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sábado, 19 de julio de 2025

El gobernador Faustino Ruiz González x Donato Ndongo

Cotaba el profesor Donato Ndongo en su conferencia "El gobernador Faustino Ruiz González y el nacionalismo en Guinea Ecuatorial" impartida en el Seminario  Internacional “Actores Coloniales españoles y Espacios Africanos SS. XIX-XX":

Acabada la II Guerra Mundial en agosto de 1945, se vivía en todo el mundo una efervescencia de las ideas de libertad. Las colonias europeas en África –que habían participado activamente en la contienda contra el totalitarismo- no quedaron al margen de la corriente liberalizadora. Los movimientos anticolonialistas se vieron reforzados, además, por dos hechos decisivos: la constitución formal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en octubre de 1945, que contaba con un Comité de Descolonización –conocido como el “Comité de los Veinticuatro-y la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el 10 de diciembre de 1948, que consagró principios como el de la libertad inalienable de todo ser humano y el derecho de todos los pueblos a la autodeterminación.

Como es lógico, el auge del nacionalismo en toda África, y, sobre todo, en el África central, se contagió a los entonces llamados Territorios Españoles del Golfo de Guinea, compuestos por las islas de Fernando Poo y Annobón, y la Guinea Continental o Río Muni. Estas colonias estaban aisladas del resto, por su peculiaridad lingüística y la naturaleza del régimen político de la metrópoli, pero, a pesar de todos los intentos, España no pudo impermeabilizarlas de estos efectos, por varias razones: primera, el trazado de los límites con los vecinos territorios franceses, 45 años antes, no había aislado a las poblaciones respectivas de la parte continental, pues las mismas etnias habitaban en ambos lados, por lo que el contacto seguía siendo fluido entre familiares y amigos separados por límites artificiales; segunda: en la isla de Fernando Poo, el continuo flujo de trabajadores y comerciantes nigerianos, imprescindibles para la agricultura colonial, actuaba de corriente transmisora de las nuevas ideas; y tercera, las emisiones radiofónicas de Nigeria, Camerún y Gabón se percibían perfectamente en los territorios controlados por España, facilitadas por la proximidad, y, sobre todo, por los idiomas nativos comunes y el “pidgin”, verdadera “lengua franca” en todo el golfo de Guinea.

Pero en los territorios coloniales españoles se vivía una situación particular, que los hacía diferentes a las colonias francesas e inglesas del entorno. La metrópoli estaba gobernada por una dictadura fascista, dura y terriblemente represora, consecuencia de la victoria del general Francisco Franco Bahamonde en la guerra civil que asoló España entre 1936 y 1939. Y anotemos que, desde el inicio de la II Guerra Mundial en 1939, el régimen español –proclive a Hitler y Mussolini a pesar de su neutralidad oficial- sufría un aislamiento político y, sobre todo, un embargo económico, que se acentuarían tras la victoria de los aliados. Esas circunstancias impedían la recuperación y el desarrollo de la economía española, donde, hasta ya adentrada la década de los 50, se carecía de todo, e incluso la alimentación estaba racionada. España necesitaba todo tipo de materias primas, y sus colonias africanas podían suministrarle algunas. Se revalorizaron así aquellos territorios, mediante la incentivación de la emigración hacia la colonia, con la finalidad de incrementar la producción de cacao, café, aceite de palma, yuca y otros productos imprescindibles, y la explotación de la madera; como meros ejemplos, el aceite de palma guineano sirvió para fabricar jabón, la harina de yuca fue importante en la alimentación de la España de la postguerra, y los ferrocarriles españoles quizá sigan rodando sobre rieles sujetos a traviesas de madera de Río Muni. La primera consecuencia de esa política fue la enajenación de tierras a favor de los colonos, en perjuicio de los nativos. De manera que a los tradicionales agravios de toda colonización –ausencia de libertad, discriminación racial, sobreexplotación de personas y bienes, desprecio de las culturas autóctonas-, el nacionalismo guineano encontró en las expropiaciones forzosas consagradas por la conocida como “Ley de terrenos”, de 4 de mayo de 1948, el argumento básico e inmediato para articular la reivindicación de la soberanía[1].

Son diversas las versiones sobre la primera manifestación pública del nacionalismo anticolonial, aunque coinciden en lo esencial: se produjo en Micomeseng, en febrero de 1948, durante la primera visita oficial de Luis Carrero Blanco, entonces Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, de la que dependía la Dirección General de Marruecos y Colonias. Según Francisco Ela Abeme, los hechos se desarrollaron cuando un grupo de jefes de tribu y otros notables, encabezados por Carmelo Nguema Ndong Asumu, e integrado por Eko Edu Mengue, Esono Ngui, Abeso Motogo, Alogo Nvono, José Meñana y otros, entregó en mano un manifiesto a Carrero, en presencia del gobernador Juan María Bonelli Rubio y del director general de Marruecos y Colonias, general José Díez de Villegas. En resumen, el documento, redactado por Felipe Aseko, Marcos Nze y Marcelo Asistencia Ndong Mba, denunciaba los excesos del colonialismo y pedía una mejora del trato que se daba a los nativos[2], sin cuestionar directamente la situación colonial. Celestino Okenve, sin embargo, señala que el documento fue una “carta” en demanda de la independencia, y habría sido entregada durante una concentración de notables y jefes tradicionales de los distritos más orientales (Ebebiyín, Mongomo, Micomeseng, Añisok y Nsok-Esabecang), convocados por el capitán Basilio Sáez, jefe de la guardia colonial en Micomeseng, para recibir a los visitantes españoles, encabezados por Enrique Ruiz Gallarza, ministro del Aire. Inspirada y redactada por Marcelo Asistencia Ndong Mba, con intervención de Enrique Nvo, se encargó a Moisés Mba Nsono –padre del después candidato presidencial y destacado opositor Andrés Moisés Mba Ada-, “muy amigo de los blancos”, que la entregara a las autoridades españolas; pero éste no se atrevió, y la puso en manos de su amigo el capitán Francisco Pérez Vázquez, delegado gubernativo y jefe de la guardia colonial de Ebebiyín, quien, tras leerla, la guardó en el bolsillo. En la sala del tribunal indígena de Micomeseng, la delegación española se reunió con los representantes guineanos, para transmitirles los saludos de Franco. Al concederles la palabra, el jefe Carmelo Nguema levantó la mano e hizo entrega de una copia del escrito. Marcelo Asistencia Ndong Mba fue represaliado con la venta de todas sus propiedades –incluida su mujer- y confinado en la isla de Annobón durante muchos años[3]. Además de Ndong Mba, otros integrantes del grupo fueron también detenidos, torturados y confinados en Annobón durante una década; alguno logró evadirse y refugiarse en Gabón, integrándose en las filas del nacionalismo.

El resultado de esta acción fue la destitución del gobernador Bonelli Rubio. Se daba la circunstancia de que Bonelli, nombrado en 1943, tenía malas relaciones con el estamento colonial; entre otras razones, por haber propiciado una tímida apertura en el sistema de enseñanza, al modificar el curriculo de la Escuela Superior en la que se formaban los maestros auxiliares y los auxiliares administrativos indígenas. La gran mayoría de los colonos, muy conservadores -encabezados por monseñor Leoncio Fernández Galilea, vicario apostólico-, le acusaban, junto a su inspector de Enseñanza, Heriberto Ramón Álvarez García, de mejorar la educación de los negros con la finalidad de subvertir el orden colonial y prepararles para que pudiesen reclamar la independencia.

Con este telón de fondo, en febrero de 1949 llegó a Santa Isabel de Fernando Poo el nuevo gobernador general, Faustino Ruiz González, marino como la inmensa mayoría de sus predecesores y sucesores. Resultan, pues, claros los objetivos de la sustitución: incrementar la producción económica de la colonia, acentuar la “españolización” de aquellos territorios y cortar de raíz los brotes nacionalistas. En este estudio, dejaremos aparte el análisis de la historia económica y de la historia social, para centrarnos en la historia política de aquel período.

Por razones fácilmente comprensibles –la tradición oral como único testimonio documental, y la obligada clandestinidad de las actuaciones conspirativas- no resulta fácil establecer las fechas exactas del nacimiento de las fuerzas políticas guineanas. Algunas fuentes aseguran que, hacia 1947 o 1948, surgió la “Cruzada Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial”, liderada por Acacio Mañe Ela, un próspero agricultor originario de la zona de Monte Bata, del que no recelaban los colonos ser “emancipado pleno” y miembro del Patronato de Indígenas, por lo cual podía moverse con libertad dentro del territorio colonial sin necesidad de pedir el salvoconducto preceptivo. Otras[4] afirman que se creó tras las detenciones masivas producidas en noviembre de 1959. Es todo un síntoma el nombre escogido para esta primera agrupación nacionalista articulada, que recuerda con fidelidad las ideas de “cruzada” y “liberación”, omnipresentes en la retórica del régimen de Franco, que denominó así a la guerra civil que libró contra la República. Meñe desarrolló en la época una vasta y profunda actividad de proselitismo hacia sus ideas pro-independentistas, realizada sobre todo entre los “evolucionados”: las capas sociales más cultas o prósperas, y personalidades con influencia social, como maestros auxiliares, administrativos, agricultores y catequistas. Algunos de sus partidarios más conocidos fueron el bubi Marcos Ropo Uri, y los fang Enrique Nvo y Francisco Ondo Micha, un prestigioso catequista que ejercía en la emblemática misión de Nkue-Efulan. Más que un partido político, la “Cruzada” puede definirse como un movimiento social y político contestatario que aglutinó a muchos guineanos de todas las tendencias ideológicas y de todas las procedencias étnicas, unidos por el afán de concienciar al pueblo sobre los abusos del colonialismo y exigir la soberanía. Sin embargo, y pese a la coincidencia de fechas y objetivos, aún no ha sido posible establecer un nexo entre la “Cruzada” y el manifiesto de Micomeseng; pero el hilo de los acontecimientos permite extraer la conclusión de que a finales de los años 40 existía una conciencia anticolonial clara y generalizada en Guinea Ecuatorial, que podía manifestarse mediante acciones articuladas o espontáneas.

Lo corrobora asimismo la conversación que mantuvo Ruiz González con el rey Uganda, durante su reunión con los notables ndowés en 1950 (considerada por algunos “cumbre Hispano-Ndowé). Según cuenta Enénge A´Bodjedi, el gobernador español manifestó que “España está dispuesta a otorgar la independencia a su gente benga, así como a los otros playeros de la zona entre el río Campo y el río Muni, pero no a los salvajes pamues de la selva”. Uganda replicó en los siguientes términos: “Fueron vuestros antepasados blancos quienes llegaron hasta la tierra ancestral de mis antepasados negros y les llamaron paganos despiadados y caníbales carentes de compasión con sus semejantes. Los misioneros norteamericanos nos enseñaron, hace cien años, que deberíamos amar a nuestros vecinos tal como nos queremos a nosotros. ¿Cómo podríamos los ndowé aceptar la independencia de España mientras nuestros hermanos y hermanas panghwe (fang) del interior permanecieran colonizados y oprimidos por vuestra gente? Yo no quiero que ningún apartheid divida a los ndowe y a los panghwe de la Guinea Española”. El gobernador contestó: “Bueno… Si quiere que los pamues reciban su independencia al mismo tiempo que sus playeros, entonces está bien. Pero, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Usted y sus playeros verán cómo los salvajes pamues destruirán este próspero país. Sus hermanos pamues del bosque maltratarán a su pueblo playero peor que lo que hizo cualquier blanco. Cuando esos salvajes y caníbales pamues de las junglas del río Muni empiecen a matar y a canibalizar a su gente, sus maravillosos presbiterianos racistas blancos, amantes de Jesús y temerosos de Dios, y el mismo gobierno de los Estados Unidos, no harán nada para detener el genocidio”[5].

