CB

Mostrando entradas con la etiqueta Donato Ndongo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Donato Ndongo. Mostrar todas las entradas

martes, 15 de octubre de 2024

Lectura contra la amnesia de la colonización

En Novelas contra la amnesia de la colonización, Lucía Hellín Nistal recomienda 3 (ó cuatro) lecturas imprescindibles contra la desmemoria colonial. Te compartimos el fragmento más vinculado a Guinea Ecuatorial, pero no dejes de leer el artículo completo con las «historias que recorren tres novelas y un ensayo que, desde distintos ángulos, inciden en las raíces colonialistas imperialistas españolas, tan borradas desde un presente con amnesia selectiva que sirve para justificar el expolio y la violencia del imperialismo actual. Cuatro textos y cuatro autores que merece la pena recorrer, especialmente en estos días que rodean la celebración patria del 12 de octubre que con himnos y banderas tapa ese origen sangriento y exige silencio mientras la Unión Europea -y el gobierno del Estado español- se arma hasta los dientes, protege e incentiva a sus empresas extractivistas por el mundo, militariza las fronteras y mantiene los pactos con el estado genocida de Israel»:

Los poderes de la tempestad

Donato Ndongo es uno de los escritores ecuatoguineanos más conocidos internacionalmente, impulsor del africanismo en España, periodista, historiador, antiguo director del Colegio Mayor África de Madrid o el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia. Desde cada uno de estos ámbitos el centro de su trabajo ha estado en la denuncia del colonialismo español sobre Guinea Ecuatorial, y la relación de ese pasado con el difícil presente del país tras su independencia, precisamente un 12 de octubre, en 1968. Es este impulso el que dio vida a la novela Los poderes de la tempestad (Sequitur, 2022), publicada originalmente en 1997, reeditada en 2014 y de nuevo hace un par de años, con intacta vitalidad.

Se trata del segundo libro de una trilogía hasta que comenzó en 1987 con la conocidísima novela Las tinieblas de tu memoria negra (Sequitur, 2022). En Los poderes de la tempestad se relata el regreso a Guinea Ecuatorial de un joven tras pasar varios años formándose como abogado en España. El viaje, que realiza junto a su mujer española y su hija, se convierte pronto en una pesadilla expuesta a través de descripciones que no eluden la podredumbre más absoluta: “entre patas de mono sanguinolentas, bananas podridas y antílopes rebozados en un enjambre de moscas”; a la vez fotografía y metáfora de la decadencia y el dolor de los fusilamientos, la tortura y la cárcel que van apareciendo a lo largo de las páginas de la novela.

El propósito del protagonista era contribuir a la mejora de la situación del país, tomado por la dictadura de Macías tras un dudoso proceso de independencia de la España franquista. Pero el abogado se enfrenta nada más llegar a una distancia con una tierra de la que comenzó a ser alejado aún antes de abandonarla mediante una educación colonial católica, acrecentada durante sus años en Madrid, que ahora explota ante un país destrozado y extraño:

“Dios mío, ayúdame a sobrevivir en este mundo que es el mío pero que ya se me escapa como si no fuera el mío, tengo tanta confusión en mi alma como si me despertara de repente en una tierra ajena, mi mentalidad ha cambiado tanto que ya no me reconozco como negro, como bantú, como africano, como guineano nacido en la misma tribu, en el mismo clan, en el mismo poblado, entre la misma gente que el primo Mbo”.

La primera persona de la narración expresa esta distancia y también la sorpresa ante el cierre informativo: “¿No llegan a España noticias de Guinea? ¿No sabéis allí que esto se ha convertido en un infierno?”. Se mezcla, sin embargo, con el relato en segunda persona que parece dirigirse directamente al protagonista, o tal vez al lector, haciendo su sufrimiento nuestro y nuestra su obsesión por dar a conocer la historia de su tierra.

Y siguen sin llegar noticias, por eso tal vez no habrás leído que ahora mismo el presidente Obiang, en el cargo desde 1979, está dirigiendo una gran represión contra la provincia de Annobón, una pequeña isla donde se levantan contra la destrucción de sus tierras por parte de empresas y multinacionales con las que el dictador mantiene acuerdos.

martes, 7 de mayo de 2024

La "denuncia Nombela" o "Caso Tayá"

La "denuncia Nombela" o "Caso Tayá" es una historia vieja... la gobierno de derechas de la II República tuvo su propia caja B, su propio comisario Villarejo, su respectivo conseguidor como el pequeño Nicolás  y un desconocido A. Lerroux que acabó generando la caída del gobierno de derechas en la II República... caída inesperada para los partidos que integraban la coalición, y cuya frustración por la consecuente victoria del Frente Popular desencadenó la ruptura del 18 de julio de 1936.

No es que lo digamos nosotros, incluso entre la documentación elaborada por José Antonio Primo de Rivera en la prisión de Alicante, se incluye la referencia al "Asunto de Guinea..." como parte de su "síntesis moral" de los motivos que condujeron a la "rebelión" en julio de 1936.


Vapor Príncipe de Asturias (Tayá).





Y, además, te lo cuenta el profesor Donato Ndongo en: Guinea Ecuatorial durante la II República. El ‘escándalo Nombela’. Implicaciones de un caso de corrupción colonial:

La cuestión colonial jugó un papel determinante en aquel proceso de desintegración política que desembocaría en la guerra de 1936. Preguntas importantes siguen siendo si los diversos partidos republicanos, el socialista, el comunista, los radicales, los anarquistas y todas sus derivaciones concibieron y propusieron una política colonial propia y si intentaron llevar a la práctica nuevos modelos de relación con los colonizados según sus propuestas ideológicas.

Mucho avanzaron los estudios sobre la historia de Guinea Ecuatorial desde la aparición de mi Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial [1]. Pese a tan estimulante perspectiva, que nos permite tener un mayor conocimiento del conjunto de las realidades coloniales, ocultas durante siglos, los historiadores apenas se han adentrado en un período cuya brevedad no menoscaba su importancia: la II República. Salvando algún acontecimiento tratado de modo aislado –el asesinato del gobernador Gustavo de Sostoa en Annobón, o la sublevación militar en Fernando Poo y la Guinea Continental–, permanece aún oscura la política colonial formulada y ejecutada en España durante el régimen surgido en 1931. Especial significación adquiere esta omisión al constatar la profusión de estudios y análisis consagrados a la II República por especialistas españoles y extranjeros. Desde nuestro punto de vista, que no llegase a cuajar, debido a la interrupción de la Guerra Civil, no resta  interés a un conocimiento que, cuando menos, permitiría contrastarlo con las políticas coloniales conservadoras de la Restauración y el franquismo, poniendo de manifiesto las ideas y programas de los grupos liberales y las izquierdas, fuerzas políticas excluidas en ambos períodos, pero que asumirían mayor protagonismo en la política española entre 1931 y 1936. A este respecto, preguntas importantes siguen siendo si los diversos partidos republicanos, el socialista, el comunista, los radicales, los anarquistas y todas sus derivaciones concibieron y propusieron una política colonial propia; si intentaron llevar a la práctica nuevos modelos de relación con los colonizados según sus propuestas ideológicas; si se limitaron a gestionar una situación que, de alguna manera, les venía impuesta por los hechos; si hubo ideólogos o teóricos, cómo lo hicieron y con qué resultados. En definitiva, urge llenar el vacío existente sobre la postura de los movimientos políticos y sociales progresistas de la metrópoli ante la colonización y la descolonización de las posesiones españolas en África. Enuncia la cuestión el muy importante estudio La idea colonial en España, de Roberto Mesa, pero puede considerase insuficiente; apreciación que requiere una justificación, resultante del análisis de la obra, pero nos alejaríamos de modo excesivo de los objetivos de nuestra exposición[2].

Guiado por mi irrefrenable curiosidad, génesis de toda mi obra, intenté hallar respuestas a tales cuestiones. Fruto –provisional– de mi indagación es un volumen inédito, La II República y la cuestión colonial, gestado en 1977, continuado hasta 1980, retomado hace varios meses, y en cuya versión definitiva trabajo en la actualidad. Hoy les presento un fragmento, escogido de manera deliberada, a mi parecer suficientemente ilustrativo: el conocido como escándalo Nombela. De gran impacto político y mediático en su tiempo, continúa vigente, como ejemplo prístino de las divergentes –mejor diría contrapuestas– concepciones de los métodos y objetivos de la presencia española en la actual Guinea Ecuatorial; o, si se prefiere, de lo que algunos denominan “los intereses de España” en la ex colonia. Dos modelos de entender la acción colonial claramente enfrentados, muestra de una realidad demasiadas veces olvidada, u ocultada, y por ello apenas perceptible para la sociedad española y la sociedad guineana. Y por más empeño que se ponga en manipular tales realidades, emerge siempre la verdad sobre las intenciones ocultas; así, determinadas  actuaciones que se producen en Guinea, o con relación a ella, terminan influyendo en la historia de la metrópoli, y, por tanto, en la vida política y personal de los propios españoles. De ahí su importancia. En el futuro, con sosiego, podrá contraponerse a otros episodios, como el caso Trevijano, también insuficientemente calibrado para la cabal comprensión del rumbo adquirido por la política española tras la muerte del general Francisco Franco.  

*     *     *

Aclaraciones previas: Mantuve, durante el transcurso de esta investigación, numerosas, interesantísimas y extensas entrevistas con el protagonista principal de este episodio,  Antonio Nombela, en su residencia del Paseo de La Habana, Madrid; la primera, el 30 de enero de 1979; la última, el 15 de enero de 1980. También deseo dejar constancia de que un extracto de este capítulo fue publicado en la revista Historia 16, en 1981[3].

*     *     *

En la sesión de las Cortes del 26 de julio de 1935, al contestar a la interpelación del diputado independiente Dionisio Cano López sobre las razones de la destitución del inspector general de Colonias, Antonio Nombela[4], y del secretario general de Colonias,  José Antonio de Castro,  José María Gil-Robles –líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y ministro de la Guerra desde el acceso al poder de la coalición conservadora, integrada por la CEDA, el Partido Radical de Alejandro Lerroux y otras formaciones menores, tras las elecciones de noviembre de 1933–, había afirmado que se abriría un expediente y, si de él no se derivaban responsabilidades para los funcionarios  cesados, éstos serían repuestos en sus cargos y rehabilitados. Con esa esperanza, el ex capitán Nombela realizó en los meses siguientes numerosas gestiones ante miembros del Gobierno y del Parlamento; al resultar infructuosas, y con el fin de “restablecer su honor”, presentó el 28 de noviembre un largo memorándum al presidente de las Cortes, Santiago Alba, en el cual explicaba los motivos de su cese y pedía ser reintegrado en sus funciones.

