Cuenta Donato Ndongo Bidyogo en la ponencia "
La proyección del fascismo en el Golfo de Guinea (1936-1945)" realizada dentro del III Seminario Internacional Sobre Guinea Ecuatorial que:
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No revistieron importancia militar las breves escaramuzas de la Guerra Civil en el golfo de Guinea. Aunque se confirmaría en octubre, con la llegada de las tropas de ocupación –integradas por marroquíes–, en septiembre estaba consolidada la situación a favor del bando franquista. Son de un marcado carácter represivo las primeras disposiciones de la cabeza visible del Nuevo Estado en la colonia, el teniente coronel Luis Serrano, jefe de la Guardia Colonial. Destaca la prohibición del abono de nóminas “sin la presencia del interesado”, orden destinada a suspender de empleo y sueldo a los empleados que hubiesen huido o estuviesen presos, y facilitar la localización de los escondidos; decretó la baja de cuantos funcionarios prestaran sus servicios en la Guinea continental “hasta tanto se depure individualmente su conducta”; el Gobierno General incautó todos los bienes de las “personas desafectas al Movimiento Salvador de España”, consideradas tales los detenidos por haberse opuesto directa o indirectamente a la sublevación. Desde el 20 de octubre, ningún funcionario podía percibir haberes con cargo a los presupuestos generales de la colonia o cualquier otro organismo público, semipúblico o que tuviese préstamos de entidades oficiales, sin antes adherirse al nuevo régimen mediante juramento solemne de “absoluta fidelidad y lealtad”, disposiciones que afectaban por igual a colonos y nativos. Los misioneros claretianos recuperaron el monopolio de la enseñanza y todas las prerrogativas y prebendas de que gozaban antes de la proclamación de la República.
La ordenanza del 28 de septiembre determinó que la enseñanza en la colonia debía responder “a las
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| Niños cantando el «Cara al sol» con el maestro antes de entrar en la escuela. |
conveniencias nacionales”; los juegos infantiles, obligatorios, tenderían “a la exaltación del patriotismo sano y entusiasta de la España nueva”, y se debía informar a la autoridad “toda manifestación de debilidad u orientación opuesta a la sana y patriótica actitud del Ejército y pueblo español que siente a España grande y única, desligada de conceptos antiespañolistas que solo conducen a la barbarie”. Al amparo de esta orden, y del bando que había declarado ilegales “la masonería y demás asociaciones de naturaleza secreta”, fueron represaliados muchos auxiliares indígenas que habían mantenido relaciones de amistad o habían protegido de cualquier forma a simpatizantes del Frente Popular, incluidos sus criados y cuantos se mostraron receptivos a las ideas antifascistas, o, simplemente comentaban con desaprobación la brutalidad de la represión desencadenada entre septiembre y diciembre de 1936. Asociaciones clánicas y tribales fueron perseguidas, la religión católica restablecida como única y obligatoria, y algunos jefes de poblado, incursos en cualquiera de las múltiples “responsabilidades” introducidas por la nueva legislación, fueron deportados a la isla de Annobón, de donde muchos no regresaron.
Aunque pocos guineanos participaron activamente en la Guerra Civil –tema aún por estudiar en profundidad–, debido a consideraciones demográficas, climatológicas y por el costo del transporte e instrucción, la temprana adscripción de Guinea a la Zona Nacional determinó su clasificación como “territorio de aprovisionamiento”. Sus recursos humanos se aplicaron a la producción de aquellos bienes necesarios para las necesidades de la guerra en la Península. Las Juntas de Importación y Exportación, creadas el 30 de octubre, pasaron a fiscalizar en favor del Gobierno de Burgos la venta de todos los productos coloniales, estableciendo un control estricto de entradas y salidas de mercancías, y examinando las cuentas de las ventas de cacao, café, madera y otros productos, con la misión fundamental de determinar con exactitud el 20 % anual aprobado por la Cámara Oficial Agrícola de Fernando Poo como “donación gratuita” al Movimiento Nacional. Se creó un Sindicato de la Madera, seción de la cámara con sede en Bata, encargado de fiscalizar la exportación de maderas y normalizar las explotaciones abandonadas o dañadas por sus gerentes o trabajadores blancos afectos al bando republicano. En junio de 1937 se nombró la primera Comisión Delegada del Sindicado Maderero en la Metrópolis, dependiente de la Comisión de Industria y Comercio de la Junta Técnica del Estado, el primer Gobierno de Franco. Merece la pena detenerse sobre esta cuestión, puesto que, hasta la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968, persistió la polémica sobre el carácter voluntario u obligatorio de la donación del 20 % de la producción colonial al bando sublevado. Algunos colonos sostenían que la idea había partido de la cámara, deseosos finqueros y comerciantes de congraciarse con las nuevas autoridades. Los documentos demuestran lo contrario. La ordenanza del gobernador Serrano, de 23 de septiembre de 1936, restableció el estatuto de la cámara de 1928, suprimiendo las modificaciones introducidas en junio de 1935, una de las cuales era la elección democrática de sus órganos de gobierno. Serrano designó presidente a su amigo Francisco Potau, conocido ultraconservador, y nombró vocales a otros destacados integristas, entre ellos Alfredo Casajuana, Antonia Llorens y Joaquín Mallo. A esa dirección afín sugirió Serrano la importante aportación de la colonia al bando franquismo. El 31 de octubre, el Gobierno General –no la propia cámara– estableció las normas para la donación: cada finquero o comerciante fue obligado a entregar a la Junta de Importación y Exportación el mencionado porcentaje sobre su producción en especie, envasada y situada en el puerto de embarque, en el plazo y fecha designados. La Junta podía desestimar la aportación si, a su juicio, no reunía las calidades y cantidades exigidas. Sin mencionar la coacción, Serrano cablegrafió al general Franco que los más importantes madereros habían “ofrecido la totalidad de los beneficios de su producción de ese año” al Movimiento Nacional, situando la misma en Hamburgo, transportada por buques extranjeros, donde se procedería a su venta. “Isla ofrece igual carácter impuesto voluntario –dice el radiograma– veinte por ciento sobre valor venta fruto cacao, café, bambú y disposición totalidad divisas se obtengan”. El gobernador interino, que calculaba la cosecha de cacao de ese año en 11.000 toneladas, resaltaba el supuesto gesto de los colonos como “expresión fervoroso entusiasmo patriótico y especial adhesión personal”, “dadas las circunstancias críticas” por las que atravesaba, en su opinión, la economía colonial.