Por la misma época, los seminaristas de Banapá –único centro que proporcionaba una enseñanza más o menos homologable a la española peninsular- empezaron a expresar su descontento por su situación. Varios eran los ejes de sus reivindicaciones: la falta de promoción –que ellos vivían como discriminatoria-, ya que los misioneros claretianos, rectores del Seminario, retrasaban cuanto podían su traslado a España o a Roma para proseguir sus estudios de Teología y acceder al sacerdocio; se les tenía prohibido todo contacto con sus familiares, por lo que sus vacaciones escolares transcurrían en el mismo lugar donde estudiaban; los trabajos que les obligaban a realizar en las fincas adjudicadas a los misioneros; la mala calidad de la comida, y, por último, la actitud poco respetuosa de sus educadores, que les vejaban de continuo con insultos y menosprecio a su raza y a sus culturas autóctonas. El conflicto estalló septiembre de 1951, cuando los seminaristas se declararon en huelga, considerada una revuelta por los padres Nicolás Preboste y Antonio Gil Guedán, responsables del Seminario, quienes, muy alarmados, llamaron al obispo Fernández Galilea, y éste al gobernador Ruiz González. El jefe de policía de Santa Isabel, Jaime Ramírez Togores, al frente de un numeroso grupo de fuerzas de la Guardia Colonial y efectivos policiales, se aprestó a reprimir la “sublevación”; pero no contaban con la firmeza y determinación de los estudiantes, que se manifestaban contra “las injusticias” y por unanimidad habían decidido “luchar por las libertades de la institución y del país”[6]. Fueron detenidos los tres cabecillas: Atanasio Ndong Miyón, Enrique Gori Molubela y Rafael Dámaso Sima, así como sus seguidores más destacados: Francisco Obiang Ebaná, Celestino Nnang Mico, Clemente Mpenda Diván, José Esono, Alberto Ndong, Eugenio Eteo, Edmundo Tale, Joaquín Ndong y Vicente Castellón Ntayo[7]. Como puede verse, en el grupo se hallaban compañeros de todos los grupos étnicos, que actuaron de consuno. Fue un espectáculo insólito para los habitantes de Santa Isabel ver encerrados en los calabozos de la Comisaría de Policía a tanto ensotanado, ya que, en la época, los seminaristas vestían como los sacerdotes, aunque su sotana era negra y blanca la de los presbíteros ordenados. Al ser liberados, se expulsó a todos los considerados cabecillas y a algunos de sus seguidores. Rafael Dámaso Sima regresó a su pueblo, en el distrito de Kogo; Enrique Gori se trasladaría después a España para estudiar Derecho, mientras Atanasio Ndong Miyón y Joaquín Ndong se exiliaron en Libreville (Gabón). Tras infructuosas gestiones para ser admitidos en el seminario local, Joaquín Ndong entró a trabajar en una empresa francesa, y Atanasio Ndong se enroló en el Ejército colonial francés. Ambos realizaban frecuentes incursiones clandestinas a la parte continental de Guinea Ecuatorial, para reunirse con activistas y militantes de la “Cruzada”. En 1954, a propuesta de Atanasio Ndong, la “Cruzada” tomó el nombre de Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial (MONALIGE), del que fue elegido secretario general. Enseguida contó con las simpatías de los nacionalistas gaboneses y la protección de su dirigente más emblemático, León Mba, que llegaría a ser el primer presidente de Gabón tras su independencia, en agosto de 1960. De manera que una sencilla y nada grave cuestión disciplinaria en un centro educativo se convirtió en un problema político, debido a la cerrazón de unas autoridades coloniales incapaces de dialogar, encabezadas por el gobernador Faustino Ruiz González, sólo dispuesto a emplear métodos represivos.




El MONALIGE, bajo la dirección de Ndong Miyon, se reveló como un partido abierto y dinámico: expandió y consolidó las ideas soberanistas entre la población a través de incursiones cada vez más audaces, gracias a la permeabilidad de la frontera y al apoyo que recibían de los gaboneses. Dentro de Guinea, se sucedían las reuniones clandestinas en los poblados; cuando llegaban los destacamentos de la guardia colonial para reprimirlas y apresar a los independentistas, éstos se habían esfumado en la selva, protegidos por los aldeanos. Las órdenes del Gobierno General eran entonces amedrentar a la población deteniendo a los jefes tradicionales de la localidad, a los familiares de los exiliados y a cualquier sospechoso de connivencia con ellos, que eran multados, encarcelados o condenados a trabajos forzados. Con esos métodos, las autoridades coloniales sólo conseguían legitimar las ideas anticolonialistas y engrosar las filas nacionalistas. Algunos suboficiales guineanos, o simples soldados rasos de la Guardia Colonial, protegieron a personas a las que habían ido a detener, o se pasaron directamente al bando anticolonialista; tal es el caso del sargento Jesús Eworo, que llegaría a ser ministro en el primer gobierno independiente. No se conoce con exactitud el número de guineanos refugiados en las colonias vecinas de Camerún y Gabón entre 1950 y 1964, cuando entra en vigor el Régimen Autónomo; en cualquier caso, llegaría a ser muy numeroso: entre 2.500 y 10.000 personas (según las fuentes), sobre una población que entonces no alcanzaba los 250.000 habitantes[8].

Una de las consecuencias de las dos dictaduras que ha padecido y padece Guinea Ecuatorial desde su independencia es la trágica desaparición de los protagonistas de su Historia, sin que hayan podido transmitir sus vivencias, acciones y recuerdos a las generaciones posteriores. Los que no han sido devorados por la vorágine sanguinaria del “nguemismo” tampoco han tenido la oportunidad de hablar para la posteridad. Recuerdo, durante mi década ominosa en Malabo, que se amedrentaba a las personas con las que pretendía realizar trabajos de campo para recuperar nuestra Historia, como Luis Maho Sicachá y su hermano Elías, Marcelo Asistencia Ndong Mba, y otros que no nombro porque aún siguen viviendo lánguidamente en Guinea Ecuatorial. Por ello resulta muy ardua la labor del historiador, al estar desprovisto de fuentes, orales y escritas, debido al celo desculturizador de las autoridades que sufrimos desde hace 42 años. Es, pues, difícil contrastar la información que poseemos de una sola fuente, y ser riguroso a la hora de ofrecer los datos fundamentales de nuestro devenir histórico. Por eso siempre me limito a dar con cautela los frutos de mis investigaciones en fuentes guineanas, las únicas posibles según de qué temas se trate.

Aprovechando su conocimiento de la situación internacional debido a su estrecha relación con los independentistas de los países vecinos –desde su exilio gabonés, y después de su traslado a Camerún, luego a Argelia- Atanasio Ndong, en nombre del MONALIGE, presenta una dura batalla contra España en los foros internacionales. El 24 de febrero de 1956, con el fin de tramitar adecuadamente la solicitud de entrada de España, el secretario general de Naciones Unidas envió a Madrid un memorando en el que se le preguntaba al Gobierno de Franco si tenía colonias o territorios dependientes. España declaró no tener territorios que no se gobernasen por sí mismos, ya que acababa de devolver a sus legítimos dueños el Protectorado de Marruecos, y el resto de sus posesiones africanas no podían considerarse territorios coloniales, sino “provincias” en las que sus naturales gozaban de los mismos derechos que el resto de los españoles. Así se enteraron los guineanos de que eran “iguales que los españoles”. Pero la creación de la “Región Ecuatorial” tardaría más de dos años en convertirse en una realidad, ya que hasta el decreto del 10 de agosto de 1958 no se oficializa la “provincialización”. Mientras los nacionalistas denunciaban esas falacias en los organismos internacionales, el colonialismo empezó a dividirlos, consciente de que las reivindicaciones soberanistas estaban siendo tomadas en serio por la comunidad internacional y la independencia podía ser posible, como en el resto de África.

Dos fueron los métodos más eficaces: presentar al país no como una unidad, sino como una frágil amalgama de tribus antagónicas, unas más pobres y “salvajes” y otras más “civilizadas” y ricas, cuya coexistencia sólo podía garantizar España; el objetivo era azuzar como fuera unos recelos y rivalidades inexistentes hasta entonces; la otra estrategia fue la introducción de factores ideológicos en unas formaciones políticas cuya razón de ser era casi exclusivamente la liberación del país de la opresión extranjera, sin que hubiesen formulaciones teóricas ni programáticas consistentes que sustentasen políticamente tal aspiración. Esa endeblez ideológica –que al final resultó una de las causas de la posterior tragedia que aún sufre el país- fue aprovechada por la propaganda colonial para infundir en algunas mentes la idea de que los partidarios del MONALIGE, con su secretario general al frente, eran unos “peligrosos comunistas”. La extrema derecha en el poder –en España y, obviamente, en la colonia- empezó a agitar el fantasma de sus propios miedos para asustar a una población que en realidad nada sabía de tales cosas –o estaba influida por dos décadas de adoctrinamiento fascista-, con la finalidad de generar desconfianza hacia los líderes y, en definitiva, impedir o dificultar la independencia. Se logró imbuir en ciertas mentes el espíritu cainista y “guerracivilista” que había llevado al desastre a la propia metrópoli[9].

Al fomentar la rivalidad étnica, el gobierno general regido por Faustino Ruiz González creó las bases de la inestabilidad permanente que minaría la política guineana, evidenciada durante la Conferencia Constitucional, cuyas secuelas permanecen aún hoy. Las pruebas más claras son la creación en 1960 de dos provincias, cuando el decreto del 10 de enero de 1958 aludía a una “provincia ecuatorial”; y, a partir de entonces, la proliferación de una serie de “partiditos” –en la terminología de la época- de base tribal, en una maniobra copiada de la experiencia belga, una de las peores del proceso descolonizador africano, con la que se ahogó al nacionalismo integrador representado por Patrice Lumumba y se impidió –hasta hoy- la cristalización de una nación estable en la República Democrática de Congo.

Otra prueba de nuestro argumento es la creación de Idea Popular de Guinea Ecuatorial (IPGE), el otro grupo político que más contribuyó a lograr la independencia de Guinea Ecuatorial, surgido asimismo de una escisión por la izquierda del MONALIGE. Aunque parece haber sido fundado “dentro del país en los años 1949-1950”[10], fue constituido formalmente en 1959 por exiliados guineanos en Camerún, y su comisión ejecutiva es claramente interétnica: los bubis Marcos Ropo Uri y Luis Maho Sicahá, el fernandino Gustavo Watson Bueco y los fangs Enrique Nvo, Pedro Ekong Andeme, Clemente Ateba o José Nsue Angüe. Dos fueron las características fundamentales de este partido: su radicalismo de izquierdas y su determinación de unir Guinea Ecuatorial y Camerún tras la independencia. La primera podría ser una consecuencia de la deriva cada vez más represora del colonialismo, sobre todo a partir de 1959, como veremos a continuación, o un simple contagio de las formas al uso de los movimientos anticoloniales más ideologizados, como la Unión de los Pueblos de Camerún (UPC), de Félix Moumié; pero no se conoce ningún documento o actuación que avalara tal discurso y, como el MONALIGE, tampoco articuló su propuesta política en un pensamiento que superase el mero deseo de “echar al blanco”, como afirmó más de un líder; no había, pues, un programa que avalase ese aura de “radicales” que siempre le rodeó, y que podemos atribuir a la contrapropaganda de signo colonialista. La actuación de sus dirigentes lleva a pensar más bien en una ideología liberal en lo político y en lo económico; lo cual explicaría los bandazos de sus principales dirigentes, alguno de los cuales, como Luis Maho, que sustituiría a Nvo en la presidencia del partido, aceptó cargos en el Gobierno Autónomo constituido por Bonifacio Ondo Edu en 1964, al dictado de Carrero Blanco; otros militantes destacados se pasarían al MUNGE. Convenientemente orquestado por la propaganda colonial, su compromiso de federarse con Camerún tras la independencia -anunciado y defendido por Maho en una conferencia internacional en Uagadugú, Burkina Faso, y contemplado en el artículo 3º de sus estatutos- restó al IPGE apoyos dentro de Guinea, hasta que fue suprimido en la reunión de Ebolowa en marzo de 1962, a propuesta de Agustín Eñeso y Esteban Nsue Ngomo. Algunos militantes del IPGE atribuyen a “necesidades financieras” aquella insólita propuesta, bien instrumentalizada por el estamento colonial; el propio Maho se justificaría posteriormente con el argumento de que “no sabía francés” y “firmé lo que me pusieron”.

El decreto de “provincialización”, del 10 de enero de 1958, fue un revulsivo para la sociedad guineana. Las autoridades españolas esperaban que sería recibido con alborozo, al equiparar jurídicamente a colonizados y colonizadores y aliviar los efectos más ingratos de la interacción entre blancos y negros. En vez de ello, arreció la oposición anticolonial: los nacionalistas exiliados protestaron ante la ONU, mientras en el interior crecía la oposición a la medida. Enrique Nvo, líder del IPGE, opinaba que el nuevo estatuto estaba destinado a impedir la independencia, pues vaciaba de contenido las principales reivindicaciones de los nativos, que ya no serían considerados sujetos coloniales, sino ciudadanos –“súbditos”, en la terminología de entonces- españoles. El IPGE convocó una reunión en Santiago de Baney (Fernando Poo), a la que asistieron, entre otros, Felipe Ndjoli, Alberto Mbande, Federico Ebuka y Pastor Toraó. Los congregados acordaron oponerse a las maniobras españolas y comisionaron a Nvo para que viajase a Camerún y utilizara sus contactos con el independentismo local para hacer llegar a la ONU un escrito que denunciaba la “provincialización” y exigía la independencia. Nvo llegó a su pueblo, Mbé, en el distrito de Micomeseng, donde cruzó el río Campo (Ntem), fronterizo con la colonia francesa. A partir de ahí se pierde su pista, existiendo varias versiones sobre su desaparición: para unos, “un soplón” habría comunicado a la policía colonial los pormenores de su misión, y habría sido asesinado por guineanos pagados por el gobernador Ruiz González; para otros, Nvo fue asesinado por instigación del gobierno autónomo camerunés –presidido por Ahmadou Ahidjo, que después sería el primer presidente del país- al negarse a ratificar el “compromiso” de federar ambos países tras la independencia.