El Partido Radical –segunda fuerza política en aquellas Cortes, tras la CEDA– recabó para sí el derecho de plantear la cuestión en el salón de sesiones, dándole estado parlamentario, y solicitó, por boca de su diputado Fernando Rey Mora, se arbitrasen los medios para que se esclarecieran las responsabilidades. Los republicanos conservadores, por medio de Miguel Maura, evacuaron consultas con Unión Republicana, el grupo de Martínez Barrio; con Izquierda Republicana, de Augusto Barcia, y el Partido Republicano Progresista, de Cirilo del Río, con quienes acordaron “hacer los esfuerzos imaginables” para que el tema quedase aclarado. Dada la gravedad de los hechos denunciados, Maura amenazó con recurrir a la interpelación en caso de que los radicales intentaran entorpecer la investigación. Por su parte, el presidente del Gobierno, el radical Joaquín Chapaprieta, intentó impedir la discusión de la denuncia en comisión parlamentaria, argumentando que debía ir a informe de la Comisión de Peticiones “por tratarse de una cuestión no planteada por miembros de la Cámara”. Introducida por el propio presidente de las Cortes, se dio lectura al extensísimo informe redactado por Antonio Nombela, al que se acompañaba gran número de documentos.

Nombela exponía que fue nombrado inspector general de Colonias por el entonces jefe del Gobierno, Ricardo Samper, el 29 de agosto de 1934. No conociéndose previamente, su nombramiento respondía al deseo de que elaborase un programa concreto de política colonial, desde un planteamiento eminentemente técnico. Le asignaron como colaboradores al secretario general de Colonias, José Antonio de Castro Martín, y al gobernador general de Guinea, Ángel Manzaneque. Apenas iniciada la labor encomendada, se produjo una crisis ministerial, y Samper fue sustituido por Alejandro Lerroux, y al subsecretario de la Presidencia, Boixareu, reemplazó Guillermo Moreno Calvo. Afirma Nombela que, al poco tiempo tuvo “la triste convicción de que a la incompetencia y al absoluto desinterés por la obra colonizadora se unía en el nuevo subsecretario un afán de dificultar toda labor que no respondiese exclusivamente a determinados propósitos que como único fin parece que allí le llevaban”.

Presagios confirmados a los pocos días de la toma de posesión del nuevo equipo ministerial, cuando Nombela fue llamado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para advertirle “sobre la clase de personajes que habían entrado en la Presidencia y sus anejos y sobre sus seguras intenciones”. El presidente añadió que tenía referencias de la probidad del inspector general, por lo que estaba seguro de que “sería el valladar que firmemente se opusiese a cuantos desmanes se pretendiesen realizar” en relación con las colonias. Le rogó, asimismo, que nunca dimitiese y resistiera a cuantas presiones recibiera de sus nuevos superiores, asegurándole que siempre encontraría respaldo moral en la Presidencia[5].

En consecuencia, trató de oponerse por todos los medios a que prosperasen estos designios, lo cual le hacía cada día más difícil el desempeño de su cometido. Entre los manejos del nuevo equipo destacaba una petición de indemnización suscrita por la Compañía África Occidental, S. A., propiedad del naviero catalán Antonio Tayá, por un valor de 524.832 pesetas. El subsecretario Moreno Calvo presionó a Nombela mediante reiterados  requerimientos para que fuese abonada esta cantidad, a los que el inspector general se resistió, por entender que no era justa la indemnización. El subsecretario replicó que era necesario salvar las dificultades, por grandes que fuesen, “por cuanto el señor Tayá, cuando disfrutaba de crecida fortuna, con su dinero en Barcelona había sacado de difíciles apuros a don Alejandro Lerroux, y éste, reconocido, le había prometido corresponder cuando cambiaran las circunstancias”. Nombela, que aseguraba no conocer personalmente ni a Tayá ni a su abogado, Gómez Piñán, tuvo que recibirlos por orden del subsecretario, con la pretensión de que rectificase la opinión que tenía sobre el asunto que planteaban. En dicha entrevista, los interesados “se condolieron” de la lenta marcha de su expediente, culpando de ello al anterior director general de Marruecos y Colonias, Fernando Duque Sampayo, contra el cual hicieron “graves inculpaciones”. El subsecretario Moreno Calvo le dijo a Nombela que deseaba conocer el expediente, se lo llevó e hizo desaparecer un sobre con la firma de Tayá con el “enterado” de la notificación de que se le denegaba el pago de las 524.832 pesetas. Luego requirió a dos abogados del Estado para que estudiasen si existía algún defecto en la tramitación del expediente que impidiera materializar el pago. El informe de la asesoría acusó la falta de notificación, y no aceptó la sugerencia verbal del subsecretario, quien insistía en la urgencia del pago. Al ser devuelto el expediente a la Inspección de Colonias, causó sorpresa la falta del documento, y se observó que se había corregido la numeración con el fin de que existiera correlatividad en los documentos. Nombela se lo comunicó a Moreno Calvo, “y éste simuló que sentía desconfianza de su secretario particular e íntimo amigo D. Juan Alonso Jiménez. Prometió averiguarlo todo y castigar al causante”.

Posteriormente, Gómez Piñán pidió se instruyera un nuevo expediente, acogiéndose a lo que llamó “recurso de reposición”. Pasó el nuevo expediente a la Junta Asesora Jurídica de Colonias, encareciéndose a su presidente, magistrado del Tribunal Supremo Torres Roldán, “el interés de Lerroux en que se resolviera la cuestión”; pero la Junta rechazó el recurso. Se coaccionó de nuevo a Nombela, y Moreno Calvo –“no omitiendo epítetos” contra el magistrado–, amenazó con el despido a todos los componentes de la Junta. Volvió a salir el expediente de la Inspección de Colonias para pasar a manos del subsecretario. El abogado del Estado Manuel Gómez Acebo le informó a Moreno Calvo que habría que esperar el resultado de un recurso pendiente en el Tribunal Supremo antes de procederse a pago alguno. En efecto, el 22 de abril de 1935, el Tribunal Supremo dictó sentencia anulando la rescisión, acordada por la Administración, del contrato con la Compañía naviera, sin ordenar pago alguno, ya que, en caso de que procediera, sería objeto de expediente de liquidación por vía administrativa. Apoyado en esta sentencia, el subsecretario pretendió se procediera al pago inmediato, “ilegal y sin las debidas formalidades, no solo de la primera cantidad reclamada, sino de nuevas peticiones que la Compañía formuló en sucesivas instancias, y que el día 26 de abril de 1935 montaban 2.592.000 pesetas”.

Relata Nombela minuciosamente diversos incidentes con su superior jerárquico en su escrito a las Cortes. Así, recordaba que, estando él presente, Moreno Calvo le dijo a Gómez Piñán que, enterado de cuanto solicitaba la naviera y existiendo dinero en el Tesoro Colonial, le parecía “una solemne primada ser tan parco en pedir. Creía que debía sustituir el escrito por otro demandando siete u ocho millones que debía integrar el mencionado Tesoro”[6]. En efecto, el abogado de la empresa naviera exigió al Estado una compensación de 7.450.117 pesetas. Un sábado, hallándose Moreno Calvo en  Sevilla, Nombela expuso “discretamente” a Lerroux las irregularidades que venía observando. El presidente del Gobierno le aseguró que no sabía nada, y que incluso le extrañaba que el Tribunal Supremo hubiese fallado en contra de la Administración. Minutos después de esta reunión con Lerroux, Moreno Calvo llamaba a Nombela muy airado desde Sevilla para preguntarle qué razones había tenido para despachar con el jefe del Gobierno. Como tenía prevista para fechas inmediatas una audiencia con el presidente de la República –que al parecer no llegó a celebrarse–, y temeroso el subsecretario de que le transmitiera el tema, Moreno Calvo le comunicó a Nombela que había encontrado el informe en el cual el  Consejo de Estado ordenaba el nombramiento de un juez que estudiase y resolviese las pretensiones de la naviera, informe ignorado hasta entonces por el subsecretario de la Presidencia del Gobierno. Agregó éste que se hallaba muy satisfecho de los servicios del inspector general, por lo que le había concedido el título de comendador de la orden civil de África. Mientras tanto, Moreno Calvo se dedicó a buscar un juez que se prestara a sus designios, y nombró tal al abogado del Estado Martínez Almeida, que dimitió a los pocos días. Designó entonces al también abogado del Estado, Marín, y, como secretario suyo, impuso a Fernando Duque Sampayo, que había sido con anterioridad director de Marruecos y Colonias. Tayá, por su parte, había presentado dos nuevos escritos en los que decía conformarse con una cantidad inferior, 3.033.318 pesetas. Marín y Duque Sampayo, en el mayor secreto, resolvieron que debía abonarse a la Compañía África Occidental esta última cantidad, acordando que, para abreviar los trámites, el dinero se pagase con cargo al Tesoro Colonial; y para evitar posibles responsabilidades, el expediente pasara a dictamen del Consejo de Estado.

Pero no le convenía a Moreno Calvo aceptar la resolución del Consejo de Estado, según la cual todo lo que podría percibir la Compañía serían unas 200.000 pesetas. El subsecretario decidió jugar la última carta, y “amañó” un escrito en el cual decía que, de aceptarse la propuesta del Consejo de Estado, ésta costaría al Tesoro Colonial los siete u ocho millones que pedía la naviera. Por ello proponía, “velando por los intereses de la Nación”, se aceptara íntegramente el dictamen del juez instructor, Marín, es decir, que se pagasen los más de tres millones de pesetas, con cargo al Tesoro Colonial, con el fin de liquidar a la Compañía con un simple cheque, sin intervención de otros organismos del Estado. En esos términos se llevó el tema al Consejo de Ministros, que nombró ponentes a José María Gil-Robles, Antonio Royo Vilanova (ministro de Marina, del Partido Agrario) y Joaquín Chapaprieta, titular de Hacienda. Estos ponentes, que ni se preocuparon de conocer el expediente –los dos últimos declararon haber delegado en Gil-Robles el estudio–, “aceptaron con la mejor buena fe la propuesta, lo comunicaron a sus compañeros y por unanimidad se tomó el acuerdo” de pago.