Ni hubo, pues, “donación”, ni fue “generosa” y “entusiasta”. Lo demuestra la autorización obtenida para una subida general, precisamente en un 20 %, de todos los artículos de importación y exportación de la colonia, de modo que los colonos no perdieron ni un céntimo. Si para los españoles afincados en Guinea era difícil evadir la orden de “donación” –por las dificultades burocráticas y el riesgo de ser considerado “tibio” o “desafecto”, con las consecuencias pertinentes, según hemos visto–, para las empresas alemanas resultó muy fácil demostrar que “no estaban en condiciones” de hacer frente a aquel pago, aunque se beneficiaron del aumento de los precios. La Embajada de la Alemania de Hitler se encargaba de tramitar ante la Junta Técnica de Franco las exenciones; de este modo, la Casa W. A. Morritz no solo no realizó donación alguna, sino que obtuvo importantes exoneraciones fiscales y otras ventajas económicas. Pese a todo, la cuestión de la “donación voluntaria” fue objeto de infinitas y agrias polémicas, murmuraciones, comentarios y actuaciones discriminatorias, dato que también desmiente la falacia argüida por el gobernador interino. Ante la enconada pero soterrada oposición suscitada por la medida, el nuevo gobernador civil y militar, capitán de navío Manuel de Mendívil y Elío, incorporado a su puesto en enero de 1937, tuvo que publicar una nueva orden, del 30 de abril, por la que decidía, “cansado ya, no aceptar donación que de tan mal grado y con tan pocas ganas se le ofrece”. El airado bando constituye un severo rapapolvo para los colonos, a quienes se recriminaba “la conducta ruin que a retaguardia observan muchos de los alegres beneficiarios” de los esfuerzos y sacrificios “de los que riegan el suelo peninsular con la sangre generosa de sus mejores hijos, españoles auténticos que por desconocer el egoísmo entregan sus vidas en defensa de los supremos ideales de libertad y civilización”. Pese la dureza de tales descalificaciones, Mendívil se negó a sancionar “conducta tan desatentada”, porque “no habrían de faltar avaros maldicientes que a lo que era justicia llamasen arbitrariedad o represalia”; y para quitarles la razón, prefería rechazar en nombre del Estado, “con noble orgullo, cuanto no se le ofreciera con espontánea y libre voluntad”. También declinaba imponer como tributo de guerra la suma discutida “u otra mayor”, optando por atenerse “al libre impulso de cada uno de sus hijos”, relevando de toda obligación a los “desheredados que no puedan o a las almas mezquinas que no quieran suscribirlo: sabremos así quiénes son o no son buenos ciudadanos, y quiénes cumplen o no cumplen sus deberes”. De este modo, la “donación” dejó de ser obligatoria para quienes no hubiesen suscrito el acuerdo de la cámara, y potestativa para los restantes afiliados. Quienes considerasen excesivo o exiguo el 20 % tenían quince días para señalar, en carta dirigida al gobernador, el porcentaje que estuviesen dispuestos a ofrecer, si decidían aportar alguno, o declarar su negativa a contribuir. El Gobierno General publicaría posteriormente la lista de contribuyentes y aportaciones. Quienes, españoles o extranjeros, no comunicaran nada al gobernador en el plazo indicado, se entendía que seguirían pagando el 20 %. Aquellos que no estuviesen dispuestos a pagar cantidad alguna al Movimiento Nacional y, sin embargo, hubiesen gravado en un 20 % el precio de sus productos, quedaban obligados a devolver el importe al vendedor o comprador. Medidas coactivas que surtieron su efecto: como nadie se arriesgaba a ser considerado desafecto, todos los productores y comerciantes pasaron a contribuir al esfuerzo de guerra del bando de Franco, aunque a regañadientes, pues se agriaron las relaciones entre el Gobierno General y los colonos. Las autoridades consideraron a los finqueros “malos españoles”, tratándoles con rigor. La mayoría de las disposiciones posteriores, sobre todo la centralización de las actividades económicas en sindicatos estatalizados controlados desde Madrid por la Dirección General de Marruecos y Colonias, se adoptaron como represalia por la tibieza demostrada por agricultores y comerciantes coloniales. Puede encuadrarse el cese de Serrano en este contexto, pues, veterano colonial, se le reprochó su incapacidad de “meter a raya” al estamento empresarial. Anotemos que no hemos hallado nexos o fundamentos políticos o ideológicos en la oposición al pago de la “donación”; creemos, con el gobernador Mendívil, que debe atribuirse en exclusiva al egoísmo de una élite que acogió con alborozo la subida, pero se mostró reticente a pagar. También debe tenerse en cuenta que la mayoría de los españoles residentes en Guinea se sentían desvinculados de las cuestiones políticas y luchas ideológicas que enfrentaban a sus compatriotas a 6.000 kilómetros de distancia. El descontento generado por la “sugerencia” de Serrano, secundada por Potau, Mallo y demás, pudo en realidad desembocar en una secesión, al estilo de los independentismos americanos o boer. En nuestra opinión, solo el exiguo número de colonos, y su dispersión entre Fernando Poo y Río Muni, impidió la articulación de aquel conato de rebelión.