La desaparición de Enrique Nvo conmocionó al independentismo guineano, y sólo tuvo como consecuencia la huida hacia el exilio de numerosos nacionalistas, que redoblaron sus esfuerzos para acabar con la colonización. En julio, el IPGE presentó ante la ONU una petición formal de independencia, al tiempo que denunciaba la “provincialización” como una argucia de los españoles para impedir el acceso a la soberanía. Se constituiría oficialmente como partido político en Ambam (Camerún), a principios de 1959.

Tras la “provincialización” oficial y la desaparición de Nvo, el MONALIGE, por su parte, también se reafirmó en su determinación de proseguir la lucha por la independencia. En una reunión clandestina que tuvo lugar en Kogo el 10 de junio de 1959, los asistentes (Atanasio Ndong Miyón, Agustín Bibang, Miguel Aloo, Eduardo Makambo, Rafael Dámaso Sima, Ramón Ela, Adolfo Obiang Bikó y otros) resolvieron “potenciar la extensión de las bases nacionalistas en toda Guinea” y enviar al exilio a guineanos voluntarios, con el fin de activar la propagación “de los fundamentos de un cambio revolucionario que se preveía irreversible”, cursar solicitudes de asilo en los países vecinos, cuya independencia ya tenía fecha, y “canalizar los contactos con los Estados africanos ya independientes y con las Naciones Unidas”. A partir de entonces, Ndong Moyón y sus seguidores multiplicarían aún más sus frecuentes viajes clandestinos a las localidades guineanas fronterizas con Gabón. Es también en esta época (1959-1960) cuando el MONALIGE crea un sindicato de inspiración cristiana, la Unión General de Trabajadores de Guinea Ecuatorial; se producen contactos continuos de colaboración activa entre los opositores del interior (Bonifacio Ondo Edu, Francisco Salomé Jones…) y del exterior, así como los acuerdos de concertación entre el MONALIGE y la IPGE.

A mediados de 1959, llegaron a Guinea los primeros efectivos de la Guardia Civil, fuerza de seguridad más eficaz en las tareas policiales que la obsoleta Guardia Colonial (que pasó a llamarse Guardia Territorial). Entre sus 350 efectivos, desplegados en cinco distritos de Fernando Poo y Río Muni, no había un solo guineano, para evitar las complicidades con los nacionalistas detectadas en la Guardia Colonial, compuesta por oficiales blancos y suboficiales y tropas nativas. A medida que España completaba el ordenamiento jurídico de la “provincialización”, arreciaba la represión. Su punto culminante fue la detención y asesinato de Acacio Meñe Ela, cabeza visible del MONALIGE en el interior, el 28 de noviembre de 1959[11]. Meñe fue detenido en Bata, cerca de la Misión Católica, cuando salía de entrevistarse con el padre Antonio Cañigueral, “gran amigo suyo”; aunque otras fuentes aseguran que acababa de confesarse con el padre Nicolás Preboste, vicario general; trasladado al cuartel de la Marina, al parecer fue brutalmente torturado y luego embarcado en un buque que zarpaba hacia Fernando Poo, pero no llegó a la isla. Desde entonces se cree que fue arrojado al mar.

Si la muerte de Enrique Nvo conmocionó al país, este nuevo crimen resultaría un revulsivo. El gobernador Ruiz González reactivó la represión. Fueron detenidos numerosos maestros, funcionarios y gente destacada de las que se sospechaba una proclividad con las ideas soberanistas; entre otros, Justino Mba Nsue, Federico Ngomo Nandongo, Agapito Ona, José Nsue Angüe Osa, Federico Ebuka, Juan Roku, Felipe Ndjoli, Esteban Santos Ekoo, Jesús Alfonso Oyono, Salvador Ndong Ekang, Alejo Ndong... Todos fueron encarcelados y torturados, algunos con especial saña, como Salvador Ndong Ekang. Curiosamente, ninguno de los bubis y fernandinos implicados fueron encarcelados, ni otros que, como Enrique Nkuna y el sacerdote Alberto Ndong, quedaron como sospechosos. En una gira que realizó por todo el país, el gobernador Ruiz González fue muy claro: “Esos que están ahora en las mazmorras, detrás de mi palacio en Santa Isabel, llorando como mujerzuelas, que creían que ya eran algo por saber las cuatro operaciones fundamentales, conocerán dentro de poco cuán peligrosos son ciertos juegos (…) Debo recordar aquí, en Micomeseng más que en ningún otro sitio, que mi puño no temblará para firmar la sentencia de muerte de ningún desgraciado que atente contra la dignidad de España; vista el hábito que vistiere, cualquiera que atente contra la españolidad de estas tierras lo mandaré fusilar”[12]. Y los habría mandado fusilar de no oponerse el obispo de la diócesis, Francisco Gómez Marijuán, y el comandante de la Guardia Territorial, Huete, que al parecer discrepaban de los métodos expeditivos del gobernador. Se propuso el destierro de los implicados a la isla de Annobón, idea que también fue rechazada, y los nacionalistas fueron saliendo de las cárceles (Black Beach de Santa Isabel y “Modelo” de Bata), tras ocho meses o un año (según los casos) de trabajos forzados.

El ya por entonces almirante Ruiz González no actuó por su cuenta, sino de acuerdo con el ministro Subsecretario de la Presidencia, el también almirante Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco, del que dependían las colonias. Lo prueba un párrafo de uno de sus discursos durante su visita oficial a Guinea en octubre de 1962, pronunciado en Bata, en el que, tras asegurar que no era la primera vez que viajaba a aquellas tierras, añadió: “Hace poco tuve que venir a cortar la cabeza de una serpiente negra en el estuario del Muni”[13]. ¿Se refería a Acacio Meñe? En las referencias biográficas oficiales, no consta ese viaje. La verdad sólo se sabrá cuando las autoridades españolas tengan a bien abrir a los investigadores las secciones correspondientes del Archivo General de la Administración, sito en Alcalá de Henares.

En 1960, 17 países africanos obtuvieron su independencia. El colonialismo, tal como se había entendido desde finales del S. XIX hasta la primera mitad del S. XX, quedaba derrotado. Pero no por ello se agotaron las esperanzas de los “viejos coloniales”, como se llaman a sí mismos: estaban dispuestos a oponer resistencia, siguiendo los ejemplos de Portugal, y, sobre todo, de las minorías blancas de Rhodesia del Sur (actual Zimbabue) y Sudáfrica. Diversos estamentos coloniales –los “finqueros” agrupados en el sindicato del Cacao, los madereros y los funcionarios- podían resignarse ante la independencia de la parte continental, pues, a fin de cuentas, no habían conseguido dominar el miedo depositado en su imaginario hacia los belicosos fang, “fieros” y “salvajes”, a los que llamaban pamues. Pero Fernando Poo era distinto: consideraban “pacíficos” y “más civilizados” a sus habitantes autóctonos, los bubis; allí residía la inmensa mayoría de los colonos, allí se había invertido más dinero, allí el nivel de vida era más próspero. Por eso muchos colonos consideraron que la independencia no debía alcanzar a las islas, sino sólo a Río Muni.

A tenor de los datos conocidos, el gobernador Ruiz González se situó a la cabeza de una operación involucionista, que pretendió impedir una independencia unitaria de la “región ecuatorial”, manteniendo Fernando Poo como una provincia, un protectorado o un Estado asociado a España, controlado por la minoría blanca. En el verano de 1961, algunos colonos concibieron la idea de convertirle en “abba” (“sacerdote supremo”, que muchos desconocedores de la tradición bubi interpretaron como “rey”). A tal efecto, se convocaron reuniones con jefes tradicionales y demás notables bubis en Ruiché y Bocoricho. No prosperó la idea, porque los bubis adujeron que ése no es un cargo electivo ni político, sino una representación espiritual hereditaria dentro de una familia determinada; la habilidad de ciertos bubis logró ir posponiendo una ceremonia que describían como muy complicada, que incluía muchas consultas rituales con los espíritus de sus antepasados y requería que el gobernador se casase con una joven virgen de una familia principal, y al gobernador, recalcitrante soltero, se le tenía por “misógino”; se mezclaron los temas políticos, pues muchos de los bubis más influyentes recordaron el rosario de agravios infligidos por los colonizadores, en especial la represión desencadenada sesenta años antes tras el levantamiento del jefe balachá Esasi Ebuera, más conocido como “Sas Ebuera”; como los promotores de la propuesta la habían disfrazado bajo el argumento de que sería un “homenaje a España”, que protegería así a los bubis, algunos nativos propusieron arrendar la isla a España “y después se vería”; muchos bubis expresaron su desconfianza hacia los colonos, pues se sentían aturdidos por la “provincialización”, ya que algunos colonos racistas se empeñaban en seguir llamándoles “monos” aunque fueran “españoles”; en resumen, los bubis no vieron claro el asunto, y la “coronación” se redujo a un descafeinado “homenaje”, con promesa de nombrar “botuku” (persona destacada de un lugar) al gobernador, en un acto propiciado por la Diputación Provincial –presidida por Javier Alzina- con motivo del “Día de la Provincia”, en agosto de 1961[14]. Contrariados sus deseos, el 18 de diciembre de ese mismo año Ruiz González salió hacia España, oficialmente para tomar sus vacaciones, pero ya no regresó.

El fracaso de sus aspiraciones, y el ridículo consiguiente, determinaron la dimisión –cese para algunos- del gobernador Ruiz González. Todavía se desconoce si el almirante Carrero Blanco conocía las pretensiones de su hombre en Santa Isabel; determinados indicios permiten sospechar que sí, aunque aún no hay respuesta a la duda sobre si las compartía. Existen diversos testimonios de destacados “coloniales”, entre ellos el de José Menéndez Hernández, quien escribe: “Para Carrero Blanco la situación de la Guinea era clara. Los nativos de Fernando Poo, los bubis, no deseaban separarse de España. Querían constituir un Estado asociado con la metrópoli. Los que sí postulaban una independencia total eran los fang del Continente. Por ello el Almirante pensaba que hubiese sido más acertado propiciar el nacimiento de dos estados diferentes”[15].

Puede afirmarse, pues, que el largo mandato de Faustino Ruiz González, el gobernador más longevo en su cargo -después de Ángel Barrera, a principios del siglo XX-, se caracterizó por los intentos de impedir por la fuerza la evolución política de Guinea Ecuatorial, mediante la represión y la división de las fuerzas políticas nacionalistas. Fracasó, obviamente, al no lograr impedir la independencia, ni consumar la secesión de Fernando Poo. Poco después de tomar posesión en febrero de 1962, su sucesor, el contralmirante Francisco Núñez Rodríguez, hasta entonces secretario general del Gobierno General, inició una política conciliadora con los independentistas. Presionado por los grupos soberanistas y por las circunstancias internacionales, el Gobierno español tuvo que cambiar radicalmente de actitud; pocos meses después, en octubre de 1962, el propio Carrero declaraba que “España no se opondrá si en el futuro la mayoría deseara modificar en algún aspecto su estatuto actual”, reconociendo así la posibilidad de una independencia que un grupo de nacionalistas le acababa de exigir por escrito en Baney. Menos de dos años después, las “provincias ecuatoriales” pasaron a tener un régimen autónomo que otorgó a los guineanos un amplio abanico de libertades, como la existencia de partidos políticos y sindicatos, y el regreso de los exiliados, de las que no gozaban los propios españoles, preludio de la independencia proclamada el 12 de octubre de 1968.

Si quieres más información no dejes de consultar:

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[1] Para no repetir datos de sobra conocidos, remito a mis libros Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial, Edit. Cambio 16, Madrid, 1977; y España en Guinea (con Mariano de Castro), Ediciones Sequitur, Madrid, 1998.