El 12 de julio, Moreno Calvo, radiante de alegría, mostró a Nombela el acuerdo del Gobierno, ordenándole librase al día siguiente un cheque por 3.033.318 pesetas. Pero Nombela adujo que echaba de menos la firma del secretario del Consejo de Ministros, Luis Lucia, observación que suscitó la indignación del subsecretario. Poco después, el inspector de Colonias era llamado por éste para, en presencia del abogado de la naviera, entregarle una nueva orden de pago firmada por el propio presidente del Gobierno, Lerroux. Pese a que la nueva orden, por escrito, “salvaba su responsabilidad moral”, Nombela,  “convencido de que el Consejo de Ministros había sido sorprendido de buena fe”, y acompañado por el gobernador general de Guinea, Ángel Manzaneque, acudió al Palacio de las Cortes para intentar advertírselo a Gil-Robles, con el cual no pudo hablar personalmente. Un diputado de la CEDA que sirvió de intermediario transmitió textualmente al inspector de Colonias: “Dice el señor Gil-Robles que se encuentra atarugado porque, efectivamente, se ha sorprendido su buena fe y la de otros ponentes. Que si así lo hacen saber al presidente, sería provocar una crisis, que de ninguna manera interesa al país y que, como mal menor, es preferible transigir con el hecho, aun lamentándolo profundamente”. Nombela continuaba exponiendo que no hizo igual advertencia al presidente Lerroux porque en otras ocasiones se había desentendido de sus observaciones.            

Ante la desalentadora impresión que le produjo la actitud de Gil-Robles, el inspector de Colonias se dirigió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para entrevistarse con su titular, a su vez secretario del Consejo de Ministros, Luis Lucia –líder de la Derecha Regional Valenciana, integrada en la CEDA–, definido por Nombela como “persona en la que igualmente apreciaba análogas dotes de honradez y rectitud”. Pero el ministro, por medio de su secretario, le contestó que estaba al corriente del asunto, “pero ante lo lamentable que es no poder hacer nada, no quiere molestarse”. Nombela le comunicó entonces su “decisión irrevocable, que no podría impedirse por tener ya depositados en París y en Lisboa los documentos testificales”, de poner al corriente de los hechos a la opinión pública, para que ésta “se enterase de cómo procedía la Administración, desbordada por la desvergüenza de los unos y la lenidad de los otros”. Esa misma noche,  llamó por teléfono al presidente de la República, pero, “por lo avanzado de la hora”, solo pudo hablar con el secretario de su Casa, Sánchez Guerra[7], a quien refirió la situación. La decidida actitud de Antonio Nombela, quien “estaba dispuesto a todo antes que permitir el  “expolio”,  según  sus palabras, y que fue comentada esa  misma noche entre Gil-Robles y Luis Lucia[8], obligó a ambos ministros a cambiar de parecer. Lucia acudió a la mañana siguiente a la Presidencia del Gobierno, y al manifestarle el subsecretario Moreno Calvo que en el expediente Tayá faltaba el requisito de su firma como secretario del Consejo de Ministros, le contestó que no solo no lo firmaría, sino que se lo llevaba a Gil-Robles, quien había estimado no estar lo suficientemente estudiado el asunto, y deseaba que fuera de nuevo discutido en otra reunión. “Un estudio detenido de todos los antecedentes me convenció –escribe Gil-Robles en No fue posible la paz– de la enorme irregularidad que se pretendía cometer… Como anomalía reveladora de propósitos inequívocos, además de la falta en el expediente de documentos sustanciales, figuraba un acuerdo de resolución en el que se habían eludido las formalidades usuales y habituales”.

Informado Moreno Calvo de las gestiones de Nombela, el subsecretario le preguntó, airado,  que “quién era él para oponerse y entorpecer un acuerdo del Consejo de Ministros”, a lo que respondió el inspector de Colonias: “No precisamente el titular de este cargo, por cuanto comprendo que no puedo vivir más tiempo con gente de tal moral; pero sí un español que, a sabiendas de que existen unas colonias deseosas de buena administración,  defiende con el mayor tesón que se entre a saco en el peculio de las mismas”. “En ese caso hace usted bien en dimitir –replicó el subsecretario– porque, si no, sería destituido por mí”. A ello repuso Nombela: “Siendo así, prefiero salir destituido, que para mí, en este caso, será una grandísima honra”[9]. Al día siguiente, 17 de julio de 1935, el Consejo de Ministros, celebrado bajo la presidencia de Alcalá Zamora, revocó el acuerdo de pago aprobado una semana antes. Los ministros fueron felicitados por ello por el jefe del Estado, pero, en la referencia de la reunión aparecieron juntos el nuevo acuerdo, la felicitación del Presidente de la República y las órdenes de cese de Nombela y Castro Martín.

Todo ello demostraba dos cosas: el cese de los más altos responsables de la gestión de las Colonias primaba los intereses políticos del momento sobre los intereses del Estado español; en segundo lugar, que ni Gil-Robles ni ningún otro ministro habían estudiado el expediente encomendado por el Gobierno, al contrario de lo que afirmaría en las Cortes el ministro de la Guerra. En su discurso ante el Parlamento el 26 de Julio, Gil-Robles mintió también a los diputados al negar la existencia de un primer acuerdo de pago del Consejo de Ministros, a pesar de constar lo contrario en la referencia oficial. De la honradez personal del líder de la CEDA no duda nadie, pero, como escribía el diario ABC el 29 de noviembre a propósito del affaire, era una “nota lamentable” que la negligencia y la desatención de un Gobierno facilitaran la tentativa de expolio, salvado in extremis simplemente porque las amenazas de divulgación del ex capitán Nombela impusieron el estudio y la rectificación del primer acuerdo de pago. El cese de Nombela y Castro Martín indicaba, además, que había existido una componenda entre los ministros partidarios de la revocación del ilegal acuerdo y los seguidores de Lerroux, componenda que, planeada en presencia del jefe del Estado, Alcalá Zamora, vinculaba de lleno en la injusta decisión a todas las altas instituciones. Situación aún más reprobable si se tiene en cuenta el apoyo prometido al inspector de Colonias un año antes, precisamente para que se resistiera al entramado de corrupción previsible en el equipo de Lerroux, ya salpicado por otros escándalos. En su escrito al Parlamento, Nombela señalaba “la paradoja de que de las personalidades de la actual situación a quienes he acudido directa o indirectamente para resolver con la natural rapidez este asunto, solo he recibido muestras de adhesión y reconocimiento de la justicia de una reparación oficial; a pesar de ello, nada se ha hecho en definitiva para llegar a ella. Solo disfruta de la protección oficial el que en estos asuntos aparece como acusado”.

La interpelación del diputado Cano López en la sesión parlamentaria del 26 de julio, interesándose acerca de los motivos de la destitución de los dos altos funcionarios de la Administración Colonial, motivó que el presidente del Gobierno, Lerroux, que temía, fundadamente, alusiones personales, se ausentase del hemiciclo pretextando enfermedad. “Como el ministro de Estado se levantase –recuerda Gil-Robles en No fue posible la paz– para contestar y defender al presidente del Consejo y el terreno fuese muy resbaladizo, dada la inexperiencia parlamentaria del mismo, intervine para explicar la tramitación del asunto y ofrecer a la Cámara todos los elementos necesarios para investigar a fondo sobre el mismo”[10]. Ante sus intentos de eludir el tema mediante argucias dialécticas, el diputado independiente insistió en su pregunta fundamental: por qué se había destituido a los funcionarios cuando la felicitación del presidente de la República parecía indicar una aprobación de su conducta. El ministro de la Guerra, hombre fuerte en aquella coalición radical-cedista, respondió: “la responsabilidad del Inspector de Colonias, si existiese, solo podría derivarse de un exceso de celo, de una extralimitación de las funciones que le fueron encomendadas”. Gil-Robles había propuesto, y así lo acordó el Gobierno, la instrucción de un expediente para averiguar las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir quienes amañaron el expediente de la Compañía África Occidental. La incoación del expediente fue encomendada a un funcionario de la Presidencia del Gobierno; maniobra, para Nombela,  destinada a que jamás se depurasen de verdad las responsabilidades, pues quienes debían ordenar su instrucción eran precisamente los autores directos de las irregularidades, y, según sus palabras, “no era admisible creer que ellos mismos fueran a encartarse en tan inculpatoria documentación”. De modo que a Gil-Robles le constaba la inexistencia de tal expediente cuando aseguró en sede parlamentaria que se  exigirían responsabilidades, sin cuya sustanciación, dijo, no se podría seguir hablando del tema de las destituciones de Nombela y Castro; y prometió que las Cortes conocerían “en breve” las conclusiones, para que los diputados realizaran su misión fiscalizadora de la actuación del Gobierno. Sin embargo, desde la destitución de Nombela y Castro el 17 de julio, hasta que el primero presentó su denuncia al presidente de las Cortes el 28 de noviembre, no entró en el Parlamento expediente alguno relacionado con esta cuestión. En su libro, Gil-Robles admite que, tras la interpelación del diputado Cano López, creyó “liquidada definitivamente” la cuestión, y, “absorbido” por los problemas de su ministerio, no volvió a pensar en el expediente de Guinea. Según Nombela, días después de la interpelación, Gil-Robles, “con premeditada felonía”, ordenó a un abogado del Estado que fueran revisados minuciosamente cuantos informes, expedientes y órdenes hubiese autorizado el ex capitán Nombela  durante su desempeño como inspector general de Colonias, para, con el más fútil pretexto, abrirle un expediente que justificase la existencia del que había prometido a las Cortes, “aunque fuera apócrifa”.

El abogado del Estado, Martínez Almeida, informó a Nombela de su misión, a la que renunció. Fue sustituido por un funcionario de Hacienda, llamado Cordón, el cual, al no encontrar nada censurable, se disculpó y felicitó al investigado, asegurándole “estar avergonzado” por haber aceptado aquella orden de “persecución a ultranza”. El Gobierno de Lerroux cayó el 20 de septiembre. Nombela intentó, en repetidas visitas al nuevo presidente, Joaquín Chapaprieta, que Gil-Robles rectificase en las Cortes sus apreciaciones “y colocar mi nombre en el lugar que correspondía”. “El (nuevo) presidente no intentaba quitarme la razón en lo por mí pretendido –escribe Nombela en Arriba–, pues, conocedor a fondo del asunto, reconocía el derecho que me asistía. Me prometía siempre que estaba haciendo lo posible para satisfacer mis justos deseos, pero no me ocultaba ‘que era papeleta difícil humillar la reconocida altanería del señor Gil-Robles’”. Me confesó Nombela que recibió amenazas de muerte, y, agotada su paciencia, “con el asesoramiento y buen consejo de José Antonio Primo de Rivera, quien espontáneamente se ofreció como mi defensor en este asunto”, redactó su informe, registrado en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo el 28 de noviembre de 1935[11]. Denuncia destinada, sobre todo, a informar a la opinión pública sobre la verdad de los hechos, esclarecimiento del que esperaba lo siguiente: “resplandeciese la rectitud de mi gestión y la culpabilidad de cuantos personajes se habían visto implicados en los intentos de atracar el Tesoro; unos aspirando a ser beneficiarios y otros colaborando más o menos directamente en el vergonzoso hecho”[12]. 