El gobernador Mendívil castigó a los colonos incrementando el tipo impositivo sobre propiedades rústicas, urbanas e industriales; quienes no pagasen en el plazo estipulado, serían multados con el quíntuplo del principal reclamado, añadidos los recargos correspondientes. También se empezó a cobrar una peseta como “donativo voluntario” a toda persona que visitase los barcos fondeados en cualquier puerto de la colonia. Completa las medidas recaudatorias para financiar al Ejército de Franco una disposición de febrero de 1937, que obligó a fabricantes de chocolate y otras industrias dependientes del cacao a someterse al control estricto de la Comisión de Industria, Comercio y Abastos. Ese mismo mes se creó la Junta de Cultivos, destinada a promover la producción de alimentos locales, obligatoria para nativos y colonos. Su finalidad no era mejorar las condiciones alimenticias de los nativos, como arguyó la propaganda, sino otras: primero, restringir en la colonia el consumo de productos de importación, como el arroz, aceite de oliva, trigo, pescado salado, conservas y similares, imprescindibles en el abastecimiento de las tropas del bando nacional; incrementar el cultivo de plátanos, bananas, yuca, malanga, palmeras y piñas, productos también destinados al abastecimiento de la industria de la zona bajo control franquista. Esta orden tendría, a la larga, trascendental importancia, en dos sentidos opuestos: por un lado, consagró la discriminación incluso en la alimentación, pues a partir de entonces quedó prohibida la venta a los nativos no emancipados de conservas y aceite de oliva, al tiempo que la agricultura tradicional traspasaba por primera vez los niveles de autoconsumo para crear excedentes. Sobreabundancia que mejoró la dieta de los guineanos, creó un mercado interior y posibilitó el despegue hacia un mercado exterior de productos tropicales, absorbido por España, con las consiguientes transformaciones sociales y económicas. Fue también un intento de diversificar la agricultura colonial, abandonando el tricultivo (maderas, cacao y café). Experiencia efímera, abandonada cuando quedó estabilizada la producción agrícola metropolitana, una vez superado el bloqueo internacional decretado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Podemos afirmar, pues, que la hambruna padecida en la posguerra española fue mitigada en parte gracias a los productos guineanos. Es mi propósito seguir investigando este tema, sobre todo para aportar las cifras de las importaciones desde Guinea entre 1937 y 1950, pero puedo adelantar hoy que la reconstrucción de la infraestructura ferroviaria fue posible por la madera de Río Muni: los vagones eran de madera ligera, y las traviesas, hasta no hace demasiado tiempo, eran de madera de okume.
El 1 de marzo de 1937 se creó la Agrupación de Milicias Nacionalistas de Fernando Poo, “una
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Figura de plomo de falangista guineano de 1936.
Tras el decreto de unificación,
la milicia conservó en la Guinea Española
el característico salacot en vez de la boina roja. |
agrupación de patriotas que, por no haber sido movilizados, no prestan servicio en el Ejército, pero a pesar de ello se ofrecen al Generalísimo Franco, representante del Estado, para colaborar, ayudar y combatir en caso necesario”; los nativos encuadrados en la Guardia Colonial fueron afiliados obligatoriamente. De tal agrupación nadie podía salir; su jefe fue investido como delegado de Orden Público, y, según el artículo 15 de su reglamento, todos sus mandos recayeron en oficiales y clases del Ejército, lo que equivalía a reforzar aún más la autoridad de los delegados gubernativos. El Decreto de Unificación de requetés y falangistas bajo el mando único de Franco tuvo, asimismo, su proyección en Guinea, ya que en julio siguiente se modificaba el reglamento de esa Milicia Nacional para crear una “entidad de carácter nacional”, FET y de las JONS, bajo el mando delegado del Gobernador General, jefe territorial del Movimiento. Leopoldo Martínez Rodríguez ocupó el cargo de asesor político de las milicias; Emilio Gómez Vázquez fue designado secretario territorial del partido único, y Prudencio González Altuna ocupó la jefatura militar de la milicia. El 13 de septiembre se constituía en Santa Isabel la Central Nacional-Sindicalista, integrada en esta primera etapa por los sindicatos de Agricultura, Comercio, Oficinas e Industria, “a la manera de un ejército creador, justo y ordenado”. El 14 de marzo, un decreto-ley establecía la requisa, en favor del Estado Nacional, de cuantas divisas extranjeras, joyas, objetos de oro y plata tuviesen particulares, entidades financieras o empresas, a cambio de su valor en pesetas franquistas. Quienes denunciasen a los que se negaran a acatar la orden tenían derecho a percibir la mitad de la multa
impuesta al infractor. Dada la restricción de la personalidad jurídica de los nativos no emancipados, tal orden revistió en Guinea una curiosa particularidad: ante el supuesto de que un nativo no podía tener ni divisas ni joyas, la “Ordenanza sobre la responsabilidad de los negros no emancipados” les exoneraba de los delitos de “atesoramiento ilegal” y “auxilio a la rebelión”. A este decreto-ley siguió otro, de 5 de abril de 1937, sobre incautación de bienes. Destinado en principio a adaptar en la Colonia los preceptos del decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, instituyó una Comisión de Incautación de Bienes presidida por el secretario general del Gobierno, Carlos Vázquez Ruiz, e integrada por José María Martín-Gamero Isla y Francisco Cánovas del Castillo Tejada, encargados de tomar cuantas medidas creyesen oportunas para evitar la ocultación o desaparición de bienes de personas que “por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción u omisión, de daños o perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de oposición al triunfo del Movimiento Nacional”. Las personas y empresas incautadas debían presentarse a un juicio, representadas necesariamente por el asesor letrado del Gobierno General, en función de abogado del Estado, quien, al mismo tiempo, era miembro nato de la Comisión de Incautación. El expediente para declarar administrativamente el embargo de los bienes debía ser incoado por un juez, jefe u oficial del Ejército, nombrado por la Comisión de Incautación.