[2] Ela Abeme, Francisco: Guinea, los últimos años; Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1983; ver también Ndongo-Bidyogo, Donato: obs. cits.; “Una merienda de blancos (Descolonización de Guinea Ecuatorial 1936-1968)”, en “Historia 16”, Madrid, núm. Extra, “España en África”, abril 1979, y “España y Guinea (1958-1968”, en “Historia Universal, s/f. Los datos contenidos en estos trabajos proceden de diversas entrevistas realizadas a personalidades del nacionalismo histórico, como Elías Maho Sicachá, Esteban Nsue Ngomo, Justino Mba Nsue y Andrés Moisés Mba Ada.

[3] Testimonio de Celestino Okenve a Xavier Lacosta: “Cronología de Guinea Ecuatorial: de la pre-independencia (1948) al juicio de Macías (1979)”, en Internet. Conviene precisar que el ministro del Aire en la época era el general y aviador Eduardo González-Gallarza.

[4] Justino Mba Nsue en la VII sesión de la Comisión Política de la Conferencia Constitucional, Madrid, 10 de noviembre de 1967. Actas de la Conferencia Constitucional, inéditas.

[5] Enénge A´Bodjedi: Cuentos Ndowe I, Ndowe Internacional Press, Nueva Cork, 2003, págs. 205-207. Cf. “Los pastores presbiterianos ndowe”, en “Oráfrica, revista de oralidad africana”, nº 4, abril de 2008, pág. 73-100.

[6] El profesor Eugenio Nkogo Ondo fue testigo de los acontecimientos. Ver su ponencia “La Guinea Ecuatorial: Reminiscencia histórica. Experiencia de las luces y de las sombras de un proyecto político”, en “International Conference: Between Three Continents: Rethinking Equatorial Guinea on the Fortieth Anniversary of its Independence from Spain”. Hofstra University, Nueva York, 2-4 abril 2009.

[7] Todos los “seguidores”, excepto los dos últimos, alcanzaron el sacerdocio y ejercieron en Guinea.

Enrique Gori Molubela sería después presidente de la Diputación de Fernando Poo, presidente de turno de la Asamblea en el Régimen Autónomo, y durante la Conferencia Constitucional se revelaría como uno de los referentes más sólidos del separatismo bubi. Juzgado arbitrariamente en diciembrede1969 por la intentona golpista de Atanasio Ndong de marzo anterior, y condenado a 25 años de prisión, fue asesinado en la cárcel en 1972.

Vicente Castellón Ntayo fue destacado dirigente de la Unión Annobonesa, partido de corte tribal fundado durante el Régimen Autónomo. Participó en la Conferencia Constitucional. Uno de los pocos supervivientes a la tiranía de Macías, ocupó cargos menores con éste y en la primera etapa de Teodoro Obiang.

El P. José Esono fue asesinado en la cárcel de Black Beach en 1976.

[8] La población total (europeos y africanos y todos los grupos étnicos) evoluciona de los 171.381 habitantes censados en 1942 a los 245.989 de 1962. Ver diversas estadísticas publicadas por el Instituto de Estudios Africanos (IDEA), Dirección General de Marruecos y Colonias –después Dirección General de Plazas y Provincias Africanas-, Presidencia del Gobierno.

[9] En efecto, se logró una escisión del MONALIGE por la derecha, pues Bonifacio Ondo Edu fundó en Libreville la conservadora Unión Popular de Liberación de Guinea Ecuatorial (UPLGE), que, cooptada por el colonialismo, se convertiría en Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial (MUNGE), partido con el que conseguiría “gobernar” durante el Régimen Autónomo.

[10] Según uno de sus dirigentes históricos, Clemente Ateba, en la VII Sesión de la Comisión Política de la Conferencia Constitucional, Madrid, 10 de noviembre de 1967. Actas de la Conferencia Constitucional, inéditas.

[11] Eugenio Nkogo Ondo, creemos que erróneamente, señala como fecha de este crimen el 20 de noviembre de 1958 (ver documento citado); lo cierto es que la “desaparición” de Enrique Nvo es anterior al asesinato de Acacio Mañe.

[12] Ela Abeme, Francisco, ob. Cit., págs. 51-52.

[13] Ela Abeme, F., ob. cit., pág. 55.

[14] El Dr. Armando Ligero Morote, alcalde de San Carlos (hoy Lubá) en 1961, relata estos hechos en el núm. 8-9, 1990, de la “Revista de Estudios Africanos”, editada por la Asociación Española de Africanistas, de la era entonces presidente.

[15] Menéndez Hernández, José: Los últimos de Guinea. El fracaso de la descolonización”, Sial Ediciones, Madrid, 2008; pág. 412. Lo cual coincide con toda la actuación del almirante Carrero, ya vicepresidente del Gobierno español, durante la conferencia constitucional y las posteriores elecciones de 1968.

Fuente: Donato Ndongo-Bidyogo, Seminario  Internacional “Actores Coloniales españoles y Espacios Africanos SS. XIX-XX":

jueves, 3 de julio de 2025

Ganarse el cielo

Es cierto, el cooperante ha venido al mundo para sufrir, o como decían las abuelas «a ganarse el cielo».

Por eso, no nos extraña que a mediados del año pasado, un medio digital diera cuenta de las penurias económicas del veterano Donato Ndongo-Bidyogo y añadía el propio entrevistado que «no hablemos ya de la cuantía, porque debería tener una pensión más elevada, pero la Agencia de Cooperación Internacional, la institución encargada de financiar al Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo y a la Agencia EFE, no cotizó a la seguridad social los 10 años que estuve trabajando en ambas instituciones. La Seguridad Social me envió una carta donde me decía que, sin una sentencia judicial firme, no me pueden reconocer esos años de trabajo...».

El Diario.es lo había adelantado unos días antes: «El opositor ecuatoguineano reside en la Región desde 1995 y denuncia que las presiones de la dictadura de su país en España lo han llevado a ser desahuciado de su casa».

Es una historia muy común; en el aluvión de cooperantes ochenteros iniciado por el Ministerio de Exteriores durante la administración Suárez -previo a la creación de una agencia de cooperación y preludio a lo que se llamó en el mundo académico como la cooperación de sustitución- se dejaron sin realizar aportes a la seguridad social del personal expatriado y del personal local durante década y media. 

En esa época, en la que eran jóvenes, tal vez no se le dio importancia. Pero si tenemos en cuenta que durante un largo periodo la cooperación española, que asumía funciones de Estado en una multitud de sectores básicos, fue la principal fuente de empleo del país... la tragedia está garantizada. 

Así, son recurrentes las experiencias de profesionales con historia ecuatoguineana que cuando tienen que hacer cálculos para su jubilación descubren un vacío vital en su vida laboral y se ven obligados a recurrir a la justicia (con resultados aleatorios y arbitrarios) o a demorar el ganado descanso para arañar unos años y mejorar la pensión.

Son historias comunes.. Tan sólo un ejemplo: «En la demanda se manifiesta que la actora [una desconocida Doña Esperanza] ingresó en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado el 1 julio 1975, cesando el 31 diciembre 1980 que pasó a la excedencia voluntaria. Estando en excedencia fue contratada el 30 octubre 1989 por el Embajador de España en Guinea Ecuatorial para prestar servicios como profesora en el Colegio Español de Bata, en el Programa de Cooperación Española en Guinea Ecuatorial. Ese contrato fue de carácter temporal y local, con una duración determinada hasta el 30 junio 1990. Ese trabajo se realizaba con cargo a los Presupuestos del Programa de Cooperación. Finalizado ese contrato temporal, la actora suscribió otro contrato laboral de igual naturaleza y con idéntico clausulado el 12 octubre 1992 hasta el 30 junio 1993. Previamente a estos contratos había prestado servicios en Guinea como Maestra durante tres periodos de tiempo, un total de 4 años 9 meses y 13 días, periodo de tiempo certificado como de servicios en el Cuerpo de Maestros. Durante el periodo de tiempo que estuvo contratada en bata, la Administración española no le dio de alta ni cotizó en la Seguridad Social española, quedando al descubierto durante ese periodo de tiempo mencionado...».

Ayer publicaba The Objective: «El prestigioso historiador guineano Donato Ndongo, al borde del desahucio en Murcia (...) La amenaza de desahucio que hoy pende sobre su familia sería no sólo una muestra de desprecio hacia el propio Ndongo, sino un ejemplo más del abandono por parte de España a Guinea Ecuatorial. La sociedad democrática española debería movilizarse ahora a favor de Ndongo, como una forma de mostrar también solidaridad con la democracia en Guinea Ecuatorial».

Las redes sociales arden de solidaridad y contradicciones; desde quienes lamentan la desgracia del máximo responsable africano de las letras en español y eterno candidato al Princesa de Asturias de las letras, hasta quienes como Abuy Nfubea recuerdan cómo fue utilizado para eliminar al notario Antonio García Trevijano del tablero político español en beneficio de Felipe González. 

Alberto Quintana, antiguo coordinador general de la cooperación española en Malabo lo recordaba en El despropósito Ecuatorial, citando al propio Donato Ndongo: «¿Podemos permitir que la persona que está asesorando a Macías -que mata a nuestros familiares y compatriotas y nos hace estar en el exilio- sea mañana el que mande en España? Y la respuesta fue clara: tenemos que decir quién es en realidad este señor. Y eso hicimos. El dossier Trevijano lo elaboré yo en mi casa con informaciones que me dieron muchos compatriotas y compañeros de lucha, algunos ya muertos. García-Trevijano anda diciendo que el PSOE me pagó un millón de pesetas y eso no es verdad, además de que en 1976 el partido socialista no tenía ese dinero. 

El dossier se lo entregué yo personalmente a todos los partidos integrantes de la Platajunta. Lo dejé en el despacho de Gil-Robles, a su hijo porque él no estaba; en mano a Don Joaquín Ruiz Jiménez; se lo di a Ramón Tamames; también a Enrique Múgica y a Luis Yáñez, del PSOE. Los de este partido fueron los únicos que reaccionaron, por eso se llevaron el protagonismo en ese momento, no porque me pagaran a mí. 

Efectivamente, la democracia y la libertad de la que disfruta España ahora se nos debe en parte a nosotros, no quiero personalizar. Fue un trabajo que hicimos un grupo de demócratas guineanos a los cuales se nos prometió que, cuando llegase la democracia a España, esos mismos políticos se ocuparían del tema de Guinea. Y aún sigo esperando».


Donato Ndongo, entregando un recuerdo (escultura de Leandro Mbomío) a Cristina Almeida, tras una Tertulia en el Colegio Mayor Universitario “Nuestra Señora de África”. Madrid, 1983.


En este paseo por la vieja calle 19 de septiembre de Santa Isabel, valoramos también cómo su empeño por investigar y documentar la conexión guineana de la Gürtel del gobierno de derechas de la II República, con un desconocido A. Lerroux a la cabeza, permite entender el quiebre institucional de 1936 con las derechas acusando de ilegítimo al gobierno frankenstein del Frente Popular, dando finalmente un golpe de Estado en julio.

Con o sin viejas historias, el caso es que el desalojo de la vivienda EJH 72/16 es más que probable que se vea practicado por una Comisión Judicial el 7 de Julio DEL 2025 a las 10:30H HORAS.

Diferentes colectivos como Espacio Afro han hecho público cuentas bancarias para recibir apoyos económicos. 

Espacio Afro recalca en su comunicado: «Aunque el proceso administrativo del desahucio es inminente e imparable, es fundamental ofrecer a Donato y su familia una solución habitacional digna. Se trata de ayuda de emergencia por lo que, de momento, la solución más inmediata es recoger recursos con el objetivo de que puedan alquilar una vivienda. No obstante, a fin de solventar a largo plazo su situación, lo idóneo sería que tantos sus saberes como su trabajo se reconocieran y pudiera ser contratado en algún lugar donde le valoren como se merece.

Esta iniciativa surge desde una posición de reconocimiento del abandono institucional que Donato Ndongo ha sufrido durante años, un proceso de invisibilización y maltrato institucional con una enorme carga de violencia histórica».