Tras un breve debate el 29  de noviembre, durante el cual Gil-Robles tuvo que admitir que hubo acuerdo de pago en Consejo de Ministros[13], el Parlamento nombró una comisión investigadora, ante la que declararon Nombela y otros testigos en sesiones agotadoras. Compuesta por 21 diputados, bajo la presidencia del republicano conservador Gregorio Arranz Olalla, la integraban cinco cedistas (De la Iglesia, Sánchez Miranda, Cuartero Pascual, Hermida Villelga y Barros de Lys), tres radicales (Pareja Yévenes, Martínez  Moya y Arrazola Madera), dos agrarios (Díaz Ambrona e Igual Padilla), el liberal demócrata Muñoz de Diego, el progresista Fernández Castillejos; Marial Mundet, de Esquerra Republicana de Catauña; el nacionalista vasco Careaga Andueza;  Recaséns  Siches, de Unión Republicana; Marco Miranda, de Izquierda Republicana; Romualdo de Toledo, tradicionalista; Reig Fernández, de la Lliga de Cataluña; el independiente Eduardo O’Shea y el monárquico Fuentes Pila, que actuaba como secretario. Aún no he conseguido saber la razón de la ausencia de socialistas y comunistas. Antes de que la comisión pudiese adoptar resoluciones, dimitió su presidente porque, según declaró su correligionario y jefe de filas Miguel Maura: “nosotros no podemos avenirnos a una componenda de la naturaleza que pretenden hacer algunos elementos de la comisión, puesto que en el dictamen redactado se elude toda responsabilidad de tipo político para el Gobierno que regía los destinos del país en julio de este año y recae toda la responsabilidad”. Una dura réplica de los diputados radicales dividió a la Comisión. Incapaz de dar explicaciones convincentes, Lerroux,     exculpado con el apoyo de Gil-Robles, fue forzado a dimitir de todos sus cargos por propio grupo político; el 7 de diciembre anunciaba su retirada de la vida pública. A las cinco de la tarde de ese mismo día, se iniciaba una turbulenta sesión parlamentaria, que duró hasta las siete de la mañana del día siguiente, a la que se negó a asistir Lerroux, con la excusa de que “por las noches no salía de su casa”.   

Quizá la intervención más sustanciosa sea la de José Antonio Primo de Rivera. Muy extensa y profusa, aporta, sin embargo, datos valiosos que permiten profundizar y completar la comprensión del tema. Según este relato de los acontecimientos, la naviera Compañía África Occidental, S. A., tenía en Guinea dos buques, el Teresa Tayá y el Príncipe de Asturias, que servían la ruta entre Fernando Poo, Río Muni y Annobón. Amarrados sin motivo ni explicación y surtos en puerto, se hundieron súbitamente. La empresa cargó su importe al Estado, hecho que aceptó la Administración. El contrato fue rescindido mientras un tercer barco navegaba desde Newcastle a Santa Isabel, siendo entonces subastado por la Compañía, cuyo importe y gastos fueron también cargados al Estado. La contabilidad de la empresa no tenía ni libro copiador de cartas, ni libro de actas, ni presentó nunca a la comisión investigadora sus archivos; el libro auxiliar de tráfico no estaba legalizado; en el de inventarios y balances solo aparecían dos inventarios incompletos y un balance de comprobación de saldos; en el diario únicamente aparecían asientos anteriores a la fecha oficial de la apertura de la sociedad… Por todo lo cual, la comisión parlamentaria había concluido que “la contabilidad examinada es jurídicamente defectuosa y técnicamente incompleta, confusa y deficiente. No parece que la Sociedad haya satisfecho impuesto alguno a la Hacienda del Estado”[14].

Ya en un tono político, el jefe nacional de Falange Española pasó a condenar a Gil-Robles, rompiendo la táctica de meses atrás, cuando intentó atraer a una alianza al líder de la CEDA: “Su Señoría, desde el 26 de julio, oyó las denuncias aquí; su señoría supo aquel intento de cobro ilegal contra el Tesoro Colonial, de una indemnización mal acordada; su señoría, estoy seguro de que con la mejor buena intención del mundo, no denunció esto, no llegó a una ruptura pública con los que trataban de asaltar así el Tesoro Colonial; su señoría ha venido prolongando esta peligrosísima convivencia, y hay algo aquí más grave que lo que puede parecer a su señoría, porque sé que su señoría lo ofrecería, en todo caso, como sacrificio de España: hay el riesgo que estamos corriendo de que, por convivir con gentes que no son dignas de convivir con nosotros; que no tienen nada que hacer en la vida pública de España; que deben retirarse a sus casas, y esto por la infinita benevolencia de quienes no los mandan a la cárcel, está comprometiendo su señoría la posibilidad de que nos agrupemos todos un día: los radicales que se salven de la reprobación general, los jóvenes y los viejos de Acción Popular que le siguen, hombres de derecha e izquierda, en un posible Frente Nacional, que ha de tener como primera bandera la bandera de la moralidad pública”. 

En el turno de explicación de voto, Primo de Rivera resumía la posición de su grupo: “El voto particular del señor Toledo (Romualdo de) envuelve en las responsabilidades políticas a don Alejandro Lerroux; el dictamen de la Comisión excluye de la responsabilidad política a don Alejandro Lerroux y deja caer esa responsabilidad política sobre la cabeza del subsecretario. Los subsecretarios –ya se ha dicho hoy con palabras más doctas– no pueden ser objeto de responsabilidad política. Lo que tratan de hacer con ese dictamen es la grave facha de acusación política –política por ahora– sobre la cabeza de don Alejandro Lerroux, y yo digo solamente esto: si tal hacéis, acaso salvéis con los votos de esta noche a don Alejandro Lerroux; pero caerá sobre todos vosotros, sobre todos los que votéis, la reprobación terminante de la opinión pública entera (…); la opinión pública reclama con escándalo que se abomine esta noche de un tono político impuesto a las costumbres españolas por don Alejandro Lerroux. Ésta es la verdad, y está en la conciencia de todos vosotros. Pero ¿es que vamos a decir todavía esta noche, una vez más, que don Alejandro Lerroux no delinque? Llegó lo del straperlo y apareció su hijo adoptivo, una especie de cuerpo mixto civil y militar que le rodea, el subsecretario de la Gobernación, el ministro de la Gobernación, todos; él, incólume. Llega este asunto, y tenemos al subsecretario de la Presidencia, quién sabe si al señor Nombela, quién sabe si al juez instructor; él, incólume. ¡Señores! Ya es hora de que concluyamos esta especie de juego de personajes de vieja farsa italiana. El señor Lerroux no delinque nunca; pero en las inmediaciones del señor Lerroux hay siempre, para delinquir, o un hijo adoptivo, o un cuarto cívicomilitar, o un subsecretario propicio, o un ministro medio tonto; siempre se encuentra eso en los alrededores del señor Lerroux para que se lleven el peso a la hora de las condenaciones…”[15].

También acusado de complicidad política en las irregularidades por Unión Republicana e Izquierda Republicana, Gil-Robles centró su discurso en la defensa de la estabilidad de la mayoría gubernamental, y, por tanto, de sí mismo: “Aquí no hay criterios políticos, no hay maniobras; no hay más que el respeto a la conciencia, el respeto absoluto a la Justicia (…) Esto es lo que quiero decir en este instante en que la conciencia de cada cual ha de dar solución al problema. La mía queda completamente tranquila; si algún honor he de tener entre las amarguras de la vida política, habrá de ser mi intervención en el asunto de ‘África Occidental, Sociedad anónima’”[16]. En cuanto al resto de las formaciones políticas, el reformista Muñoz de Diego creía en la buena fe de Lerroux y consideraba reprobable la conducta de su subsecretario; el agrario Royo Vilanova declaró y mantuvo que en el Consejo de Ministros dijo que, a su juicio, el informe del abogado del Estado estaba bien hecho y pedía se pasase el expediente al Fiscal de la República “por si el que lo estudió y el que dio su opinión han delinquido como prevaricadores”. El radical Pérez Madrigal defendía  tanto a Lerroux como a Moreno Calvo, pues, en su opinión, “atacar a un partido republicano es atacar al régimen”. El ex presidente del Gobierno, Samper, también radical, rechazó estas afirmaciones de Pérez Madrigal, asegurando que no actuaba contra su partido, sino que se había ajustado estrictamente a la verdad en su declaración ante la Comisión. Para el también radical Martínez Moya, Nombela era un “militar pundonoroso y un hombre íntegro”; pero no había cumplido su deber como funcionario, “de obediencia al superior”.  El  progresista Fernández Castillejos rechazaba enérgicamente los velados ataques dirigidos al presidente de la República, y llamaba “malos republicanos” tanto a quienes los habían proferido como a quienes se habían callado. El tradicionalista Romualdo de Toledo y el monárquico Fuentes Pila pedían la condena  de Lerroux, criterio sostenido con inusitada energía por el conservador Miguel Maura.

El portavoz de Izquierda Republicana, Augusto Barcia, afirmaba que, habiendo existido un acuerdo de pago del Consejo de Ministros, la responsabilidad debía alcanzar a todos sus miembros presentes. Goicoechea, de Renovación Española, concretó las responsabilidades en que, a su juicio, había incurrido Lerroux, cuya culpabilidad no le cabía duda. Para los populistas de Gil-Robles, quien hasta en las declaraciones testificales ante la Comisión Parlamentaria había negado que el Gobierno hubiese adoptado un primer acuerdo de pago, todo se reducía a una maniobra de desprestigio contra el partido radical, “único valladar que tiene España contra los avances revolucionarios”. Y mientras Rafael Guerra del Río anunciaba que los radicales no romperían la coalición con la CEDA, Martínez de Velasco, en nombre del Gobierno, comunicaba que los diputados del bloque quedaban en libertad de votar según su conciencia. La votación dio como resultado la exculpación de Lerroux, y la inculpación de Moreno Calvo. Nombela, considerado por algunos como “un compañero de viaje” de los comunistas, fue hallado culpable de “exceso de celo” y de falta de respeto a la Justicia, denegándosele a él y a Castro Martín la posibilidad de reincorporarse a sus funciones.