El 16 de marzo se modificó el Estatuto del Comité Sindical del Cacao, al que quedaban obligatoriamente afiliados todos los productores europeos de la colonia; su Junta Peninsular adquirió las funciones de clasificación o reclasificación del producto, proponiendo al Gobierno los precios únicos que debían aplicarse, y disponiendo e interviniendo en todo lo referente a la producción, distribución y venta en España. Se inició entonces una amplia campaña de propaganda para promocionar el cacao de Fernando Poo, tanto en España como en el extranjero. El sindicato se adecuaba así a la “solución totalitaria” exigida por pequeños y medianos productores, que se sentían perjudicados por la especulación y el arbitrario incremento de precios por los intermediarios, que acogieron con gozo la supresión del libre comercio; tal normativa creó nuevos problemas, quizá mayores, como la falta de representatividad y transparencia de los comisionados, que pasaron a especular en beneficio exclusivo de la burocracia sindical y los grandes finqueros. Por ejemplo, créditos y anticipos se otorgaron desde entonces sobre existencias comprobadas y cosechas pendientes, lo cual imposibilitaba en la práctica que un pequeño agricultor aumentase su producción o mejorase su explotación. Las grandes firmas se beneficiaron también del dirigismo corporativista resultante, al estar proporcionalmente más representadas en los órganos colegiados del sindicato, impidiendo la libre iniciativa privada, por ser la única entidad autorizada a recaudar los ingresos de las ventas, pagar los gastos y adoptar cuantas medidas se relacionasen con la producción, consumo y comercialización del cacao. Si se tiene en cuenta que el comité estaba presidido por el representante del Estado, designado libremente por el presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Técnica del Estado –luego por el ministro de Comercio–, con voz, voto y veto sobre cualquier acuerdo, puede afirmarse que fue en Guinea donde primero se aplicó el modelo económico y social del Movimiento Nacional; su verdadero resultado fue la aparición de grandes monopolios semiestatalizados, en los que las fuerzas productivas se limitaban a ejecutar las directrices políticas emanadas de la voluntad de la “superioridad”. Modelo que, como se sabe, generó burocratización, corrupción, arbitrariedad e ineficacia operativa.
Bajo el gobierno del procónsul Mendívil y Elío, el naciente Estado Nuevo franquista abordó otro de los grandes temas coloniales: qué trato dar a los nativos. La ideología del Movimiento Nacional era imperialista. En mayo de 1935 había aparecido el libro Discurso a las juventudes de España, de Ramiro Ledesma Ramos, fundador de uno de los partidos integrantes en el Movimiento, las JONS. Calificado por José María de Areilza y Fernando María Castiella como “fundamental” para comprender la nueva interpretación de la Historia de España que forjaba el espíritu de cierta juventud encandilada con las ideas y logros de Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, el jefe del nacionalsindicalismo invierte en esa obra la tesis “pesimista” de Ángel Ganivet en Idearium español, y “rectifica” las nostálgicas ensoñaciones de Ramiro de Maeztu en Defensa de la Hispanidad, dos genuinos representantes de la obsesión imperialista que caracteriza a la glorificada Generación del 98. Ledesma les califica de “viejos”, pues “en su decrepitud biológica y espiritual” –dice– intentaban arrastrar a España “por el camino de la perdición”; juzgaba “erróneo” el concepto de “decadencia” aplicado a la situación internacional de España, que, para él, no había sido derrotada en 1898, solo había perdido una batalla. Bajo el seudónimo de Roberto Lanzas, este ideólogo expresó con mayor claridad su propuesta en Fascismo en España: “Sólo el triunfo en España de un movimiento nacional firmísimo pondrá a la Patria en condiciones de no pestañear ante las responsabilidades históricas que se nos echan encima. Sólo una España fuerte puede decidir las contiendas próximas de Europa en un sentido progresivo y fecundo. El secreto de un nuevo orden europeo que disponga de amplias posibilidades históricas se resume en esta consigna que nos atañe: resucitación española”. Pese a lo cual, como izquierdas y liberales, la extrema derecha española carecía de un corpus doctrinal aplicable a la política expansiva contenida en su formulación, y se debatía entre la readaptación de las obsoletas Leyes de Indias o la adopción de modelos más actualizados. Rechazaban los modelos contemporáneos experimentados por Gran Bretaña y Francia, responsables, en su opinión, del declive de España y enemigas de su resurgimiento; razón que explica la proliferación, entre 1939 y 1945, de libros y artículos analíticos sobre la organización de las posesiones españolas. Téngase en cuenta que estas fechas enmarcan el fin de la Guerra Civil y derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial, a cuyo éxito esperaba auparse Franco para restablecer el imperio español. No nos extenderemos aquí sobre esta cuestión apasionante; unas pocas pinceladas permiten comprender aquel debate: para los detractores del modelo francés de colonización, basado en la asimilación de los nativos a la cultura de la metrópolis, “el único mérito de Francia” consistía en “restablecer el orden en el trágico carnaval africano”; la asimilación podía ser “teóricamente justa, pero colonialmente equivocada”, al presuponer la igualdad de las razas, falacia que podía desembocar en comunismo, pues “el negro es, y será siempre, un negro, aunque la Liga de derechos del hombre lo promueva a superior rango”. Para otros, el método francés tenía la ventaja de “elevar” a los indígenas, al fundirse la raza colonizadora con la aborigen, de modo que los pueblos así formados “perpetúan las virtudes y tradiciones de la raza colonizadora: donde hay un hispanoamericano, hay un español”, argüían. La controversia se acentuaba al analizar el modelo inglés, basado en el proteccionismo o “administración indirecta”, inmoral para unos –“el principio de la sabiduría británica es no tener principios”, según Bravo Carbonell–, nefasto para tratadistas como Yglesias de la Riva, para quien conducía a preparar la emancipación. No siendo fácil la síntesis, algunos ideólogos recomendaron aplicar rasgos aislados de uno y de otro según las circunstancias. El resultado fue una colonización paternalista, plena de retórica católica, fluctuante según la coyuntura internacional: una indefinible amalgama entre rígida explotación, en condiciones de semiesclavitud, y un apartheid más displicente que dictado por el odio, a menudo reducido en despectiva condescendencia ante seres considerados “no tan” iguales.
