera militar —bajo la cobertura del régimen dictatorial del general Franco, naturalmente— hasta llegar al empleo de almirante. Entre 1949 y 1962 fue gobernador general de la Guinea Ecuatorial Española, años en los que reprimió con decisión el incipiente movimiento nacionalista guineano. Y en estas estaba don Faustino cuando fue procesado por la detención, torturas y asesinato del líder nativo Acacio Mañé. Una historia muy fea y muy torpe, que no le impidió seguir adelante con su carrera y su prestigio.