Además de la retirada de Lerroux, otras consecuencias importantes de la denuncia de Nombela fueron la ruptura de la coalición de Gobierno y la agudización de las contradicciones en la derecha posibilista, y el fraccionamiento de los partidos más directamente implicados en los hechos debatidos en las Cortes a principios de diciembre de 1935, empezando por el Partido Radical, que desapareció del mapa político español. La dimisión de Ricardo Semper de la presidencia del Consejo de Estado y su abandono del Partido Radical fue uno de los episodios más ruidosos en el ambiente de crispación y crisis general que siguió al tenso debate parlamentario. Como escribe Gil-Robles en su libro, “al salir del Congreso, a las siete de la mañana del día 8 de diciembre, llevaba el triste presentimiento de haber pronunciado mi último discurso de aquellas Cortes. La crisis quedó abierta al día siguiente”. Lo cual demuestra nuestra teoría: la cuestión colonial jugó un papel determinante en aquel proceso de desintegración política, aspecto insuficientemente destacado por la historiografía.

En efecto, Gil-Robles intentó revertir en éxito la debilidad moral y política en que le había sumido el caso Nombela, contraatacando hacia el flanco más débil, el descalabrado Partido Radical.  Se opuso a la política económica del presidente del Consejo, Chapaprieta, quien había propuesto poco antes subir en un modesto porcentaje el impuesto de sucesiones y gravar algo más los latifundios. Si, como deduce Stanley Payne[17], no parece que el dirigente de la CEDA fuera personalmente contrario a estas medidas, promovidas por el jefe de Gobierno y ministro de Hacienda, la crisis promovida por el ministro de la Guerra respondería a su deseo de recuperar la confianza de los poderosos intereses financieros y agrarios que apoyaban su proyecto político, para, a partir de ahí, situarse en óptimas condiciones que le permitieran subir al poder con el apoyo de las fuerzas situadas a su derecha: falangistas, tradicionalistas y monárquicos. Pero, tras la denuncia de Nombela, se incrementaron los recelos del presidente de la República hacia el líder de la CEDA, pese a ser  el partido más votado en las elecciones de 1933, en que obtuvo el 24 % de los sufragios. Junto a los factores que suelen considerarse decisivos para que Alcalá Zamora se negase a encargar la formación de Gobierno a Gil-Robles tras la dimisión de Chapaprieta, creemos que puede añadirse también el escándalo de la corrupción en Guinea.

Fracasados otros intentos de constituir un Gobierno estable, y presionado a derecha e izquierda con amenazas golpistas, coaliciones nacionalistas y levantamientos revolucionarios, el 7 de enero de 1936 el presidente de la República optó por la convocatoria de elecciones generales, que tuvieron lugar en febrero. El descalabro del Bloque nacional nucleado por Gil-Robles con los restos más conservadores del Partido Radical y otros grupos menores tuvo como consecuencia la victoria del Frente Popular. Lo demás es sobradamente conocido.

Este texto fue pronunciado como conferencia durante el II Seminario Internacional sobre Guinea Ecuatorial organizado por el Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH), UNED, en Madrid entre el 6 y el 10 de julio de este año. Una versión muy resumida se publicó en una Tercera del diario ABC. Se puede consultar igualmente en Endoxa, NÚM. 37 (2016): NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE Y DESDE GUINEA ECUATORIAL. 

No te pierdas:

  • La Gürtel del gobierno de derechas y Guinea.
  • Entrevista a Antonio Nombela.
  • El asunto de Guinea....
  • Los republicanos de Fernando Póo felicitan al Diario La Libertad.
  • Creación del Frente Popular.
  • ... y los heredados de la República.
  • Notas

    [1]    Ndongo-Bidyogo, Donato: Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial; Edit. Cambio 16, Madrid, 1977. Agotado. Próximamente se podrá adquirir en la página web del autor.

    [2]    Mesa, Roberto: La idea colonial en España; Edit. Ciencia Nueva, Madrid, 1967. Reedición en Fernando Torres, edit., Valencia, 1976.

    [3]    Vid. Ndongo-Bidyogo, Donato: ‘Corrupción en la II República: el caso Nombela’. Historia 16, núm. 66, 1981, págs. 33-42.

    [4]    Antonio Nombela Tomasich (Madrid, 1900). Militar africanista. Participó en la guerra de Marruecos en 1921, en la que ganó la Cruz laureada de San Fernando, y donde permaneció hasta 1931. Del arma de infantería pasó a aviación. Siendo capitán, en 1931 es destinado a la Guardia Colonial de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Nombrado subgobernador de la Guinea Continental, tras el asesinato del gobernador Gustavo de Sostoa accedió de modo interino a la titularidad del Gobierno General, cesando en el ejercicio activo en el Ejército. Durante 1934 realizó y perfeccionó estudios sobre Administración Colonial en las Universidades de París, Amberes y Ámsterdam. Fue nombrado inspector general de Colonias ese mismo año. Aunque fue ascendido a comandante tras estallar la Guerra Civil, solicitó la baja definitiva del Ejército y no participó en ella. A partir de 1939 se dedicó al negocio de la madera. Al alcanzar la edad de jubilación, en 1964, se le reconoció el empleo de coronel; por su condición de caballero laureado, ascendió a general de brigada, en la reserva. Falleció en Madrid, a los 85 años, el 16 de marzo de 1986.

    [5]    Antonio Nombela en el diario Arriba (11-15 de mayo, 1968), en réplica a José María Gil-Robles tras la publicación de No fue posible la paz, Ediciones Ariel, Barcelona, 1968. En conversación conmigo, el ex inspector general de Colonias afirmó que no reveló los detalles de su entrevista con el presidente Alcalá Zamora en 1935 por “discreción” y por “respeto” al jefe del Estado.

    [6]    Caja que financiaba las infraestructuras y servicios de la colonia y el salario de los funcionarios (similar al presupuesto de las Diputaciones en la España peninsular). Se nutría con la partida correspondiente de los Presupuesto del Estado y los ingresos fiscales cedidos y gestionados por la Administración colonial. Vid. Miranda Junco, Agustín: Leyes Coloniales, Madrid, 1945; y Castro Antolín, Mariano L. de: ‘La revolución de 1868 y la Guinea Española’, en Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. extraordinario, 191. Universidad Complutense, Madrid, 2003.

    [7]    Rafael Sánchez-Guerra Sainz, secretario general de la Presidencia de la República durante el mandato de Niceto Alcalá Zamora (11 de diciembre 1931-7 de abril de 1936). Su hermano, Luis Sánchez-Guerra, fue nombrado gobernador general de Guinea el 8 de septiembre de 1935, en sustitución de Ángel Manzaneque, destituido a consecuencia de la denuncia de Nombela.

    [8]    Según indica el primero en No fue posible la paz; cf.: Antonio Nombela, diario Arriba, Madrid, 12 de mayo, 1968.

    [9]    Véanse los diarios El Sol (29 de noviembre, 1935) y Arriba (11, 12, 14 y 15 de mayo, 1968). Algunos pormenores fueron aportados por el propio Nombela en conversaciones con el autor.

    [10]   El ministro de Estado (Asuntos Exteriores) era Juan José Rocha García, del Partido Radical. Gil-Robles, José María: No fue posible la paz; Ediciones Ariel, Barcelona, 1968. Ver también sus Discursos parlamentarios, Ediciones Taurus, Madrid, 1971.

    [11]   Del análisis de la conducta anterior y posterior de Nombela no cabe deducir afinidad ideológica alguna entre éste y el fundador de Falange Española. Nombela fue siempre neutral en política, un profesional riguroso, fiel a sus convicciones y principios. Rechazó el ofrecimiento de diversos partidos –desde falangistas al comunista– para integrarse en sus listas en las elecciones de febrero de 1936. Tiendo a enmarcar el asesoramiento de Primo de Rivera en su deseo de utilizar el tema para desgastar al Gobierno.

    [12]   En nuestras conversaciones, Nombela reveló que el subsecretario Moreno Calvo había sobornado a magistrados, abogados y funcionarios, y aseguró que la naviera Compañía África Occidental sólo hubiese recibido 165.000 pesetas de la cantidad reclamada; Lerroux y sus amigos tenían intención de repartirse el resto.

    [13]   Gil-Robles, J. Mª: Discursos parlamentarios, pág. 526 y sig. Citado por la Comisión de Investigación, el ex subsecretario Moreno Calvo tuvo que aportar dichos documentos. La prensa de la época cubrió estos hechos con profusión. Véanse, sobre todo, los diarios El Sol, ABC y El Debate.

    [14]   Nombela declaró al autor que Tayá había hecho hundir barcos de la Compañía, con toda su tripulación –compuesta fundamentalmente por guineanos y otros africanos– con el solo fin de cobrar el seguro. Y el servicio internacional que prestaban sus barcos era “desastroso, sucio, inseguro”.

    [15]   Primo de Rivera, José A.: Textos de doctrina política. (Agustín del Río Cisneros, comp.). Edición de la Sección Femenina de FET y de las JONS Madrid, 1964. Contiene numerosos discursos.

    [16]   Gil-Robles, J. Mª: Discursos Parlamentarios, pág. 765 y ss.

    [17]   Payne, Stanley G.: Ejército y sociedad en la España liberal, Edit. Akal, Madrid, 1976, pág. 483.

    martes, 9 de abril de 2024

    Desde Murcia

    Hace un año, el incombustible Adolfo Fernández Marugán desde el portal de ASODEGUE informaba que "Por circunstancias de naturaleza no técnica, que dificultan la regularidad habitual en las publicaciones, esta página no se actualizará hasta inicios de marzo. Prometemos volver con renovado ánimo de servicio. Saludos." Así,que artículos como este de El Diario.es se quedan sin el acostumbrado eco... En esta ocasión le vamos a dar entrada:

    Donato Ndongo, periodista y escritor: “La dictadura de Teodoro Obiang intentó secuestrar a mi hijo en Murcia”

    El opositor ecuatoguineano reside en la Región desde 1995 y denuncia que las presiones de la dictadura de su país en España lo han llevado a ser desahuciado de su casa.

    Una de las paredes del despacho de Ndongo (Aldo Conway)

    “Una mañana, mi mujer dejó a mi hijo Pascual, que tenía seis años, en el colegio. A la media hora, las monjas le llaman para decirles que había venido un negro que hablaba bien español, bien vestido, intentando llevárselo. Yo vivía en Estados Unidos por aquel entonces, y de Missouri a Murcia son siete [husos horarios] de diferencia. Cuando tu mujer te llama llorando a las tres de la madrugada, te puedes imaginar. Se te cae el mundo encima”. A Donato Ndongo (Niefang, 1950) muchos lo consideran el mejor escritor africano en español de todos los tiempos. Es, además, uno de los principales enemigos intelectuales del régimen totalitario de Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial y fue ministro de Exteriores del gobierno en el exilio. También fue delegado territorial de la Agencia EFE en África Central, director del colegio mayor universitario Nuestra Señora de África de Madrid y del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo hasta 1994, cuando el secretario de Estado para la Seguridad, Manuel Nguema, lo hizo exiliarse a punta de pistola a la Región de Murcia. “Me dijo de parte del presidente que estaban hartos de mí y que me tenía que ir”.