Todo lo cual aparece nítido en la legislación. El Reglamento General de Hospitales, de 2 de marzo de 1937, además de la consabida separación de los enfermos en salas distintas según su raza, consagra al administrador-comisario de cada centro de salud como jefe del personal indígena, debiendo éste “cumplir cuantas órdenes les sean dadas por el personal europeo de la sala” y guardar “el debido respeto a este personal y al personal europeo del Hospital”. La ordenanza de 6 de abril reformó el Reglamento de Enseñanza Colonial, en un “vehemente deseo” –escribió Heriberto Ramón Álvarez– de revalorizar la última colonia española, desde el empeño de rectificar el abandonismo del final del siglo XIX, poniendo “todo su entusiasmo y todos sus sacrificios en dar a sus escasos súbditos de color las enseñanzas y doctrinas que en los actuales tiempos no pueden ser negadas a ningún pueblo ni a ninguna raza. Clasificada por grados (primaria elemental, primaria superior, profesional y de artes gráficas), fue un primer y tímido intento de sistematizar la escolarización de los nativos, sometidos a un filtro espeso para captar a las futuras élites, escogidas por su inteligencia, dedicación y aptitud. Su característica básica era centrar la enseñanza en la dos pilares: “la Religión Católica e Historia Sagrada se enseñarán obligatoriamente en las escuelas, ocupando con la Enseñanza Patriótica el lugar preeminente que les corresponde”, con la finalidad de “conseguir ciudadanos españoles honrados, fuertes, capacitados y fervientes católicos”, lo cual se lograría “fomentando el amor a España por el conocimiento de sus instituciones fundamentales, de algunos hechos históricos y poniendo de relieve el beneficio que de ellos obtienen los indígenas”. Según una circular complementaria de la Inspección de Enseñanza, “ha de procurarse el aprendizaje y canto del Himno Nacional y demás cantos patrióticos”, aprovechando para ello “cuantas ocasiones y motivos se presenten para dar a los niños un conocimiento intuitivo de la génesis y desarrollo del Glorioso Movimiento Nacional (…) de forma que contribuya eficazmente al fomento y desarrollo del sentimiento de afecto y adhesión a una España Una, Grande y Libre, es decir, Católica e Imperial”.
Pero la carencia de medios lastraba el adoctrinamiento. Cuando se promulgó esta ordenanza sólo existían en toda Guinea 43 aulas escolares para los nativos, más una exclusiva para niños blancos, 19 de ellas en Fernando Poo, distrito que, según el censo de 1936, tenía 10.000 habitantes negros, aunque los inmigrantes y sus hijos no tenían derecho a la escolarización. El distrito continental, con una población indígena de 130.000 habitantes, disponía únicamente de 24 aulas, todas construidas con “materiales del país” por los propios nativos, al estar limitada la subvención del Estado al salario del maestro auxiliar, cuya manutención, vivienda y alimentación sufragaban también los aldeanos. Doce de las aulas estaban situadas en núcleos urbanos (ocho en Fernando Poo y cuatro en Río Muni). La población escolar era de 5.375 alumnos, 2.514 en Fernando Poo. Aunque era obligatoria la escolarización, bajo severas multas y castigos a los infractores, las enormes distancias entre los poblados y la escuela explican tan bajísima tasa de escolarización: en Fernando Poo, el 99,5 % de los alumnos vivían a menos de cinco kilómetros de la escuela; en Río Muni, la proporción se reducía al 63 %, más de la mitad de los cuales debían recorrer a pie distancias superiores a los 10 kilómetros. Un total de 56 enseñantes constituían la plantilla, 29 de los cuales residían en la isla, entre ellos los ocho blancos y el único negro titulado; en la parte continental había dos maestros titulados, ambos españoles y residentes en Bata; el resto eran auxiliares indígenas que solo enseñaban a deletrear, las cuatro reglas matemáticas básicas, los fundamentos de la doctrina cristiana y rudimentarias nociones de la Historia de España. Por su parte, 15 escuelas dependían del Vicariato Apostólico, nueve para niños –cinco en Río Muni y cuatro en Fernando Poo– y seis para niñas (tres en cada distrito), con un total de 1.773 alumnos, de los cuales 638 eran varones. Para sufragarlas, los misioneros claretianos recibieron subvenciones del Estado por valor de 138.300 pesetas en 1939; 159.150 pesetas en 1940 y en 190.225 pesetas en 1941. El 9 de agosto quedó derogado el decreto de 24 de julio de 1932, reintegrando al Vicariato Apostólico la presidencia del Patronato de Indígenas. En julio de 1940 se devolvió al clero el disfrute de pasaje gratuito, en el servicio intercolonial y en sus desplazamientos a la Península.