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No es nuestra especialidad, pero sobre la dignificación profesional de los cooperantes en Guinea Ecuatorial tenemos una que otra entrada:

En recuerdo de los cooperantes fallecidos o en Que me muera de tétano.



martes, 15 de octubre de 2024

Lectura contra la amnesia de la colonización

En Novelas contra la amnesia de la colonización, Lucía Hellín Nistal recomienda 3 (ó cuatro) lecturas imprescindibles contra la desmemoria colonial. Te compartimos el fragmento más vinculado a Guinea Ecuatorial, pero no dejes de leer el artículo completo con las «historias que recorren tres novelas y un ensayo que, desde distintos ángulos, inciden en las raíces colonialistas imperialistas españolas, tan borradas desde un presente con amnesia selectiva que sirve para justificar el expolio y la violencia del imperialismo actual. Cuatro textos y cuatro autores que merece la pena recorrer, especialmente en estos días que rodean la celebración patria del 12 de octubre que con himnos y banderas tapa ese origen sangriento y exige silencio mientras la Unión Europea -y el gobierno del Estado español- se arma hasta los dientes, protege e incentiva a sus empresas extractivistas por el mundo, militariza las fronteras y mantiene los pactos con el estado genocida de Israel»:

Los poderes de la tempestad

Donato Ndongo es uno de los escritores ecuatoguineanos más conocidos internacionalmente, impulsor del africanismo en España, periodista, historiador, antiguo director del Colegio Mayor África de Madrid o el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Murcia. Desde cada uno de estos ámbitos el centro de su trabajo ha estado en la denuncia del colonialismo español sobre Guinea Ecuatorial, y la relación de ese pasado con el difícil presente del país tras su independencia, precisamente un 12 de octubre, en 1968. Es este impulso el que dio vida a la novela Los poderes de la tempestad (Sequitur, 2022), publicada originalmente en 1997, reeditada en 2014 y de nuevo hace un par de años, con intacta vitalidad.

Se trata del segundo libro de una trilogía hasta que comenzó en 1987 con la conocidísima novela Las tinieblas de tu memoria negra (Sequitur, 2022). En Los poderes de la tempestad se relata el regreso a Guinea Ecuatorial de un joven tras pasar varios años formándose como abogado en España. El viaje, que realiza junto a su mujer española y su hija, se convierte pronto en una pesadilla expuesta a través de descripciones que no eluden la podredumbre más absoluta: “entre patas de mono sanguinolentas, bananas podridas y antílopes rebozados en un enjambre de moscas”; a la vez fotografía y metáfora de la decadencia y el dolor de los fusilamientos, la tortura y la cárcel que van apareciendo a lo largo de las páginas de la novela.

El propósito del protagonista era contribuir a la mejora de la situación del país, tomado por la dictadura de Macías tras un dudoso proceso de independencia de la España franquista. Pero el abogado se enfrenta nada más llegar a una distancia con una tierra de la que comenzó a ser alejado aún antes de abandonarla mediante una educación colonial católica, acrecentada durante sus años en Madrid, que ahora explota ante un país destrozado y extraño:

“Dios mío, ayúdame a sobrevivir en este mundo que es el mío pero que ya se me escapa como si no fuera el mío, tengo tanta confusión en mi alma como si me despertara de repente en una tierra ajena, mi mentalidad ha cambiado tanto que ya no me reconozco como negro, como bantú, como africano, como guineano nacido en la misma tribu, en el mismo clan, en el mismo poblado, entre la misma gente que el primo Mbo”.

La primera persona de la narración expresa esta distancia y también la sorpresa ante el cierre informativo: “¿No llegan a España noticias de Guinea? ¿No sabéis allí que esto se ha convertido en un infierno?”. Se mezcla, sin embargo, con el relato en segunda persona que parece dirigirse directamente al protagonista, o tal vez al lector, haciendo su sufrimiento nuestro y nuestra su obsesión por dar a conocer la historia de su tierra.

Y siguen sin llegar noticias, por eso tal vez no habrás leído que ahora mismo el presidente Obiang, en el cargo desde 1979, está dirigiendo una gran represión contra la provincia de Annobón, una pequeña isla donde se levantan contra la destrucción de sus tierras por parte de empresas y multinacionales con las que el dictador mantiene acuerdos.

martes, 7 de mayo de 2024

La "denuncia Nombela" o "Caso Tayá"

La "denuncia Nombela" o "Caso Tayá" es una historia vieja... la gobierno de derechas de la II República tuvo su propia caja B, su propio comisario Villarejo, su respectivo conseguidor como el pequeño Nicolás  y un desconocido A. Lerroux que acabó generando la caída del gobierno de derechas en la II República... caída inesperada para los partidos que integraban la coalición, y cuya frustración por la consecuente victoria del Frente Popular desencadenó la ruptura del 18 de julio de 1936.

No es que lo digamos nosotros, incluso entre la documentación elaborada por José Antonio Primo de Rivera en la prisión de Alicante, se incluye la referencia al "Asunto de Guinea..." como parte de su "síntesis moral" de los motivos que condujeron a la "rebelión" en julio de 1936.


Vapor Príncipe de Asturias (Tayá).





Y, además, te lo cuenta el profesor Donato Ndongo en: Guinea Ecuatorial durante la II República. El ‘escándalo Nombela’. Implicaciones de un caso de corrupción colonial:

La cuestión colonial jugó un papel determinante en aquel proceso de desintegración política que desembocaría en la guerra de 1936. Preguntas importantes siguen siendo si los diversos partidos republicanos, el socialista, el comunista, los radicales, los anarquistas y todas sus derivaciones concibieron y propusieron una política colonial propia y si intentaron llevar a la práctica nuevos modelos de relación con los colonizados según sus propuestas ideológicas.

Mucho avanzaron los estudios sobre la historia de Guinea Ecuatorial desde la aparición de mi Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial [1]. Pese a tan estimulante perspectiva, que nos permite tener un mayor conocimiento del conjunto de las realidades coloniales, ocultas durante siglos, los historiadores apenas se han adentrado en un período cuya brevedad no menoscaba su importancia: la II República. Salvando algún acontecimiento tratado de modo aislado –el asesinato del gobernador Gustavo de Sostoa en Annobón, o la sublevación militar en Fernando Poo y la Guinea Continental–, permanece aún oscura la política colonial formulada y ejecutada en España durante el régimen surgido en 1931. Especial significación adquiere esta omisión al constatar la profusión de estudios y análisis consagrados a la II República por especialistas españoles y extranjeros. Desde nuestro punto de vista, que no llegase a cuajar, debido a la interrupción de la Guerra Civil, no resta  interés a un conocimiento que, cuando menos, permitiría contrastarlo con las políticas coloniales conservadoras de la Restauración y el franquismo, poniendo de manifiesto las ideas y programas de los grupos liberales y las izquierdas, fuerzas políticas excluidas en ambos períodos, pero que asumirían mayor protagonismo en la política española entre 1931 y 1936. A este respecto, preguntas importantes siguen siendo si los diversos partidos republicanos, el socialista, el comunista, los radicales, los anarquistas y todas sus derivaciones concibieron y propusieron una política colonial propia; si intentaron llevar a la práctica nuevos modelos de relación con los colonizados según sus propuestas ideológicas; si se limitaron a gestionar una situación que, de alguna manera, les venía impuesta por los hechos; si hubo ideólogos o teóricos, cómo lo hicieron y con qué resultados. En definitiva, urge llenar el vacío existente sobre la postura de los movimientos políticos y sociales progresistas de la metrópoli ante la colonización y la descolonización de las posesiones españolas en África. Enuncia la cuestión el muy importante estudio La idea colonial en España, de Roberto Mesa, pero puede considerase insuficiente; apreciación que requiere una justificación, resultante del análisis de la obra, pero nos alejaríamos de modo excesivo de los objetivos de nuestra exposición[2].

Guiado por mi irrefrenable curiosidad, génesis de toda mi obra, intenté hallar respuestas a tales cuestiones. Fruto –provisional– de mi indagación es un volumen inédito, La II República y la cuestión colonial, gestado en 1977, continuado hasta 1980, retomado hace varios meses, y en cuya versión definitiva trabajo en la actualidad. Hoy les presento un fragmento, escogido de manera deliberada, a mi parecer suficientemente ilustrativo: el conocido como escándalo Nombela. De gran impacto político y mediático en su tiempo, continúa vigente, como ejemplo prístino de las divergentes –mejor diría contrapuestas– concepciones de los métodos y objetivos de la presencia española en la actual Guinea Ecuatorial; o, si se prefiere, de lo que algunos denominan “los intereses de España” en la ex colonia. Dos modelos de entender la acción colonial claramente enfrentados, muestra de una realidad demasiadas veces olvidada, u ocultada, y por ello apenas perceptible para la sociedad española y la sociedad guineana. Y por más empeño que se ponga en manipular tales realidades, emerge siempre la verdad sobre las intenciones ocultas; así, determinadas  actuaciones que se producen en Guinea, o con relación a ella, terminan influyendo en la historia de la metrópoli, y, por tanto, en la vida política y personal de los propios españoles. De ahí su importancia. En el futuro, con sosiego, podrá contraponerse a otros episodios, como el caso Trevijano, también insuficientemente calibrado para la cabal comprensión del rumbo adquirido por la política española tras la muerte del general Francisco Franco.  

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Aclaraciones previas: Mantuve, durante el transcurso de esta investigación, numerosas, interesantísimas y extensas entrevistas con el protagonista principal de este episodio,  Antonio Nombela, en su residencia del Paseo de La Habana, Madrid; la primera, el 30 de enero de 1979; la última, el 15 de enero de 1980. También deseo dejar constancia de que un extracto de este capítulo fue publicado en la revista Historia 16, en 1981[3].

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En la sesión de las Cortes del 26 de julio de 1935, al contestar a la interpelación del diputado independiente Dionisio Cano López sobre las razones de la destitución del inspector general de Colonias, Antonio Nombela[4], y del secretario general de Colonias,  José Antonio de Castro,  José María Gil-Robles –líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y ministro de la Guerra desde el acceso al poder de la coalición conservadora, integrada por la CEDA, el Partido Radical de Alejandro Lerroux y otras formaciones menores, tras las elecciones de noviembre de 1933–, había afirmado que se abriría un expediente y, si de él no se derivaban responsabilidades para los funcionarios  cesados, éstos serían repuestos en sus cargos y rehabilitados. Con esa esperanza, el ex capitán Nombela realizó en los meses siguientes numerosas gestiones ante miembros del Gobierno y del Parlamento; al resultar infructuosas, y con el fin de “restablecer su honor”, presentó el 28 de noviembre un largo memorándum al presidente de las Cortes, Santiago Alba, en el cual explicaba los motivos de su cese y pedía ser reintegrado en sus funciones.

El Partido Radical –segunda fuerza política en aquellas Cortes, tras la CEDA– recabó para sí el derecho de plantear la cuestión en el salón de sesiones, dándole estado parlamentario, y solicitó, por boca de su diputado Fernando Rey Mora, se arbitrasen los medios para que se esclarecieran las responsabilidades. Los republicanos conservadores, por medio de Miguel Maura, evacuaron consultas con Unión Republicana, el grupo de Martínez Barrio; con Izquierda Republicana, de Augusto Barcia, y el Partido Republicano Progresista, de Cirilo del Río, con quienes acordaron “hacer los esfuerzos imaginables” para que el tema quedase aclarado. Dada la gravedad de los hechos denunciados, Maura amenazó con recurrir a la interpelación en caso de que los radicales intentaran entorpecer la investigación. Por su parte, el presidente del Gobierno, el radical Joaquín Chapaprieta, intentó impedir la discusión de la denuncia en comisión parlamentaria, argumentando que debía ir a informe de la Comisión de Peticiones “por tratarse de una cuestión no planteada por miembros de la Cámara”. Introducida por el propio presidente de las Cortes, se dio lectura al extensísimo informe redactado por Antonio Nombela, al que se acompañaba gran número de documentos.

Nombela exponía que fue nombrado inspector general de Colonias por el entonces jefe del Gobierno, Ricardo Samper, el 29 de agosto de 1934. No conociéndose previamente, su nombramiento respondía al deseo de que elaborase un programa concreto de política colonial, desde un planteamiento eminentemente técnico. Le asignaron como colaboradores al secretario general de Colonias, José Antonio de Castro Martín, y al gobernador general de Guinea, Ángel Manzaneque. Apenas iniciada la labor encomendada, se produjo una crisis ministerial, y Samper fue sustituido por Alejandro Lerroux, y al subsecretario de la Presidencia, Boixareu, reemplazó Guillermo Moreno Calvo. Afirma Nombela que, al poco tiempo tuvo “la triste convicción de que a la incompetencia y al absoluto desinterés por la obra colonizadora se unía en el nuevo subsecretario un afán de dificultar toda labor que no respondiese exclusivamente a determinados propósitos que como único fin parece que allí le llevaban”.

Presagios confirmados a los pocos días de la toma de posesión del nuevo equipo ministerial, cuando Nombela fue llamado por el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, para advertirle “sobre la clase de personajes que habían entrado en la Presidencia y sus anejos y sobre sus seguras intenciones”. El presidente añadió que tenía referencias de la probidad del inspector general, por lo que estaba seguro de que “sería el valladar que firmemente se opusiese a cuantos desmanes se pretendiesen realizar” en relación con las colonias. Le rogó, asimismo, que nunca dimitiese y resistiera a cuantas presiones recibiera de sus nuevos superiores, asegurándole que siempre encontraría respaldo moral en la Presidencia[5].