    Parapetado tras una mesa de oficina, se expresa con la urgencia de quien ha llegado a una conclusión peligrosa. Tras su mirada, desgastada por haber visto más de la cuenta, palpita un pulso de rabia consciente; late el desazón de quien renuncia a todo por principios. Su hijo Pascual, ahora con 24 años, duerme en el piso de abajo de su casa de Espinardo (Murcia). “Estuvo anoche de juerga con esas cosas de la huerta”, dice, refiriéndose a las fiestas de primavera de la Región. “Siempre les digo a mis hijos que podría ser multimillonario. Pero mi conciencia no está en venta. Obiang me propuso ser ministro hace muchos años. Le dije: ‘Señor presidente, dejen de matar a la gente’. ¿Cómo voy a colaborar con un asesino? Siempre me he negado y he pagado un precio por ello”. El escritor se encuentra en una situación delicada: el próximo día 26 de abril, el banco ejecutará su desahucio por impago de su hipoteca. Donato, de 74 años, casado y con dos hijos, denuncia el altísimo coste profesional que le ha supuesto su oposición a Teodoro Obiang. Según relata a elDiario.es, cobra la pensión mínima y no puede hacer frente a los gastos de casa. “Mis hijos están estudiando y esa es la única prioridad para mí, pero yo no tengo dónde ir, no tengo dónde dejar mis cosas”.

    Ndongo vivió en España desde los 14 años y se licenció en periodismo en Barcelona y a partir de 1985 regresó a Guinea Ecuatorial para trabajar en el Centro Cultural. “En el año 87 Miguel Ángel Aguilar, que por entonces era el director de información de la Agencia EFE, me ofreció ser delegado allí, pero yo estaba muy cómodo en el Centro Cultural y no quería meterme en ese berenjenal, así que colaboré como corresponsal con algún artículo de vez en cuando. Nadie quería ser delegado, así que cuando en 1992 me dijeron: ‘O asumes la delegación de África Central o tenemos que cerrarla’, no pude rehusar”, añade. En esa época, los corresponsales que enviaba la Agencia duraban menos de un año.

    Para la tarea de cubrir la información para una zona en constante conflicto, Donato contaba con la ayuda de un asistente que resultó ser un espía del régimen. “Hacía el trabajo de becario, lo mandaba a hacer gestiones, ir al Ministerio a pedir unos papeles, hacer recados, pero no mucho más. Me pareció un buen chico y no le presté mucha atención. Ni siquiera era periodista. De haber sabido que hacía ese trabajo lo habría echado sin pensarlo”. La relación de la dictadura ecuatoguineana con la prensa es muy turbulenta: la salida de Ndongo Guinea supuso el éxodo del último periodista del mundo que informaba al exterior sobre lo que sucede en el país. “Yo no contemporizaba, yo era un profesional. Me ofrecieron dinero, me ofrecieron cargos; hasta me ofrecieron ser embajador en España, e incluso recibí presiones por parte del gobierno español. Si consideramos parte del gobierno español al director general de Política Exterior para África y Medio Oriente (Miguel Ángel Moratinos), que supongo que sí. Pero a mí me echaron de allí por la fuerza y no se supo en ningún sitio, porque Moratinos prohibió a EFE difundir lo que había ocurrido con su delegado en Guinea”. 

    Tanto Andrés Esono, otro opositor guineano, como Donato Ndongo, sugirieron que Moratinos protegía a Obiang. A la pregunta sobre su relación con él, el exministro –en declaraciones telefónicas a elDiario.es Región de Murcia– ha respondido: “Toda mi actuación en esa época era para mejorar las relaciones [con Guinea Ecuatorial].” También añade que le perdió la pista a Ndongo cuando llegó a España. “Yo lo comprendo, sé que tiene una situación difícil y todos tenemos que trabajar por la mejor democracia en Guinea Ecuatorial y tenemos que trabajar todos juntos, pero que se dejen de obsesiones de unos y de otros. Aquí todos trabajamos por lo mismo, pero este señor decía ser ministro del gobierno en el exilio y no hay ningún gobierno en el exilio reconocido”. Por último, esta vez por Whatsapp, el ahora Alto Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, ha reiterado que: “Si hice declaraciones en su momento (...) seguirán siendo válidas. Nada que añadir”. Se refería Moratinos a lo que expresó a este mismo diario en 2022: “Estábamos haciendo todos los esfuerzos por conciliar y este hombre hacía su trabajo. Mi política ha sido siempre la misma: diálogo y acompañamiento hacia una democratización”.

    El factor étnico complica esta democratización en un país con mayoría fang, en el que otras etnias aspiran a una representación que por ahora se antoja difícilmente alcanzable. “La idea”, continúa Ndongo, “es conseguir un gobierno para todos, un régimen de libertades en el que todos gocen de los derechos de ser guineano. Yo puedo ser fang y que un candidato bubi (otra de las siete etnias que componen Guinea) me resulte adecuado lo vote”. La clave de la democracia en África es no basar el voto en la afinidad étnica. Y, por supuesto, la no intromisión de potencias extranjeras.

    En el despacho del ático de su casa, Donato interpela a las preguntas aireando un mechero con una mano y un cigarrillo con los dedos de la otra. Habla con tanto ímpetu que olvida encenderlo durante casi toda la entrevista. Las paredes están cubiertas por montañas de libros y revistas apiladas desde el suelo. Cuenta que tiene más de 8.000. “Llevo 22 años aquí y no me ha dado para comprar estanterías [se ríe], abajo, en el sótano, hay muchos más”.

    Se instaló en Los Alcázares a finales de 1995, y en 2002 compró la vivienda en la que reside actualmente, cerca de la capital murciana. “Cuando llegué a España, la Agencia, que sabía lo que había tenido que vivir en esos nueve años, me dijo que no me preocupara, que descansase y que después ya veríamos a qué delegación iba a parar. Pero resultó que el director general de Asuntos de África, Moratinos, le dijo a EFE que me echara. Me llamaba domingo tras domingo. Le dije que yo no recibía órdenes del Ministerio, sino de la Agencia, y me dijo que la Agencia pertenecía al gobierno. Le expliqué que yo había hecho periodismo en España, y que en la asignatura de Historia del Periodismo, que aprobé con nota, aprendí la creación de la Agencia EFE. Solo por proteger a Obiang. Así que rescindieron mi contrato y me marché a Murcia a terminar mi libro, Los poderes de la tempestad, tranquilo, con mi mujer… a verlas venir”. Ante estas acusaciones, el ex ministro Moratinos niega que él tuviera capacidad alguna de interferir en su relación laboral con la Agencia.

    En el año 2000 ganó el concurso para la creación de un centro de estudios africanos en la Universidad de Murcia y se convirtió en el director durante el rectorado de José Ballesta, actual alcalde de la ciudad. En 2004, rescinden de nuevo su contrato, esta vez sin explicaciones.

    “Como director del Centro de Estudios Africanos me llamaban de la prensa para hacerme entrevistas muchas veces, y me preguntaban qué opinaba yo sobre ciertos temas. Supongo que incomodaba demasiado. También es que tenían unas cosas... me invitaron a participar en el centenario del conde de Floridablanca. ¡A mí! No tienen sensibilidad o no tienen ni idea, porque el conde de Floridablanca, que en Murcia lo consideran un santo, fue quien firmó con Portugal el acuerdo que cedía las colonias de lo que hoy es Guinea Ecuatorial porque España necesitaba una cantera propia de esclavos para llevar a América”. Pocos meses después, la Universidad de Missouri lo contrató como profesor asociado. Recuerda, con ironía, a un compañero de departamento que era camerunés. “Siempre nos estábamos lamentando de estar a 20 grados bajo cero. Un camerunés y un guineano tan lejos de casa. Joseph y yo nos preguntábamos qué demonios hacíamos ahí cuando podíamos estar tranquilamente en nuestro país, sin tener que pasar ese frío. No hay ni un solo africano que emigre por gusto, ni uno. Y conozco a millones, te puedes imaginar”.

    La huella colonial de los países africanos va más allá de los éxodos forzosos. Antes de Obiang gobernaba su tío, Francisco Macías Nguema. Hay un fenómeno que describe Ndongo en su libro Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial denominado afrofascismo, una pulsión anticolonial con un componente ultranacionalista muy marcado. Buena parte de los militares que ejecutan los golpes de Estado que se producen en África formaban parte de los antiguos ejércitos coloniales o han heredado su esencia, eminentemente represiva contra la población local, por lo que los regímenes dictatoriales suelen ser brutales. Macías trató de erradicar toda la huella española de Guinea Ecuatorial.

    Según cuenta Donato, lo consiguió: “A día de hoy, lo único que queda de España en Guinea es el idioma. Existen siete etnias distintas, cada una con su lengua propia, pero la impronta común es la cultura española. Yo soy fang, que es la etnia mayoritaria, pero convivimos con otras seis y el español es la lengua vehicular entre todos. ¿Qué es lo que diferencia a un fang de Gabón o de Camerún de uno de Guinea? El español. Eso es lo que nos une. Macías prohibió el uso del español en Guinea”.

    Sin embargo, el dictador no propuso una lengua común. “Si al menos hubiera impuesto, digámoslo así, un desarrollo de las culturas autóctonas, podría llegar a entenderse, pero esto no se dio. En aquellos tiempos, además, la gente era completamente analfabeta y este tipo pretendía volver a la selva, en el peor de los sentidos. Prohibió la importación de medicamentos, porque eran productos imperialistas, y propuso la medicina tradicional y que la gente fuese a buscar plantas medicinales a la selva. Quieren convertir a Guinea Ecuatorial en Filipinas. Mira qué ocurrió allí con el legado español”, sentencia. “Solo que aquí en lugar del inglés, se ha impuesto el francés como lengua cooficial, un idioma que no habla nadie en un país de 800.000 personas. ¡Esa es otra! Ni siquiera han censado a la población, así que esa cifra se la inventan. Dice el gobierno que somos más de dos millones, pero sin un censo es imposible de saber. También se destruyeron partidas bautismales y de nacimiento durante la era de Macías”. Los edificios coloniales han ido cayendo uno por uno, se ha tratado de borrar todo vestigio de la presencia española. Si destruyes el legado que une a las etnias, son más débiles. Es lo que hacen los tiranos, los fascistas. Por eso lo fomentan“.