El 29 de septiembre de 1937 era destituido Mendívil y Elío, aunque continuó en funciones hasta principios de diciembre. Le sustituyó el capitán de navío Juan Fontán y Lobé, que había mandado las tropas expedicionarias que tomaron Bata. Si Serrano había ganado Guinea para la causa de Franco, Mendívil asegurado la adhesión de los colonos y organizado el aprovisionamiento en retaguardia, Fontán sentaría las bases de la nueva administración colonial. En efecto, abolida la Junta Técnica del Estado tras la constitución del primer Gobierno Nacional el 30 de enero de 1938, se creó el Servicio Nacional de Marruecos y Colonias, organismo centralizador de la política colonial. Los gastos de este servicio eran sufragados íntegramente por el presupuesto de Guinea. De ahí que la labor principal de Fontán fuese la organización institucional de la Colonia. El 27 de agosto de 1938 se publicó la ordenanza sobre administración colonial, que confirmó el nombre de Territorios Españoles del Golfo de Guinea, entidad única regida por un gobernador general dependiente directamente de la Vicepresidencia del Gobierno. El distrito de la Guinea Continental quedaba al mando de un subgobernador residente en Bata. Al frente de cada Demarcación Territorial –dos en Fernando Poo y once en Río Muni– estaba un administrador, oficial del Ejército responsable de todos los asuntos civiles y militares. El 29 de septiembre fue reorganizado el Patronato de Indígenas, constituido en “entidad de carácter público con personalidad propia y capacidad para adquirir, poseer, y enajenar bienes de toda clase, encargado de coadyuvar a la acción colonizadora del Estado, procurando el fomento, desarrollo y defensa de los intereses morales y materiales de los indígenas que no puedan valerse por sí mismos”. Reorganizada la “justicia indígena” el 10 de noviembre, se crearon los “tribunales de Raza”, instancia inferior, dirigida por el administrador territorial y un número reducido de jefes indígenas sin voz ni voto. El administrador –verdadero reyezuelo en su jurisdicción– dictaba sus resoluciones “de acuerdo con la costumbre comúnmente establecida”, siempre que ésta no fuese contraria al orden público, a los principios de la moral o a la acción civilizadora del Estado”, conceptos que, aplicados discrecionalmente por administradores territoriales y misioneros, desnaturalizaban el enunciado, al invalidar las modalidades de la organización política y social y demás prácticas consuetudinarias, en particular el derecho de familia. En contraposición a esta “justicia indígena”, se promulgó el estatuto de la “justicia europea” el 22 de diciembre, que consagraba los privilegios de los colonos.
La gestión de Fontán se caracteriza, asimismo, por el impulso de la economía colonial. Destacan las negociaciones emprendidas con el Gobierno de Alemania para suministrar madera de Guinea al Reich, iniciadas el 7 de mayo de 1938. España estaba dispuesta a aceptar todas las condiciones de los nazis para permitir la entrada de las 15.000 toneladas de madera detenidas en sus puertos, a condición de que los alemanes sufragasen su almacenaje. Como era madera de flete, principalmente okume, el Gobierno de Franco prefería no establecer un precio global, y solicitar el examen de cada partida, sobre todo por la depreciación de la divisa británica. España se comprometía a entregar a Alemania 30.000 toneladas de okume durante 1938, con un cupo de 120.000 toneladas métricas en los dos años siguientes, con precios y fletes acordados en 35 chelines la tonelada, importe pagado en cuentas especiales del Comité de Moneda Extranjera del Gobierno de Burgos, divisas que financiarían los suministros alemanes al bando de Franco. Para ello, el Sindicato de la Madera, organismo vendedor, cedía expresamente sus derechos sobre las cantidades ingresadas en esas cuentas a favor del Comité de Moneda Extranjera. El organismo comprador alemán era la sociedad Rowak Handelsgesell, de Berlín, agente fiduciario encargado por las empresas importadoras de madera de okume. España propuso una comisión mixta de asuntos económicos y forestales que estudiara las cuestiones técnicas. El 6 de octubre, el conde de Jordana –vicepresidente del Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores– comunicaba a su embajador en Berlín, Antonio Magaz, estas bases para las negociaciones, precisadas desde Guinea por los madereros. El 1 de diciembre se firmó en Berlín el contrato de suministro a Alemania de madera de Guinea, de cuyo texto final se desprende lo siguiente: España suministraría a los nazis 35.000 toneladas métricas de madera en 1938, y 120.000 toneladas en 1939 y 1940, en cuotas de 15.000 toneladas trimestrales. Si por cualquier razón no se pudiera servir el cupo trimestral, el Sindicato de la Madera se comprometía a no embarcar cantidad alguna de okume con destino a otro país hasta cumplir con Alemania, exceptuando el consumo interior español. Cláusula que resultaría ser el talón de Aquiles del convenio, pues, una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, la marina de guerra británica dificultaría dicho suministro. Firmado por Jesús Gangoiti Barrera, presidente del sindicato, y ratificado por el embajador Magaz, este detalladísimo y draconiano contrato indica con nitidez que parte no poco importante de la deuda contraída por la España Nacional ante Alemania fue sufragada con madera de Guinea, al igual que el convenio hispano-alemán sobre suministro de cacao sirvió de garantía para la adquisición de material bélico para el Ejército de Franco. Acuerdos muy favorables para los nazis, ante la débil posición negociadora de una España en guerra, hostigada desde Guinea por empresas alemanas que, como Casa Woermann, Alfred Schmidt y Otto Mayer, hacían lo posible para favorecer los intereses de su país.
Además de los acuerdos económicos, destaca la cobertura política otorgada por Fontán a la política africana de Hitler. Finalizada la guerra española, el Gobierno de Alemania solicitó a Franco visados para Guinea en favor del doctor Ebeling y Joseph Ellendorf, que deseaban realizar “un viaje de estudios a las selvas vírgenes del Oeste de África”, calificado por los alemanes como de “suma importancia para el intercambio comercial hispano-alemán”. Si tenemos en cuenta que a lo largo de 1938 habían ido a Guinea los “investigadores” alemanes Johannes Zschcke Koeln, Walter Wilkening Muenchen, Joseph Werner y August Mueller, así como el catedrático Kleine y su ayudante Fricke, no parece descabellado afirmar que, ante la proximidad de la Segunda Guerra Mundial, tales viajes no respondían tanto a un interés científico o económico, sino político, o más bien de espionaje, relacionados con las intenciones alemanas de recuperar su antigua colonia de Camerún y parte considerable del África ecuatorial, incluida la Guinea continental española.