En consecuencia, trató de oponerse por todos los medios a que prosperasen estos designios, lo cual le hacía cada día más difícil el desempeño de su cometido. Entre los manejos del nuevo equipo destacaba una petición de indemnización suscrita por la Compañía África Occidental, S. A., propiedad del naviero catalán Antonio Tayá, por un valor de 524.832 pesetas. El subsecretario Moreno Calvo presionó a Nombela mediante reiterados  requerimientos para que fuese abonada esta cantidad, a los que el inspector general se resistió, por entender que no era justa la indemnización. El subsecretario replicó que era necesario salvar las dificultades, por grandes que fuesen, “por cuanto el señor Tayá, cuando disfrutaba de crecida fortuna, con su dinero en Barcelona había sacado de difíciles apuros a don Alejandro Lerroux, y éste, reconocido, le había prometido corresponder cuando cambiaran las circunstancias”. Nombela, que aseguraba no conocer personalmente ni a Tayá ni a su abogado, Gómez Piñán, tuvo que recibirlos por orden del subsecretario, con la pretensión de que rectificase la opinión que tenía sobre el asunto que planteaban. En dicha entrevista, los interesados “se condolieron” de la lenta marcha de su expediente, culpando de ello al anterior director general de Marruecos y Colonias, Fernando Duque Sampayo, contra el cual hicieron “graves inculpaciones”. El subsecretario Moreno Calvo le dijo a Nombela que deseaba conocer el expediente, se lo llevó e hizo desaparecer un sobre con la firma de Tayá con el “enterado” de la notificación de que se le denegaba el pago de las 524.832 pesetas. Luego requirió a dos abogados del Estado para que estudiasen si existía algún defecto en la tramitación del expediente que impidiera materializar el pago. El informe de la asesoría acusó la falta de notificación, y no aceptó la sugerencia verbal del subsecretario, quien insistía en la urgencia del pago. Al ser devuelto el expediente a la Inspección de Colonias, causó sorpresa la falta del documento, y se observó que se había corregido la numeración con el fin de que existiera correlatividad en los documentos. Nombela se lo comunicó a Moreno Calvo, “y éste simuló que sentía desconfianza de su secretario particular e íntimo amigo D. Juan Alonso Jiménez. Prometió averiguarlo todo y castigar al causante”.

Posteriormente, Gómez Piñán pidió se instruyera un nuevo expediente, acogiéndose a lo que llamó “recurso de reposición”. Pasó el nuevo expediente a la Junta Asesora Jurídica de Colonias, encareciéndose a su presidente, magistrado del Tribunal Supremo Torres Roldán, “el interés de Lerroux en que se resolviera la cuestión”; pero la Junta rechazó el recurso. Se coaccionó de nuevo a Nombela, y Moreno Calvo –“no omitiendo epítetos” contra el magistrado–, amenazó con el despido a todos los componentes de la Junta. Volvió a salir el expediente de la Inspección de Colonias para pasar a manos del subsecretario. El abogado del Estado Manuel Gómez Acebo le informó a Moreno Calvo que habría que esperar el resultado de un recurso pendiente en el Tribunal Supremo antes de procederse a pago alguno. En efecto, el 22 de abril de 1935, el Tribunal Supremo dictó sentencia anulando la rescisión, acordada por la Administración, del contrato con la Compañía naviera, sin ordenar pago alguno, ya que, en caso de que procediera, sería objeto de expediente de liquidación por vía administrativa. Apoyado en esta sentencia, el subsecretario pretendió se procediera al pago inmediato, “ilegal y sin las debidas formalidades, no solo de la primera cantidad reclamada, sino de nuevas peticiones que la Compañía formuló en sucesivas instancias, y que el día 26 de abril de 1935 montaban 2.592.000 pesetas”.

Relata Nombela minuciosamente diversos incidentes con su superior jerárquico en su escrito a las Cortes. Así, recordaba que, estando él presente, Moreno Calvo le dijo a Gómez Piñán que, enterado de cuanto solicitaba la naviera y existiendo dinero en el Tesoro Colonial, le parecía “una solemne primada ser tan parco en pedir. Creía que debía sustituir el escrito por otro demandando siete u ocho millones que debía integrar el mencionado Tesoro”[6]. En efecto, el abogado de la empresa naviera exigió al Estado una compensación de 7.450.117 pesetas. Un sábado, hallándose Moreno Calvo en  Sevilla, Nombela expuso “discretamente” a Lerroux las irregularidades que venía observando. El presidente del Gobierno le aseguró que no sabía nada, y que incluso le extrañaba que el Tribunal Supremo hubiese fallado en contra de la Administración. Minutos después de esta reunión con Lerroux, Moreno Calvo llamaba a Nombela muy airado desde Sevilla para preguntarle qué razones había tenido para despachar con el jefe del Gobierno. Como tenía prevista para fechas inmediatas una audiencia con el presidente de la República –que al parecer no llegó a celebrarse–, y temeroso el subsecretario de que le transmitiera el tema, Moreno Calvo le comunicó a Nombela que había encontrado el informe en el cual el  Consejo de Estado ordenaba el nombramiento de un juez que estudiase y resolviese las pretensiones de la naviera, informe ignorado hasta entonces por el subsecretario de la Presidencia del Gobierno. Agregó éste que se hallaba muy satisfecho de los servicios del inspector general, por lo que le había concedido el título de comendador de la orden civil de África. Mientras tanto, Moreno Calvo se dedicó a buscar un juez que se prestara a sus designios, y nombró tal al abogado del Estado Martínez Almeida, que dimitió a los pocos días. Designó entonces al también abogado del Estado, Marín, y, como secretario suyo, impuso a Fernando Duque Sampayo, que había sido con anterioridad director de Marruecos y Colonias. Tayá, por su parte, había presentado dos nuevos escritos en los que decía conformarse con una cantidad inferior, 3.033.318 pesetas. Marín y Duque Sampayo, en el mayor secreto, resolvieron que debía abonarse a la Compañía África Occidental esta última cantidad, acordando que, para abreviar los trámites, el dinero se pagase con cargo al Tesoro Colonial; y para evitar posibles responsabilidades, el expediente pasara a dictamen del Consejo de Estado.

Pero no le convenía a Moreno Calvo aceptar la resolución del Consejo de Estado, según la cual todo lo que podría percibir la Compañía serían unas 200.000 pesetas. El subsecretario decidió jugar la última carta, y “amañó” un escrito en el cual decía que, de aceptarse la propuesta del Consejo de Estado, ésta costaría al Tesoro Colonial los siete u ocho millones que pedía la naviera. Por ello proponía, “velando por los intereses de la Nación”, se aceptara íntegramente el dictamen del juez instructor, Marín, es decir, que se pagasen los más de tres millones de pesetas, con cargo al Tesoro Colonial, con el fin de liquidar a la Compañía con un simple cheque, sin intervención de otros organismos del Estado. En esos términos se llevó el tema al Consejo de Ministros, que nombró ponentes a José María Gil-Robles, Antonio Royo Vilanova (ministro de Marina, del Partido Agrario) y Joaquín Chapaprieta, titular de Hacienda. Estos ponentes, que ni se preocuparon de conocer el expediente –los dos últimos declararon haber delegado en Gil-Robles el estudio–, “aceptaron con la mejor buena fe la propuesta, lo comunicaron a sus compañeros y por unanimidad se tomó el acuerdo” de pago.

El 12 de julio, Moreno Calvo, radiante de alegría, mostró a Nombela el acuerdo del Gobierno, ordenándole librase al día siguiente un cheque por 3.033.318 pesetas. Pero Nombela adujo que echaba de menos la firma del secretario del Consejo de Ministros, Luis Lucia, observación que suscitó la indignación del subsecretario. Poco después, el inspector de Colonias era llamado por éste para, en presencia del abogado de la naviera, entregarle una nueva orden de pago firmada por el propio presidente del Gobierno, Lerroux. Pese a que la nueva orden, por escrito, “salvaba su responsabilidad moral”, Nombela,  “convencido de que el Consejo de Ministros había sido sorprendido de buena fe”, y acompañado por el gobernador general de Guinea, Ángel Manzaneque, acudió al Palacio de las Cortes para intentar advertírselo a Gil-Robles, con el cual no pudo hablar personalmente. Un diputado de la CEDA que sirvió de intermediario transmitió textualmente al inspector de Colonias: “Dice el señor Gil-Robles que se encuentra atarugado porque, efectivamente, se ha sorprendido su buena fe y la de otros ponentes. Que si así lo hacen saber al presidente, sería provocar una crisis, que de ninguna manera interesa al país y que, como mal menor, es preferible transigir con el hecho, aun lamentándolo profundamente”. Nombela continuaba exponiendo que no hizo igual advertencia al presidente Lerroux porque en otras ocasiones se había desentendido de sus observaciones.            

Ante la desalentadora impresión que le produjo la actitud de Gil-Robles, el inspector de Colonias se dirigió al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para entrevistarse con su titular, a su vez secretario del Consejo de Ministros, Luis Lucia –líder de la Derecha Regional Valenciana, integrada en la CEDA–, definido por Nombela como “persona en la que igualmente apreciaba análogas dotes de honradez y rectitud”. Pero el ministro, por medio de su secretario, le contestó que estaba al corriente del asunto, “pero ante lo lamentable que es no poder hacer nada, no quiere molestarse”. Nombela le comunicó entonces su “decisión irrevocable, que no podría impedirse por tener ya depositados en París y en Lisboa los documentos testificales”, de poner al corriente de los hechos a la opinión pública, para que ésta “se enterase de cómo procedía la Administración, desbordada por la desvergüenza de los unos y la lenidad de los otros”. Esa misma noche,  llamó por teléfono al presidente de la República, pero, “por lo avanzado de la hora”, solo pudo hablar con el secretario de su Casa, Sánchez Guerra[7], a quien refirió la situación. La decidida actitud de Antonio Nombela, quien “estaba dispuesto a todo antes que permitir el  “expolio”,  según  sus palabras, y que fue comentada esa  misma noche entre Gil-Robles y Luis Lucia[8], obligó a ambos ministros a cambiar de parecer. Lucia acudió a la mañana siguiente a la Presidencia del Gobierno, y al manifestarle el subsecretario Moreno Calvo que en el expediente Tayá faltaba el requisito de su firma como secretario del Consejo de Ministros, le contestó que no solo no lo firmaría, sino que se lo llevaba a Gil-Robles, quien había estimado no estar lo suficientemente estudiado el asunto, y deseaba que fuera de nuevo discutido en otra reunión. “Un estudio detenido de todos los antecedentes me convenció –escribe Gil-Robles en No fue posible la paz– de la enorme irregularidad que se pretendía cometer… Como anomalía reveladora de propósitos inequívocos, además de la falta en el expediente de documentos sustanciales, figuraba un acuerdo de resolución en el que se habían eludido las formalidades usuales y habituales”.

Informado Moreno Calvo de las gestiones de Nombela, el subsecretario le preguntó, airado,  que “quién era él para oponerse y entorpecer un acuerdo del Consejo de Ministros”, a lo que respondió el inspector de Colonias: “No precisamente el titular de este cargo, por cuanto comprendo que no puedo vivir más tiempo con gente de tal moral; pero sí un español que, a sabiendas de que existen unas colonias deseosas de buena administración,  defiende con el mayor tesón que se entre a saco en el peculio de las mismas”. “En ese caso hace usted bien en dimitir –replicó el subsecretario– porque, si no, sería destituido por mí”. A ello repuso Nombela: “Siendo así, prefiero salir destituido, que para mí, en este caso, será una grandísima honra”[9]. Al día siguiente, 17 de julio de 1935, el Consejo de Ministros, celebrado bajo la presidencia de Alcalá Zamora, revocó el acuerdo de pago aprobado una semana antes. Los ministros fueron felicitados por ello por el jefe del Estado, pero, en la referencia de la reunión aparecieron juntos el nuevo acuerdo, la felicitación del Presidente de la República y las órdenes de cese de Nombela y Castro Martín.