    Donato hace multitud de gestos durante la entrevista señalando los montones de libros apilados de su despacho; dice que es capaz de encontrar lo que necesite, aunque le lleve algo de tiempo. Lo que se amontona allí y en el sótano de su casa es el trabajo de toda una vida. “No tengo dónde meter todo esto. Quieren que me vaya el día 26 y no tengo a dónde ir, así que si quieren que me vaya me van a tener que sacar. Van a tener que venir con la policía y sacarme a mí y sacar todas mis cosas, y que lo vea todo el mundo”, dice mirando a uno de los rincones. En la puerta metálica del porche, ya en la calle, Donato se cierra la chaqueta sobre la camisa y su mirada se dispersa entre las fachadas de los adosados de enfrente, los coches aparcados y el suelo con una expresión sombría, sin que su tono al hablar se endurezca. Mirada y voz como dos relojes en franco desacuerdo, sometidos a la tensión de dos impulsos.

    viernes, 26 de enero de 2024

    Memoria borrada

     Contaba Donato Ndongo en Memoria Histórica II de la Revista Consejeros:

    Como España borró Guinea Ecuatorial de su conciencia tras la independencia, pocos encuentran nexos entre la colonia y determinados cambios decisivos en su Historia. Sesudos eruditos omiten un motivo esencial en la abdicación del rey Amadeo y proclamación de la República: el amago de abolición de la esclavitud en Puerto Rico y Cuba; ignoran la denuncia del saqueo de fondos coloniales, motivo de la convocatoria electoral de abril de1936, cuyas consecuencias perduran hoy; olvidan realidades recientes: la transición hacia la democracia se inicia tras ser aventada la inmoral connivencia entre el tirano Francisco Macías y Antonio García-Trevijano, activo principal en la rupturista Junta Democrática.

    No siendo razonable ocultar tales hechos, es oportuno reseñarlos cuando arrecian autocomplacientes irredentismos autárquicos, reacios a reconocer el concurso de otros humanos en la conformación de su mundo; pudiendo eludirlo, se implicaron por idealismo y solidaridad. ¿Sería hoy voluntario en las huestes franquistas el aspirante a perito industrial Juan Manuel Tray Mueri, si supiese que la Patria que regó su sangre no honra su memoria y hostiga a sus descendientes? Teniente y ‘Caballero Mutilado Permanente’ finalizada la Guerra Civil, condecorado y ascendido a comandante, el negro de mayor rango en el Ejército español acabó sus días sin gloria alguna, tras secundar el tramposo señuelo de la campaña ‘vuelta al redil’.

    Enfrente, José Carlos Grey-Molay, ‘rareza’ que desconcertó a jerarcas nazis, Himmler incluido, ante su vasta cultura y atlética complexión. Estudiante de Medicina en Barcelona en 1936, combatiente republicano, su peripecia le condujo a Mauthausen en 1941, donde limpió retretes, según el documental de Enric Ribes y otras pesquisas. Liberado en 1945, fue bailarín y electricista en París. No es el único. José Epita Mbomo tenía 16 años al pisar España en 1927. Mecánico de aviación, huyó a Francia con los republicanos derrotados, en cuya Resistencia se aplicó al sabotaje de la Wehrmacht. Capturado y deportado a Neuengamme, este superviviente militó cuando el comunismo fue religión, abjurando cuando tanques soviéticos ocuparon Praga. Héroes y víctimas en una España desmemoriada: escatima a sus nietos los réditos del sacrificio. Los muertos son anónimos.

    ---

    Donato Ndongo-Bidyogo nació en Niefang, Guinea Ecuatorial, en 1950. Escritor, periodista y exiliado político. Fue corresponsal y delegado de la agencia española EFE en África central (1987-1995). Director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia (2000-2004). Profesor visitante en la Universidad de Missouri-Columbia (Estados Unidos, 2005-2008). Profesor titular de universidades americanas, africanas y europeas. Es autor de los ensayos "Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial" (1977), "Antología de la literatura guineana" (1984) y coautor de "España en Guinea" (1998), así como de tres novelas traducidas a varias idiomas. Ndongo es colaborador habitual de medios españoles como El País, ABC, Mundo Negro, The Corner y la revista impresa Consejeros, entre otros.

    Y está maravillosa ilustración de César Sebastián Díaz, que ilustra la entrada, nos la hemos tomado prestada del imprescindible congreso 'Memorias Periféricas de la Guerra Civil y el Franquismo. Literaturas, Culturas, Ideologías' realizado en 2022 en la Universidad de Valencia.

    lunes, 15 de mayo de 2023

    La Guerra por Donato Ndongo

    El profesor Ndongo es un referente para este paseo por la vieja calle 19 de septiembre de Santa Isabel, y -ahora que se ha vuelta a promover su justa candidatura al Premio Princesa de Asturias de las Letras- rescatamos este fragmento de Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial publicado por Diario 16, por un Donato Ndongo de 26 años:

    La República y Guinea

    Como todas las revoluciones nacionales, la República del 14 de abril de 1931 fue esencialmente chauvinista en sus planteamientos, y apenas se ocupó de otros problemas que no fueran los suyos propios. Como todo régimen de derechas, demoliberal, de la Europa de la época, la República española fue colonialista, aunque ese colonialismo fuera, en términos relativos, más humanista, Hasta el mes de mayo de 1931 fue gobernador general Miguel Núñez de Prado, nombrado por la Dictadura, que siguió sometiendo a los nativos. Durante su mandato se abrieron los primeros caminos, se llevaron las primeras factorías al interior del continente y se generalizó la construcción de aserraderos de madera. En cada pueblo se formaron destacamentos de 15 ó 20 guardias coloniales al mando de un oficial o suboficial blanco, y el negro empezó a familiarizarse con la cara de los blancos y los gestos que querían significarse en esa cara. La República nombró gobernador general al general Sostoa, que fue asesinado pocos meses después de llegar por un sargento de la Guardia Colonial en Annobón. Se nombró entonces a Estanislao Lluesma, quien en 1932 protagonizó el incidente del Buenos Aires, barco que deporto a 121 sindicalistas barceloneses a Annobón, lo que produjo enconadas disputas en las Cortes. Nombrado gobernador Manzaneque, permanecería en el cargo hasta 1835, y fue quien completó la pacificación del territorio continental. En 1934, Manzaneque había intentado una reestructuración de la colonia. Un Decreto de 21 de noviembre de ese año autorizaba a la Inspección General de Colonias a dar instrucciones para resolver los problemas relacionados a la concesión de terrenos, en espera de la elaboración de un reglamento sobre el régimen de la propiedad de los Territorios del Golfo de Guineas. En 1935, al plantearse la sucesión de Manzaneque al frente, del Gobierno General de Guinea, se produjo un incidente entre el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y el jefe del Gobierno, Alejandro Lerroux. Este propuso para el cargo al naviero Tayá, alto cargo de la Compañía Transmediterránea, a lo que se opusieron el presidente y el inspector general de Colonias, quienes sostuvieron la candidatura de Luis Sánchez Guerra, hijo del ex presidente del Consejo de Ministros con Alfonso XIII, a su vez vetada por Leroux. Para sostener sus razones, el inspector general de colonias acusó a Tayá de haberse lucrado con fondos del Gobierno destinado en Guinea, contando para ello con la complicidad del jefe del Gobierno. Este incidente, muy comentado en la época y conocido como la denuncia Nombela precipitaría el hundimiento del líder radical. El presidente Alcalá Zamora pudo así colocar a un hombre de su confianza, Sánchez Guerra, en el Gobierno General dé- Santa Isabel. Alcalá Zamora deseaba, un remozamiento de la acción colonial, y estaba dispuesto a llevar a cabo las mejoras que fueran precisas para asegurar la productividad del territorio guineano y, con ello, sanear en lo posible, la maltrecha balanza comercial de España. El nuevo gobernador general llevó como secretario general a Miguel Pozanco, que ha legado a la historia de Guinea unos, datos del máximo, interés histórico y cultural. Vivian entonces en la isla de Fernando Poo 2.000 europeos, que, aunque españoles, en su mayoría estaban britanizados. Las explotaciones agrícolas y forestales se cedían a cambio del pago de un pequeño canon al Gobierno General y demás autoridades coloniales, y las grandes compañías exportadoras de cacao contrataban a los negros, guineanos o emigrantes, por 80 céntimos semanales. No obstante, eran obligados a trabajar en agotadoras jornadas que nunca eran inferiores a doce y hasta catorce horas diarias. Los braceros vivían con sus familias en unos largos barracones, insalubres, y eran forzados a comprar los productos alimenticios o de uso personal que necesitarán en la cantina de la finca, propiedad del patrón. La corrupción administrativa era general. La compañía maderera Alena S.A., que explotaba en exclusiva la zona del río Benito, embarcaba cientos de miles de toneladas anuales. Sólo cada cuatro meses tres veces al año iba un barco a la isla de Annobón, siendo éste el único enlace de dicho territorio con el resto de la colonia. Las misiones, a pesar de los tiempos que corrían, conservaban prácticamente intacto su enorme poderío, aunque había una cierta tensión entre algunos colonos liberales, generalmente recién llegados, y el obispo Leoncio Fernández Galilea. En las misiones se aprovechaba el recreo para que los niños y catequistas negros mientras los blancos iban a almorzar a sus casas fueran a chapear (cortar la hierba) las fincas de los misioneros.

    Aunque con anterioridad existían varios proyectos para construir el puerto de Bata, la llegada de Luis Sánchez Guerra, ingeniero de Caminos, aceleró la idea y se iniciaron las obras: Los obreros, negros, eran reclutados. en el interior del continente por Alena mediante una prima total de 600 pesetas, que se entregaba la mitad a los familiares del contratado y la otra mitad a lo largo del período del contrato. Sánchez Guerra se enfrentó muy pronto con la Cámara Agraria, agrupación de los colonos; al reformar tímidamente el reglamento del trabajo de los negros. La administración del último gobernador republicano saneó muchas zonas pantanosas, llegándose a exterminar casi por completo a la mosca tsé tsé, transmisora de la enfermedad del sueño. Se había creado un servicio de vigilancia forestal encargado de evitar y reprimir las talas abusivas. de madera, y se programó un sistema racionalizado de repoblación forestal.

    A partir de 1935 la colonia pasó a llamarse de modo oficial Territorios, Españoles del Golfo de Guineas y se llevó a cabo una nueva distribución administrativa de dichos territorios. La isla de Fernando Poo quedó dividida en tres demarcaciones: Santa Isabel, San Carlos y Concepción; en la parte continental se suprimió el distrito sur, unificándose el territorio bajo el mando de un solo subgobernador. Este único, distrito fue subdividido en once demarcaciones: Acurenam, Bata, Ebebiyín, Evinayong, Mikomiseng, Kogo, Rio Benito, Bimbiles, Mongomo, Nsork y Niefing. Annobón, Corisco y Elobeyes eran otros tantos distritos. No, se llegó a completar la reforma de la administración.