Veinte días antes de la sublevación, el gobernador general Luis Sánchez Guerra, “apelando a sentimientos humanitarios y patrióticos”, prohibió infligir castigos corporales a los trabajadores negros. El patrono o capataz que causara lesión por castigo físico a un bracero sería sancionado con multas gubernativas de 1.000 a 2.500 pesetas la primera vez, de 2.500 a 10.000 pesetas la segunda y la expulsión de la colonia para los reincidentes, sin perjuicio de las responsabilidades penales. Los patronos, propietarios o agentes de las fincas en que tuviese lugar el castigo corporal serían responsables subsidiarios de estas sanciones. El 21 de febrero de 1938 las autoridades franquistas modificaron dicha ordenanza, aduciendo que carecía de “aquella flexibilidad que exige la multiplicación de matices que la realidad ofrece y de aquella graduación que la diferente gravedad del daño objetivo inferido en cada caso hace necesaria”. Introduciendo un criterio “muy católico” (sic) sobre “la justicia que ha de constituir la meta de los castigos corporales a los seres humanos”, clasificaron el maltrato físico y su sanción según produjeran o no lesiones, y cuando originasen lesiones, si éstas eran leves, menos graves o graves, “distinguiendo además en todos los casos los antecedentes del autor en relación con el hecho”. Así, el europeo que apaleaba a un africano sin lesionarle pagaba una multa de 100 a 200 pesetas la primera vez, de 200 a 300 la segunda y de 300 a 500 la tercera vez. Si la lesión era leve, la sanción se establecía entre 500 y 2.500 pesetas la primera vez, de 1.500 a 4.000 la segunda y de 2.500 a 5.000 la tercera. En caso de lesiones graves, la multa oscilaba entre 1.000 y 20.000 pesetas, máximo establecido para la tercera vez; sólo a la cuarta vez podía ser expulsado. Modificaciones legislativas que tuvieron su corolario práctico, al resultar materialmente imposible –por el miedo y las trabas legales– que un negro acusase a un blanco y probase que había sido objeto de maltrato, si se tiene en cuenta que el médico que debía calificar la lesión era blanco. Además, el decreto de 12 de julio de 1940 prohibía a los administradores territoriales sancionar a los blancos con multas superiores a 500 pesetas; el límite del subgobernador se fijó en 5.000 pesetas, siendo el gobernador general la única instancia con atribuciones de hasta las 20.000 pesetas. Si recordamos que los colonizados carecían de personalidad jurídica, por lo cual estaban sujetos a la tutela del Patronato de Indígenas ante cualquier pleito que les afectase, es fácil comprender la impunidad consagrada. A los colonos, además, les amparaban normas de rango superior, que establecían que las autoridades ejercieran su potestad sancionadora “teniendo en cuenta la capacidad económica del infractor y la malicia y trascendencia social de la infracción”, y revisaran “discrecionalmente” las sanciones impuestas, hubiese o no recurso.
Otras regulaciones de esta época refuerzan la “superioridad” del colono blanco. Por el contrario, diversas modificaciones legales introducidas suponen un claro retroceso en las condiciones de los negros, inmigrantes o nativos, sobre todo en el aspecto laboral. La ordenanza del 28 de agosto de 1938, por ejemplo, reactualizó las “prestaciones personales”, trabajos forzados durante 40 días al año para todos los negros no emancipados, simultaneada con las disposiciones sobre “vagos y maleantes” del 2 y 18 de agosto de 1936 y el trabajo penitenciario colonial, que facultaban a los representantes del Estado a emplear gratuita y obligatoriamente a cualquier negro que no tuviese ocupación conocida, y a utilizar a los presos negros para cualquier trabajo –incluida la empresa privada y el servicio doméstico– pues, como expresa con claridad Yglesias de la Riva, “el régimen de internamiento como sanción en sí misma para el indígena resultaría, de no ir acompañado del trabajo, una prebenda”. Si la propiedad de los indígenas no emancipados hasta entonces estaba limitada a un máximo de 20 hectáreas por cabeza de familia, el gobernador Fontán la redujo a cuatro hectáreas, que debían obtenerse mediante subasta entre aquellos nativos que “demostraran aptitud para el cultivo”, con preferencia, por este orden, para los casados canónicamente, los que tuviesen mayor número de hijos y los poseedores de “mejores informes de conducta y hábitos morales”. El descontento que produjo la aplicación de estas normas alimentaría focos de protesta, todavía aislados, germen de los brotes nacionalistas que cristalizarían a finales de la década siguiente.