Todo ello demostraba dos cosas: el cese de los más altos responsables de la gestión de las Colonias primaba los intereses políticos del momento sobre los intereses del Estado español; en segundo lugar, que ni Gil-Robles ni ningún otro ministro habían estudiado el expediente encomendado por el Gobierno, al contrario de lo que afirmaría en las Cortes el ministro de la Guerra. En su discurso ante el Parlamento el 26 de Julio, Gil-Robles mintió también a los diputados al negar la existencia de un primer acuerdo de pago del Consejo de Ministros, a pesar de constar lo contrario en la referencia oficial. De la honradez personal del líder de la CEDA no duda nadie, pero, como escribía el diario ABC el 29 de noviembre a propósito del affaire, era una “nota lamentable” que la negligencia y la desatención de un Gobierno facilitaran la tentativa de expolio, salvado in extremis simplemente porque las amenazas de divulgación del ex capitán Nombela impusieron el estudio y la rectificación del primer acuerdo de pago. El cese de Nombela y Castro Martín indicaba, además, que había existido una componenda entre los ministros partidarios de la revocación del ilegal acuerdo y los seguidores de Lerroux, componenda que, planeada en presencia del jefe del Estado, Alcalá Zamora, vinculaba de lleno en la injusta decisión a todas las altas instituciones. Situación aún más reprobable si se tiene en cuenta el apoyo prometido al inspector de Colonias un año antes, precisamente para que se resistiera al entramado de corrupción previsible en el equipo de Lerroux, ya salpicado por otros escándalos. En su escrito al Parlamento, Nombela señalaba “la paradoja de que de las personalidades de la actual situación a quienes he acudido directa o indirectamente para resolver con la natural rapidez este asunto, solo he recibido muestras de adhesión y reconocimiento de la justicia de una reparación oficial; a pesar de ello, nada se ha hecho en definitiva para llegar a ella. Solo disfruta de la protección oficial el que en estos asuntos aparece como acusado”.

La interpelación del diputado Cano López en la sesión parlamentaria del 26 de julio, interesándose acerca de los motivos de la destitución de los dos altos funcionarios de la Administración Colonial, motivó que el presidente del Gobierno, Lerroux, que temía, fundadamente, alusiones personales, se ausentase del hemiciclo pretextando enfermedad. “Como el ministro de Estado se levantase –recuerda Gil-Robles en No fue posible la paz– para contestar y defender al presidente del Consejo y el terreno fuese muy resbaladizo, dada la inexperiencia parlamentaria del mismo, intervine para explicar la tramitación del asunto y ofrecer a la Cámara todos los elementos necesarios para investigar a fondo sobre el mismo”[10]. Ante sus intentos de eludir el tema mediante argucias dialécticas, el diputado independiente insistió en su pregunta fundamental: por qué se había destituido a los funcionarios cuando la felicitación del presidente de la República parecía indicar una aprobación de su conducta. El ministro de la Guerra, hombre fuerte en aquella coalición radical-cedista, respondió: “la responsabilidad del Inspector de Colonias, si existiese, solo podría derivarse de un exceso de celo, de una extralimitación de las funciones que le fueron encomendadas”. Gil-Robles había propuesto, y así lo acordó el Gobierno, la instrucción de un expediente para averiguar las responsabilidades en que hubiesen podido incurrir quienes amañaron el expediente de la Compañía África Occidental. La incoación del expediente fue encomendada a un funcionario de la Presidencia del Gobierno; maniobra, para Nombela,  destinada a que jamás se depurasen de verdad las responsabilidades, pues quienes debían ordenar su instrucción eran precisamente los autores directos de las irregularidades, y, según sus palabras, “no era admisible creer que ellos mismos fueran a encartarse en tan inculpatoria documentación”. De modo que a Gil-Robles le constaba la inexistencia de tal expediente cuando aseguró en sede parlamentaria que se  exigirían responsabilidades, sin cuya sustanciación, dijo, no se podría seguir hablando del tema de las destituciones de Nombela y Castro; y prometió que las Cortes conocerían “en breve” las conclusiones, para que los diputados realizaran su misión fiscalizadora de la actuación del Gobierno. Sin embargo, desde la destitución de Nombela y Castro el 17 de julio, hasta que el primero presentó su denuncia al presidente de las Cortes el 28 de noviembre, no entró en el Parlamento expediente alguno relacionado con esta cuestión. En su libro, Gil-Robles admite que, tras la interpelación del diputado Cano López, creyó “liquidada definitivamente” la cuestión, y, “absorbido” por los problemas de su ministerio, no volvió a pensar en el expediente de Guinea. Según Nombela, días después de la interpelación, Gil-Robles, “con premeditada felonía”, ordenó a un abogado del Estado que fueran revisados minuciosamente cuantos informes, expedientes y órdenes hubiese autorizado el ex capitán Nombela  durante su desempeño como inspector general de Colonias, para, con el más fútil pretexto, abrirle un expediente que justificase la existencia del que había prometido a las Cortes, “aunque fuera apócrifa”.

El abogado del Estado, Martínez Almeida, informó a Nombela de su misión, a la que renunció. Fue sustituido por un funcionario de Hacienda, llamado Cordón, el cual, al no encontrar nada censurable, se disculpó y felicitó al investigado, asegurándole “estar avergonzado” por haber aceptado aquella orden de “persecución a ultranza”. El Gobierno de Lerroux cayó el 20 de septiembre. Nombela intentó, en repetidas visitas al nuevo presidente, Joaquín Chapaprieta, que Gil-Robles rectificase en las Cortes sus apreciaciones “y colocar mi nombre en el lugar que correspondía”. “El (nuevo) presidente no intentaba quitarme la razón en lo por mí pretendido –escribe Nombela en Arriba–, pues, conocedor a fondo del asunto, reconocía el derecho que me asistía. Me prometía siempre que estaba haciendo lo posible para satisfacer mis justos deseos, pero no me ocultaba ‘que era papeleta difícil humillar la reconocida altanería del señor Gil-Robles’”. Me confesó Nombela que recibió amenazas de muerte, y, agotada su paciencia, “con el asesoramiento y buen consejo de José Antonio Primo de Rivera, quien espontáneamente se ofreció como mi defensor en este asunto”, redactó su informe, registrado en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo el 28 de noviembre de 1935[11]. Denuncia destinada, sobre todo, a informar a la opinión pública sobre la verdad de los hechos, esclarecimiento del que esperaba lo siguiente: “resplandeciese la rectitud de mi gestión y la culpabilidad de cuantos personajes se habían visto implicados en los intentos de atracar el Tesoro; unos aspirando a ser beneficiarios y otros colaborando más o menos directamente en el vergonzoso hecho”[12]. 

Tras un breve debate el 29  de noviembre, durante el cual Gil-Robles tuvo que admitir que hubo acuerdo de pago en Consejo de Ministros[13], el Parlamento nombró una comisión investigadora, ante la que declararon Nombela y otros testigos en sesiones agotadoras. Compuesta por 21 diputados, bajo la presidencia del republicano conservador Gregorio Arranz Olalla, la integraban cinco cedistas (De la Iglesia, Sánchez Miranda, Cuartero Pascual, Hermida Villelga y Barros de Lys), tres radicales (Pareja Yévenes, Martínez  Moya y Arrazola Madera), dos agrarios (Díaz Ambrona e Igual Padilla), el liberal demócrata Muñoz de Diego, el progresista Fernández Castillejos; Marial Mundet, de Esquerra Republicana de Catauña; el nacionalista vasco Careaga Andueza;  Recaséns  Siches, de Unión Republicana; Marco Miranda, de Izquierda Republicana; Romualdo de Toledo, tradicionalista; Reig Fernández, de la Lliga de Cataluña; el independiente Eduardo O’Shea y el monárquico Fuentes Pila, que actuaba como secretario. Aún no he conseguido saber la razón de la ausencia de socialistas y comunistas. Antes de que la comisión pudiese adoptar resoluciones, dimitió su presidente porque, según declaró su correligionario y jefe de filas Miguel Maura: “nosotros no podemos avenirnos a una componenda de la naturaleza que pretenden hacer algunos elementos de la comisión, puesto que en el dictamen redactado se elude toda responsabilidad de tipo político para el Gobierno que regía los destinos del país en julio de este año y recae toda la responsabilidad”. Una dura réplica de los diputados radicales dividió a la Comisión. Incapaz de dar explicaciones convincentes, Lerroux,     exculpado con el apoyo de Gil-Robles, fue forzado a dimitir de todos sus cargos por propio grupo político; el 7 de diciembre anunciaba su retirada de la vida pública. A las cinco de la tarde de ese mismo día, se iniciaba una turbulenta sesión parlamentaria, que duró hasta las siete de la mañana del día siguiente, a la que se negó a asistir Lerroux, con la excusa de que “por las noches no salía de su casa”.   

Quizá la intervención más sustanciosa sea la de José Antonio Primo de Rivera. Muy extensa y profusa, aporta, sin embargo, datos valiosos que permiten profundizar y completar la comprensión del tema. Según este relato de los acontecimientos, la naviera Compañía África Occidental, S. A., tenía en Guinea dos buques, el Teresa Tayá y el Príncipe de Asturias, que servían la ruta entre Fernando Poo, Río Muni y Annobón. Amarrados sin motivo ni explicación y surtos en puerto, se hundieron súbitamente. La empresa cargó su importe al Estado, hecho que aceptó la Administración. El contrato fue rescindido mientras un tercer barco navegaba desde Newcastle a Santa Isabel, siendo entonces subastado por la Compañía, cuyo importe y gastos fueron también cargados al Estado. La contabilidad de la empresa no tenía ni libro copiador de cartas, ni libro de actas, ni presentó nunca a la comisión investigadora sus archivos; el libro auxiliar de tráfico no estaba legalizado; en el de inventarios y balances solo aparecían dos inventarios incompletos y un balance de comprobación de saldos; en el diario únicamente aparecían asientos anteriores a la fecha oficial de la apertura de la sociedad… Por todo lo cual, la comisión parlamentaria había concluido que “la contabilidad examinada es jurídicamente defectuosa y técnicamente incompleta, confusa y deficiente. No parece que la Sociedad haya satisfecho impuesto alguno a la Hacienda del Estado”[14].

Ya en un tono político, el jefe nacional de Falange Española pasó a condenar a Gil-Robles, rompiendo la táctica de meses atrás, cuando intentó atraer a una alianza al líder de la CEDA: “Su Señoría, desde el 26 de julio, oyó las denuncias aquí; su señoría supo aquel intento de cobro ilegal contra el Tesoro Colonial, de una indemnización mal acordada; su señoría, estoy seguro de que con la mejor buena intención del mundo, no denunció esto, no llegó a una ruptura pública con los que trataban de asaltar así el Tesoro Colonial; su señoría ha venido prolongando esta peligrosísima convivencia, y hay algo aquí más grave que lo que puede parecer a su señoría, porque sé que su señoría lo ofrecería, en todo caso, como sacrificio de España: hay el riesgo que estamos corriendo de que, por convivir con gentes que no son dignas de convivir con nosotros; que no tienen nada que hacer en la vida pública de España; que deben retirarse a sus casas, y esto por la infinita benevolencia de quienes no los mandan a la cárcel, está comprometiendo su señoría la posibilidad de que nos agrupemos todos un día: los radicales que se salven de la reprobación general, los jóvenes y los viejos de Acción Popular que le siguen, hombres de derecha e izquierda, en un posible Frente Nacional, que ha de tener como primera bandera la bandera de la moralidad pública”. 

En el turno de explicación de voto, Primo de Rivera resumía la posición de su grupo: “El voto particular del señor Toledo (Romualdo de) envuelve en las responsabilidades políticas a don Alejandro Lerroux; el dictamen de la Comisión excluye de la responsabilidad política a don Alejandro Lerroux y deja caer esa responsabilidad política sobre la cabeza del subsecretario. Los subsecretarios –ya se ha dicho hoy con palabras más doctas– no pueden ser objeto de responsabilidad política. Lo que tratan de hacer con ese dictamen es la grave facha de acusación política –política por ahora– sobre la cabeza de don Alejandro Lerroux, y yo digo solamente esto: si tal hacéis, acaso salvéis con los votos de esta noche a don Alejandro Lerroux; pero caerá sobre todos vosotros, sobre todos los que votéis, la reprobación terminante de la opinión pública entera (…); la opinión pública reclama con escándalo que se abomine esta noche de un tono político impuesto a las costumbres españolas por don Alejandro Lerroux. Ésta es la verdad, y está en la conciencia de todos vosotros. Pero ¿es que vamos a decir todavía esta noche, una vez más, que don Alejandro Lerroux no delinque? Llegó lo del straperlo y apareció su hijo adoptivo, una especie de cuerpo mixto civil y militar que le rodea, el subsecretario de la Gobernación, el ministro de la Gobernación, todos; él, incólume. Llega este asunto, y tenemos al subsecretario de la Presidencia, quién sabe si al señor Nombela, quién sabe si al juez instructor; él, incólume. ¡Señores! Ya es hora de que concluyamos esta especie de juego de personajes de vieja farsa italiana. El señor Lerroux no delinque nunca; pero en las inmediaciones del señor Lerroux hay siempre, para delinquir, o un hijo adoptivo, o un cuarto cívicomilitar, o un subsecretario propicio, o un ministro medio tonto; siempre se encuentra eso en los alrededores del señor Lerroux para que se lleven el peso a la hora de las condenaciones…”[15].

También acusado de complicidad política en las irregularidades por Unión Republicana e Izquierda Republicana, Gil-Robles centró su discurso en la defensa de la estabilidad de la mayoría gubernamental, y, por tanto, de sí mismo: “Aquí no hay criterios políticos, no hay maniobras; no hay más que el respeto a la conciencia, el respeto absoluto a la Justicia (…) Esto es lo que quiero decir en este instante en que la conciencia de cada cual ha de dar solución al problema. La mía queda completamente tranquila; si algún honor he de tener entre las amarguras de la vida política, habrá de ser mi intervención en el asunto de ‘África Occidental, Sociedad anónima’”[16]. En cuanto al resto de las formaciones políticas, el reformista Muñoz de Diego creía en la buena fe de Lerroux y consideraba reprobable la conducta de su subsecretario; el agrario Royo Vilanova declaró y mantuvo que en el Consejo de Ministros dijo que, a su juicio, el informe del abogado del Estado estaba bien hecho y pedía se pasase el expediente al Fiscal de la República “por si el que lo estudió y el que dio su opinión han delinquido como prevaricadores”. El radical Pérez Madrigal defendía  tanto a Lerroux como a Moreno Calvo, pues, en su opinión, “atacar a un partido republicano es atacar al régimen”. El ex presidente del Gobierno, Samper, también radical, rechazó estas afirmaciones de Pérez Madrigal, asegurando que no actuaba contra su partido, sino que se había ajustado estrictamente a la verdad en su declaración ante la Comisión. Para el también radical Martínez Moya, Nombela era un “militar pundonoroso y un hombre íntegro”; pero no había cumplido su deber como funcionario, “de obediencia al superior”.  El  progresista Fernández Castillejos rechazaba enérgicamente los velados ataques dirigidos al presidente de la República, y llamaba “malos republicanos” tanto a quienes los habían proferido como a quienes se habían callado. El tradicionalista Romualdo de Toledo y el monárquico Fuentes Pila pedían la condena  de Lerroux, criterio sostenido con inusitada energía por el conservador Miguel Maura.

El portavoz de Izquierda Republicana, Augusto Barcia, afirmaba que, habiendo existido un acuerdo de pago del Consejo de Ministros, la responsabilidad debía alcanzar a todos sus miembros presentes. Goicoechea, de Renovación Española, concretó las responsabilidades en que, a su juicio, había incurrido Lerroux, cuya culpabilidad no le cabía duda. Para los populistas de Gil-Robles, quien hasta en las declaraciones testificales ante la Comisión Parlamentaria había negado que el Gobierno hubiese adoptado un primer acuerdo de pago, todo se reducía a una maniobra de desprestigio contra el partido radical, “único valladar que tiene España contra los avances revolucionarios”. Y mientras Rafael Guerra del Río anunciaba que los radicales no romperían la coalición con la CEDA, Martínez de Velasco, en nombre del Gobierno, comunicaba que los diputados del bloque quedaban en libertad de votar según su conciencia. La votación dio como resultado la exculpación de Lerroux, y la inculpación de Moreno Calvo. Nombela, considerado por algunos como “un compañero de viaje” de los comunistas, fue hallado culpable de “exceso de celo” y de falta de respeto a la Justicia, denegándosele a él y a Castro Martín la posibilidad de reincorporarse a sus funciones.

Además de la retirada de Lerroux, otras consecuencias importantes de la denuncia de Nombela fueron la ruptura de la coalición de Gobierno y la agudización de las contradicciones en la derecha posibilista, y el fraccionamiento de los partidos más directamente implicados en los hechos debatidos en las Cortes a principios de diciembre de 1935, empezando por el Partido Radical, que desapareció del mapa político español. La dimisión de Ricardo Semper de la presidencia del Consejo de Estado y su abandono del Partido Radical fue uno de los episodios más ruidosos en el ambiente de crispación y crisis general que siguió al tenso debate parlamentario. Como escribe Gil-Robles en su libro, “al salir del Congreso, a las siete de la mañana del día 8 de diciembre, llevaba el triste presentimiento de haber pronunciado mi último discurso de aquellas Cortes. La crisis quedó abierta al día siguiente”. Lo cual demuestra nuestra teoría: la cuestión colonial jugó un papel determinante en aquel proceso de desintegración política, aspecto insuficientemente destacado por la historiografía.

En efecto, Gil-Robles intentó revertir en éxito la debilidad moral y política en que le había sumido el caso Nombela, contraatacando hacia el flanco más débil, el descalabrado Partido Radical.  Se opuso a la política económica del presidente del Consejo, Chapaprieta, quien había propuesto poco antes subir en un modesto porcentaje el impuesto de sucesiones y gravar algo más los latifundios. Si, como deduce Stanley Payne[17], no parece que el dirigente de la CEDA fuera personalmente contrario a estas medidas, promovidas por el jefe de Gobierno y ministro de Hacienda, la crisis promovida por el ministro de la Guerra respondería a su deseo de recuperar la confianza de los poderosos intereses financieros y agrarios que apoyaban su proyecto político, para, a partir de ahí, situarse en óptimas condiciones que le permitieran subir al poder con el apoyo de las fuerzas situadas a su derecha: falangistas, tradicionalistas y monárquicos. Pero, tras la denuncia de Nombela, se incrementaron los recelos del presidente de la República hacia el líder de la CEDA, pese a ser  el partido más votado en las elecciones de 1933, en que obtuvo el 24 % de los sufragios. Junto a los factores que suelen considerarse decisivos para que Alcalá Zamora se negase a encargar la formación de Gobierno a Gil-Robles tras la dimisión de Chapaprieta, creemos que puede añadirse también el escándalo de la corrupción en Guinea.

Fracasados otros intentos de constituir un Gobierno estable, y presionado a derecha e izquierda con amenazas golpistas, coaliciones nacionalistas y levantamientos revolucionarios, el 7 de enero de 1936 el presidente de la República optó por la convocatoria de elecciones generales, que tuvieron lugar en febrero. El descalabro del Bloque nacional nucleado por Gil-Robles con los restos más conservadores del Partido Radical y otros grupos menores tuvo como consecuencia la victoria del Frente Popular. Lo demás es sobradamente conocido.

Este texto fue pronunciado como conferencia durante el II Seminario Internacional sobre Guinea Ecuatorial organizado por el Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH), UNED, en Madrid entre el 6 y el 10 de julio de este año. Una versión muy resumida se publicó en una Tercera del diario ABC. Se puede consultar igualmente en Endoxa, NÚM. 37 (2016): NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE Y DESDE GUINEA ECUATORIAL. 

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  • Notas

    [1]    Ndongo-Bidyogo, Donato: Historia y tragedia de Guinea Ecuatorial; Edit. Cambio 16, Madrid, 1977. Agotado. Próximamente se podrá adquirir en la página web del autor.

    [2]    Mesa, Roberto: La idea colonial en España; Edit. Ciencia Nueva, Madrid, 1967. Reedición en Fernando Torres, edit., Valencia, 1976.

    [3]    Vid. Ndongo-Bidyogo, Donato: ‘Corrupción en la II República: el caso Nombela’. Historia 16, núm. 66, 1981, págs. 33-42.

    [4]    Antonio Nombela Tomasich (Madrid, 1900). Militar africanista. Participó en la guerra de Marruecos en 1921, en la que ganó la Cruz laureada de San Fernando, y donde permaneció hasta 1931. Del arma de infantería pasó a aviación. Siendo capitán, en 1931 es destinado a la Guardia Colonial de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Nombrado subgobernador de la Guinea Continental, tras el asesinato del gobernador Gustavo de Sostoa accedió de modo interino a la titularidad del Gobierno General, cesando en el ejercicio activo en el Ejército. Durante 1934 realizó y perfeccionó estudios sobre Administración Colonial en las Universidades de París, Amberes y Ámsterdam. Fue nombrado inspector general de Colonias ese mismo año. Aunque fue ascendido a comandante tras estallar la Guerra Civil, solicitó la baja definitiva del Ejército y no participó en ella. A partir de 1939 se dedicó al negocio de la madera. Al alcanzar la edad de jubilación, en 1964, se le reconoció el empleo de coronel; por su condición de caballero laureado, ascendió a general de brigada, en la reserva. Falleció en Madrid, a los 85 años, el 16 de marzo de 1986.

    [5]    Antonio Nombela en el diario Arriba (11-15 de mayo, 1968), en réplica a José María Gil-Robles tras la publicación de No fue posible la paz, Ediciones Ariel, Barcelona, 1968. En conversación conmigo, el ex inspector general de Colonias afirmó que no reveló los detalles de su entrevista con el presidente Alcalá Zamora en 1935 por “discreción” y por “respeto” al jefe del Estado.

    [6]    Caja que financiaba las infraestructuras y servicios de la colonia y el salario de los funcionarios (similar al presupuesto de las Diputaciones en la España peninsular). Se nutría con la partida correspondiente de los Presupuesto del Estado y los ingresos fiscales cedidos y gestionados por la Administración colonial. Vid. Miranda Junco, Agustín: Leyes Coloniales, Madrid, 1945; y Castro Antolín, Mariano L. de: ‘La revolución de 1868 y la Guinea Española’, en Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. extraordinario, 191. Universidad Complutense, Madrid, 2003.

    [7]    Rafael Sánchez-Guerra Sainz, secretario general de la Presidencia de la República durante el mandato de Niceto Alcalá Zamora (11 de diciembre 1931-7 de abril de 1936). Su hermano, Luis Sánchez-Guerra, fue nombrado gobernador general de Guinea el 8 de septiembre de 1935, en sustitución de Ángel Manzaneque, destituido a consecuencia de la denuncia de Nombela.

    [8]    Según indica el primero en No fue posible la paz; cf.: Antonio Nombela, diario Arriba, Madrid, 12 de mayo, 1968.

    [9]    Véanse los diarios El Sol (29 de noviembre, 1935) y Arriba (11, 12, 14 y 15 de mayo, 1968). Algunos pormenores fueron aportados por el propio Nombela en conversaciones con el autor.

    [10]   El ministro de Estado (Asuntos Exteriores) era Juan José Rocha García, del Partido Radical. Gil-Robles, José María: No fue posible la paz; Ediciones Ariel, Barcelona, 1968. Ver también sus Discursos parlamentarios, Ediciones Taurus, Madrid, 1971.

    [11]   Del análisis de la conducta anterior y posterior de Nombela no cabe deducir afinidad ideológica alguna entre éste y el fundador de Falange Española. Nombela fue siempre neutral en política, un profesional riguroso, fiel a sus convicciones y principios. Rechazó el ofrecimiento de diversos partidos –desde falangistas al comunista– para integrarse en sus listas en las elecciones de febrero de 1936. Tiendo a enmarcar el asesoramiento de Primo de Rivera en su deseo de utilizar el tema para desgastar al Gobierno.

    [12]   En nuestras conversaciones, Nombela reveló que el subsecretario Moreno Calvo había sobornado a magistrados, abogados y funcionarios, y aseguró que la naviera Compañía África Occidental sólo hubiese recibido 165.000 pesetas de la cantidad reclamada; Lerroux y sus amigos tenían intención de repartirse el resto.

    [13]   Gil-Robles, J. Mª: Discursos parlamentarios, pág. 526 y sig. Citado por la Comisión de Investigación, el ex subsecretario Moreno Calvo tuvo que aportar dichos documentos. La prensa de la época cubrió estos hechos con profusión. Véanse, sobre todo, los diarios El Sol, ABC y El Debate.

    [14]   Nombela declaró al autor que Tayá había hecho hundir barcos de la Compañía, con toda su tripulación –compuesta fundamentalmente por guineanos y otros africanos– con el solo fin de cobrar el seguro. Y el servicio internacional que prestaban sus barcos era “desastroso, sucio, inseguro”.

    [15]   Primo de Rivera, José A.: Textos de doctrina política. (Agustín del Río Cisneros, comp.). Edición de la Sección Femenina de FET y de las JONS Madrid, 1964. Contiene numerosos discursos.

    [16]   Gil-Robles, J. Mª: Discursos Parlamentarios, pág. 765 y ss.

    [17]   Payne, Stanley G.: Ejército y sociedad en la España liberal, Edit. Akal, Madrid, 1976, pág. 483.