    Un censo efectuado en las primeras semanas de 1936 dio la cifra de 157.881 habitantes nativos, cantidad que puede muy bien aproximarse a la realidad, aunque hay que contar con las posibles y fáciles omisiones.

    La guerra civil en las islas

    Evidentemente, la República no fue anticolonialista, pero hizo un intento serio de modernización de las, relaciones coloniales, sacándolas de un paternalismo caduco e ineficaz y creando una colonia moderna. Muchos españoles anticolonialistas, y algunos negros, habían concebido una cierta esperanza, al triunfar el Frente. Popular, de poder crear una especie de "colonia modelo". Los negros seguían sin ninguno de los derechos civiles reconocidos a los blancos, aunque había mejorado en parcelas muy concretas sus condiciones materiales de vida. Un capitalismo moderno, dinámico e imaginativo luchaba para capitalizar a su favor la situación de la colonia, del cual no eran ajenos intereses franceses, en franco contraste contra los terratenientes asentados y los misioneros primorriveristas. Muchos españoles, sobre todo catalanes, se habían establecido en Fernando Poo en el lustro precedente, y la isla se iba perfilando como tierra de promisión, en el aspecto económico, además de la privilegiada situación geográfica en que estaba situada. Pero apenas había en la colonia actividad política como tal. Resume perfectamente la filosofía del colono la siguiente declaración de uno de aquellos hombres: nosotros habíamos ido: allí a trabajar y a luchar por ganar dinero. La Península, Madrid y el Congreso quedaban muy lejos.

    En Guinea había un solo partido, el Frente Popular, formadoa principios de 1936, y que contaba con unos 150 adeptos. No se celebraron elecciones ni votaron en febrero de 1936 los españoles allí residentes. Era un Frente Popular muy moderado, en el que predominaba el elemento socialdemócrata, dirigido por un grupo de intelectuales y animado por lo que podríamos llamar la clase media de la sociedad colonial. A pesar de todo, se cerraron algunas iglesias, se habló en favor de los negros colonizados y hubo incidentes dialécticos entre los laicos y los "clericales". Estos últimos eran la aristocracia colonial, que se reunía en un club muy privado, llamado El Casino, de Santa Isabel: Allí únicamente tenían acceso los propietarios y los apoderados, y en sus locales apenas si interesaba la política. Pero por nimios que sean unos incidentes, si suceden en una pequeña comunidad que, además, está a la defensiva, adquieren una importancia desmesurada. Corrieron rumores de. que los nativos iban a sublevarse y Sánchez Guerra puso en estado de alerta a los 800 guardias coloniales y proclamó el estado de excepción el 5 de junio. Solicitó refuerzos a Madrid, y se le envió el crucero Méndez Núñez, que llegó a Santa Isabel el 24 del mismo mes, permaneciendo en Guinea hasta primeros de agosto.

    El 14 de julio llega a la colonia la noticia del asesinato de Calvo Sotelo. Los clericales organizaron algún mitin y se rezó algún responso, que obligó al gobernador a sancionar a sus organizadores con 50 pesetas de multa. Cuando se anunció, en la tarde del 18 de julio, la sublevación de las tropas estacionadas en Marruecos, apenas nadie se inquietó. Hubo un pequeño motín a bordo del Méndez Núñez, resuelto a favor del Gobierno de Madrid. En los primeros días del mes de agosto, el buque partió hacia España, pero en Dakar recibió órdenes de regresar a Fernando Poo. Al anclar de nuevo en Santa Isabel la facción nacionalista planteó un desembarco en la ciudad, que hizo abortar el propio gobernador subiendo al buque y arengando a la marinería. Algunos rebeldes consiguieron escapar hacia el Camerún británico-ex alemán. Pronto corrió el rumor de la llegada del buque Fernando Poo, que habitualmente cubría la ruta, comercial con España, portador de armas para el Frente Popular. La verdad es que únicamente traía seis fusiles y una pistola, armamento ordinario en un buque mercante. Miguel Pozanco, desde Radio Ebolowa, en el Camerún francés, consiguió comunicar con el capitán del barco, poniéndole en antecedentes, sobre, la situación de semirrebeldía que se vivía en la isla y, recomendándole se dirigiera directamente a Bata.

    Hasta mediados de agosto reinó la calma en Guinea. Pero la incertidumbre sobre lo que realmente ocurría en la Península, pues las noticias llegaban con dificultad, acompañado por el bloqueo que de las cuentas corrientes hizo el único Banco existente en la colonia, el Exterior de España, y la angustia: por la escasez de alimentos para los europeos (que los importaban directamente de España), hizo subir de temperatura los hasta entonces casi pacíficos enfrentamientos entre laicos y clericales, es decir, entre el Frente Popular y los terratenientes del Casino. Algunos propietarios coloniales, a quienes la sublevación nacionalista había sorprendido en Barcelona, consiguieron llegar por los medios más inimaginados a Santa Isabel, y allí explicaron su versión sobre el ya llamado Glorioso Alzamiento. El capitán Ayuso, jefe de la Guardia Civil (andando el tiempo llegaría a ser director general de la Guardia Civil), propuso al teniente coronel Serrano, jefe de la Guardia Colonial, la insurrección. para ganar la isla a la causa nacional. Se reclutó a los “clericales”, que se reunieron el 18 de septiembre para destituir a Sánchez Guerra. Nombraron gobernador a un médico hacendado, que ostentó el cargo hasta el día siguiente, al hacerse cargo del Gobierno General el teniente coronel Serrano. Durante la noche se detuvo a todos los componentes del FrentePopular, aunque no hubo violencias, Serrano declaró el día 19 el estado de guerra, siguiendo las instrucciones del Gobierno de Burgos.

    La guerra civil en el continente

    El subgobernador de Bata, Miguel Hernández Porcel, del Frente Popular, se negó a sumarse a la sublevación capitaneada por los militares de la isla, con lo que quedaron incomunicados ambos territorios. Desde Kogo y Rio Benito, zonas de importantes explotaciones madereras controladas por los clericales, se intentó una marcha sobre Bata el 23 de septiembre de 1936. A la altura de Comandachina, cerca del río Ekuku, fueron Interceptados por las tropas gubernamentales. En ambos bandos, mandados por suboficiales blancos, las tropas eran negras. Al darles el "¡Alto en hombre de la República!", los contrarios respondieron con un "¡Viva el Ejército, Arriba España!". Sonaron unos cuantos disparos, y en la formación progubernamental cayeron muertos dos negros. Rodeada por completo, se. rindió la formación rebelde, cuyos cabecillas fueron. detenidos. Pocos días después eran expulsados del territorio, refugiándose en Gabón. Desde allí, varios consiguieron llegar a la isla de Fernando Poo.


    Los madereros y comerciantes contrarios al Frente Popular se iban trasladando, con todos los medios a su alcance, a Santa Isabel. El Frente Popular quedó así reforzado en Bata gracias a la decisión y activismo de hombres como Miguel Pozanco, Alejandro Torres García y José Sierra Companys, primo del presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero las autoridades francesas de las vecinas colonias les negaron cualquier tipo de ayuda que no fuera el asilo político. El Frente Popular se encontró, pues, aislado de la metrópoli y de prácticamente todo el mundo, y su capacidad de defensa se reducía a un centenar de viejos fusiles, sobrantes de las campañas de Marruecos. Mientras tanto, el buque Fernando Poo, que había permanecido en la bahía de Bata, había puesto rumbo a Fernando Poo. Apenas hubo zarpado, empezaron a radiarle desde ambas capitales que no se dirigiera a la otra, pues ellos eran los guberna mentales y los otros los sublevados. Desde Santa Isabel existía el propósito de apoderarse del barco para invadir el continente, Ante la duda, el radiotelegrafista comunicó con Madrid, donde, después de aclararle la situación, le ordenaron dirigirse a Bata; allí fue utilizado como prisión, encerrándose en él a monjas, sacerdotes y otros sospechosos de rebelión y conspiración. A los pocos días de anclado el Fernando Poo, se presentó en la bahía de Bata el Ciudad de Mahón, salido de Canarias para apoyar a los insurrectos de Santa Isabel. Disparó contra la ciudad y contra el Fernando Poo, que se hundió con losprisioneros a bordo. A continuación, desembarcó una compañía de tropas moras que ocupó la ciudad. Dicha compañía estaba al mando de Francisco Pérez Barrueco, que fue inmediatamente nombrado subgobernador de Bata. Los republicanos se retiraron hacia el interior del continente, siguiendo la ruta de Ebebiyin, hasta que alcanzaron la frontera gabonesa. Muchos años después, aún se podía ver el esqueleto del Fernando Poo en el fondeadero de Bata. Allí le hablan dejado las autoridades coloniales como permanente símbolo del martirio de unos hombres que habían caído por Dios y por la Patria, víctimas de la barbarie de los comunistas. Así hablaba, en los primeros años 60, un misionero de Bata a sus alumnos.

     

    Comisión de la Armada para Salvamento de Buques,
    trabajos de reconocimiento del Fernando Poo en 1939.

    La expedición del Ciudad de Mahón estaba mandada por el capitán Fontán, y como lugarteniente por el capitán Hernández. El 12 de octubre de 1936 se celebró en Santa Isabel una misa de campaña, después de la cual se hizo cargo del Gobierno General dicho capitán Juan Fontán. Hasta entonces no había sido especialmente cruenta la situación, pero los presos laicos empezaron a ser apaleados y hubo algún fusilamiento. En cuanto a los colonos que ya habitaban en el territorio y que se habían sublevado contra el Gobierno de la República pasaron a ser considerados, incomprensiblemente, ciudadanos de segunda categoría. Para tratar de hacerse agradables a los ojos de las nuevas autoridades los viejos colonos organizaron una suscripción popular, cuyo resultado fue la donación del 20 por 100 de sus ganancias durante dos años para la causa nacional. Además, organizaron el envío masivo de materias primas y alimentos al bando nacional, pero todo ello no parecía ser suficiente para las tropas de ocupación venidas de Canarias, que se adueñaron de la situación e impusieron su propia ley. Las tropas estaban animadas por el segundo oficial, el capitán Hernández, al que se conocía por el sobrenombre de "Mi caballo murió", ya que siempre andaba fustigando a su alrededor con un látigo, aunque no tenía caballo.

    Los miembros supervivientes del Frente Popular fueron deportados a Canarias en los primeros días de noviembre de 1936, y Guinea pasó a formar parte del territorio del nuevo Estado, una de cuyas primeras disposiciones fue la de suprimir las denominaciones autóctonas de algunos distritos: Mongomo pasó a ser Guadalupe; Bimbiles, Valladolid; Niefang, Sevilla, y Kogo, Puerto Iradier.