Suprimida la vicepresidencia por Ley de 8 de agosto de 1939, sobre reorganización de la Administración Central del Estado, la Dirección General de Marruecos y Colonias –del cual dependía la delegación peninsular del Sindicato de la Madera– quedó adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores; el Comité de Comercio Exterior Forestal de Guinea continuó tutelado por el Ministerio de Industria y Comercio. División de competencias que puede interpretarse por la rivalidad constante, desde la supresión del Ministerio de Ultramar tras la independencia de Cuba y Filipinas, entre la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores por el control de la política colonial, pero también enmarcarse en las aspiraciones imperialistas del Nuevo Estado franquista en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Porque a partir del 1 de septiembre de 1939 se revalorizó la posición estratégica de Guinea, pese a la “no beligerancia” de España. Días antes de la invasión de Polonia, el 21 de agosto, Alemania envió al Atlántico sur algunos buques corsarios, entre ellos el Admiral Graf Spee, con la misión de perturbar el tráfico mercante aliado. Ante ello, el Reino Unido introdujo el sistema de convoyes en su tráfico marítimo; en la semana del 5 al 12 de octubre de 1939, el Graf Spee hundió cuatro mercantes aliados, con un total de 22.300 toneladas, en la ruta entre Angola y Sierra Leona, cuyo centro geográfico es Guinea. Esta concentración de buques de guerra en la zona colonial española tuvo sus consecuencias en el orden económico y político. Las exportaciones de productos guineanos a Alemania se realizaba mayoritariamente en mercantes alemanes y suecos; ante la creciente intervención de la marina británica para obstaculizar tales transportes, las compañías navieras suecas Nordstron & Hehin y Rederer Jonasson empezaron a poner inconvenientes para transportar el cacao y la madera guineanos. Los importadores alemanes se aprovechaban de la situación. Por ejemplo: el vapor Wagogo, que había partido de Río Benito el 23 de agosto de 1939 con destino a Hamburgo con un cargamento de 2.378 toneladas de okume, tuvo que refugiarse en el puerto de Lobito (Angola) debido al hostigamiento inglés; la empresa armadora Woermann Lines pretendía devolver la mercancía al Sindicato de la Madera, previo pago de la totalidad del flete en Hamburgo, además de un abono por arribada forzosa equivalente al 20 % sobre el valor de la mercancía, pagos exigidos en marcos alemanes o en divisas neutrales; pretensiones que contravenían el convenio vigente, que el Sindicato de la Madera y la Dirección General de Marruecos y Colonias solo consideraban “excesivas”. En lugar de exigir el cumplimiento del convenio, el Gobierno español propuso realizar el pago en pesetas y una rebaja del abono por arribada forzosa. Otro ejemplo: el buque español Domine fue retenido en el verano de 1940 en el puerto de Freetown (Sierra Leona) por buques ingleses, que requisaron el cargamento de cacao y la correspondencia oficial y privada; sorprende el tono extremadamente conciliador de las notas de protesta españolas, que expresan la violación de su soberanía, pero, sobre todo, se quejan del perjuicio económico causado a la colonia. La razón esgrimida por los ingleses para apresar buques españoles fue el conocimiento del encargo realizado por el Ministerio de Industria y Comercio al Comité Sindical del Cacao para la cesión de 2.000 toneladas de cacao con destino al Gobierno de Italia que, junto al acuerdo suscrito con Alemania, rompía la supuesta neutralidad española. Pero España negaba tales transacciones, alegando que la mercancía era transportada desde su colonia para su propio consumo interior y no para exportar a ningún país en guerra con Gran Bretaña. Los ingleses tragaron la mentira, pero desde entonces la marina británica obligó a navegar a los barcos españoles con un certificado expedido por su Embajada en Madrid, llamado navicert, tema importante por las cuantiosas pérdidas económicas que supuso para España a lo largo de la guerra, que revela, además, el inestable equilibrio diplomático en que se movía el naciente régimen franquista. Su análisis pormenorizado excede los propósitos de nuestra exposición, pero podremos volver sobre ello en algún otro momento. En todo caso, nos sugiere las implicaciones de Guinea en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo las intensas negociaciones desarrolladas en Berlín y Roma entre 1939 y septiembre de 1942 por Juan Luis Beigbeder y Ramón Serrano Súñer, ministros de Asuntos Exteriores de Franco, y los intentos de España por recuperar y ampliar su espacio en África, “expoliado” –según la terminología española– por Francia en la Conferencia de París. En ese sentido, como ya han apuntado diversos historiadores, la frustración de Franco al no obtener suficientes garantías de expansión territorial en África, tras sus entrevistas con Hitler en Hendaya, el 3 de octubre de 1940, y con Mussolini en Bordighera, el 12 de febrero de 1941, fue causa decisiva para la no beligerancia de España en la Segunda Guerra Mundial. España se encontraba en posición delicada: debilitada por la Guerra Civil, con un Gobierno no consolidado pese a la dura represión, en medio de las ambiciones imperialistas cruzadas de sus presuntos aliados. Al respecto, conviene añadir las presiones del Gobierno colaboracionista de Vichy, ansioso de recuperar el África Ecuatorial francesa y demás colonias africanas controladas por la Francia Libre tras la proclama de resistencia del general De Gaulle tras firmarse el armisticio con Alemania. Desde diciembre de 1940, el mariscal Phillipe Pétain presionaba a Madrid para obtener un consulado en Bata, petición informada favorablemente por el exgobernador Fontán, nuevo director general de Marruecos y Colonias, quien ponderó sus ventajas políticas y económicas ante el subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco. Pero Serrano Súñer la desautorizó, porque “sería un centro de intrigas que causarían conflictos y dificultarían las relaciones sui generis que la colonia se ve obligada a mantener con los vecinos”. En todo caso, los episodios reseñados resultan significativos a nuestro entender: revelan cuestiones hasta ahora ocultadas, como la existencia de intensas relaciones económicas entre España y las potencias del Eje, y el papel de la economía guineana en la devolución de los emprésitos de la Guerra Civil a Hitler y Mussolini.
Por ultimo, resaltar una obviedad apenas percibida por los estudiosos de las cuestiones guineanas: imposible comprender nuestra deriva poscolonial sin tener en cuenta estas medidas introducidas por el régimen de Franco en Guinea de 1936 hasta que comprendió la irrealidad de la quimera neoimperial, introductoras del fascismo en aquellos territorios. Conceptos, normas y usos incrustados tan profundamente en la mente de los colonizados que marcan todavía los modos de comportamiento político de la mayor parte de nuestra clase política. Se ven en el boato, perviven en los conceptos, en la terminología, en las leyes, en la percepción del ciudadano desde las alturas del poder. No parece entonces exagerada mi afirmación recurrente: Franco no ha muerto en Guinea Ecuatorial. Por lo cual no bastó una independencia formal para alcanzar la libertad. Y la conclusión también es obvia: la construcción de nuestra sociedad exige empezar, ineludiblemente, por liberar nuestros espíritus del poso histórico de un totalitarismo superpuesto a un primitivismo nunca erradicado por una colonización frustrada, sobre todo, por los complejos y la indefinición de los propios colonizadores.
Donato Ndongo Bidyogo, escritor, periodista, historiador, trata este tema en "
Reivindicaciones de España. La proyección del fascismo en el Golfo de Guinea (1936-1945)" dentro del
III Seminario Internacional Sobre Guinea Ecuatorial:
