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lunes, 26 de abril de 2021

Elena en Barna

La Compañía Española de Colonización Africana-ALENA fue uno de los grandes poderes fácticos del territorio, y sin embargo apenas tiene presencia en este paseo por la calle 19 de Septiembre de la vieja Santa Isabel. De hecho, no son pocos los que analizan que la materia reservada que imperó por años en los asuntos ecuatoguineanos estaban vinculados a los intereses económicos de los accionistas de ALENA, Carrero Blanco incluido.

Así, su presencia se toca tan sólo tangencialmente cuando hablamos de la Bata republicana: Está en la lista de donantes de las 10.353,65 pesetas para la República, y su sede en Bata fue el alojamiento intermedio para los 17 religiosos confinados en el correo Fernando Poo. Igualmente está documentado el procesamiento de José E. Barráu, empleado de Casa Alena por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Santa Isabel, y su condena a dos años de destierro y abonar una multa de 500 pesetas (cantidad que coincide con la donación realizada por la empresa). Poco más.

Curiosamente, Ángel Miguel Pozanco, recoge en Guinea mártir que ALENA asumió los activos guineanos de la Trasatlántica, otra gran empresa vinculada históricamente al territorio: «La ALENA, cuya iniciación fue el mayor bluff imaginable, era en Bata un poder más fuerte que la propia Administración. La ALENA era amiga de los frailes. Hasta entonces había sido intocable. A la larga, mediante cualquier procedimiento, hubiera sido la dueña de la mayor parte de Guinea».

De hecho, Fernando Ballano en Aquel negrito del Africa tropical relata que «en 1925, tras el fallecimiento de Claudio López Bru en abril de ese año, la Trasatlántica vende sus activos guineanos a la Compañía Colonial de África. posteriormente, en 1929, el Banco Hispano Colonial y el Banco de Cataluña crean la Compañía Española de Colonización Africana (ALENA) que se hará cargo de los activos de la C.C.A. y va a seguir ampliando negocios de todo tipo (madereros, agrícolas, comerciales, etc.) en la colonia. Posteriormente veremos que varios historiadores como Liniger, Pelissier y Rafael Fernández; y políticos como García-Trevijano y Macías harán referencia a la fuerte participación accionarial en la empresa de Carrero Blanco y otros gerifaltes del franquismo. No olvidemos que Carrero conocía bien la región pues uno de sus primeros destinos como oficial fue cartografiar la desembocadura del Muni por lo que sabía las posibilidades económicas de la zona. En otras fuentes se dice que la creación de ALENA fue en 1926, con financiación del Banco Exterior de España y con Carrero Blanco como accionista principal. En 1968, en el momento de la independencia, la ALENA, la empresa sucesora de la Trasatlántica poseía 3.000 hectáreas en Guinea. (...) En 1971 -concluye Ballano-, ALENA decide el cese total de sus actividades en Guinea».

Una vez más, nos topamos con la dificulta de obtener información.De haberla, ésta es de difícil acceso. Pero si saber sobre ALENA en el territorio ecuatorial es difícil... ¿por qué no conocer un poco más de la empresa es España?

Pere López Sánchez le dedica un capítulo a la ALENA (o la Elena en el habla popular de los vecinos de las Casas Baratas de Can Tunis, Barcelona) en Rastros de rostros en un prado rojo (y negro):

«No fueron hechos aislados y en el barrio no estuvieron al margen. De los más sonados, por su repercusión no sólo entre los vecinos sino en la ciudad entera, fue lo ocurrido por el conflicto de la fábrica Alena. (...)

La Compañía Nacional de Colonización Africana (la ALENA) era de reciente creación. El Banco Hispano Colonial, con el apoyo del Banco de Cataluña, y unos cuantos prohombres no dejaron escapar la oportunidad de hacer más negocio si aprovechaban las concesiones que les brindó la dictadura de Primo de Rivera para expoliar, sin contemplaciones, los bosques de la Guinea Ecuatorial —entonces— española. Allá explotaban, sin ningún escrúpulo, a los esclavos negros; acá, en la fábrica de tableros contrachapeados que habían montado en la carretera del Port número 395, pretendían hacer lo mismo con los esclavos blancos: los peones cobraban entre cuatro y cinco pesetas por jornal y el despotismo se ejercía como en un presidio. Los primeros pasos para negociar unas bases de trabajo los dio el gerente de la empresa, despidiendo al delegado de los obreros. Sin embargo, por el plante de los compañeros tuvieron que readmitirlo, aunque al poco y alegando la necesidad de montar unas nuevas máquinas, los despidieron a todos hasta nuevo aviso. La reapertura llegó en junio, pero con una condición: la empresa sólo admitiría a los obreros que ella precisara en cuantía y con el perfil requerido. Los que pertenecían a la CNT no entraban en aquellos requisitos y unos recién afiliados a la UGT -estuvieran antes o no trabajando en la casa ALENA- fueron contratados. 

El miércoles 10 de junio la prensa daba cuenta de la sangrienta colisión entre obreros a las puertas de la fábrica y recogía las declaraciones del entonces gobernador Companys: se ha acabado el matonismo, «allí donde se pida fuerza para garantizar el orden y la libertad del trabajo, será enviada». Por lo que contaron los vecinos —en una carta que suscribieron unos trescientos y en las declaraciones de otros ante el juez instructor—, los que arbitrariamente fueron despedidos se apostaron en los accesos a la fábrica; luego vendrían los disparos que procedían de la taberna de enfrente, donde estaban algunos de los recién contratados que lucían ahora el carnet de la UGT, pero que hasta hacía poco ostentaban el de los Sindicatos Libres. El saldo del desigual combate que se libró —unos con pistolas, los otros con mazas y garrotes— fue de trece heridos, cuatro de gravedad. La peor parte se la llevaron los de la CNT. 

El informe de la Cámara ya lo recogía: los obreros persisten en hacer valer sus bolsas de trabajo. Nada mejor, entonces, que hacer pasar como colisión entre obreros lo que era, en el fondo, litigio abierto entre clases. La libertad del trabajo, para los partidarios del orden, consiste en la libertad de contratación y de despido que erradique la conflictividad. En aquellas circunstancias, eso representaba amansar o borrar del mapa a la CNT valiéndose de otras formaciones sindicales. Al cabo de una semana, una asamblea del ramo de la Madera recogió el guante. Sabedores de que no era el momento de llorar ni de lamentaciones, plantearon el boicot total a la empresa y reclamaron la solidaridad del Sindicato del Transporte —en especial de los portuarios— para que no descargasen ninguna madera de la ALENA, mientras ellos se encargaban de no manipularla en sus talleres y de que no funcionasen las máquinas en la carretera del Port. La empresa, en su memoria del año siguiente, reconoció el enorme quebranto que le provocó aquel boicot: se estropearon casi 3.000 toneladas de madera en troncos que tenían en existencia y tuvieron que desviar los cargamentos flotantes hacia el puerto de Hamburgo. De poco sirvió que se intentara recurrir a borrar el nombre de ALENA de los tableros que se pretendían distribuir o que algún avispado lo sustituyera por el de Susex. El Sindicato reaccionó poniendo en práctica aquel ingenio del label: procederían ellos a marcar con su sello —un triángulo con la inscripción CNT-Ramo de la Madera-Label— los únicos tableros que se podrían emplear para la fabricación de muebles u otros objetos. 

Mediado el mes de agosto, el conflicto y el boicot se dio por zanjado. Aquella compañía todopoderosa —de negreros, decían los obreros— firmó las bases del arreglo donde reconocía al Sindicato, readmitía a todos los obreros, abonaba tres semanas íntegras de jornal atrasado, se comprometía a abonar los gastos de curación y clínica derivados de aquella colisión sangrienta y al delegado —que quedó imposibilitado físicamente tras las graves heridas de aquel día— le daría un trabajo adecuado y se encargaría de cubrir su convalecencia. En la memoria de 1932, no en vano, se recogerá que, tras aquellos tropiezos, "actualmente ALENA está en excelentes relaciones con todas las agrupaciones obreras y aun podemos afirmar que llegan a ser cordiales, resolviéndose amistosamente cualquier dificultad que se presenta". Bueno, era un decir, porque en junio del 36 los obreros protagonizaron otra enconada huelga que volvieron a ganar: los horarios se redujeron y los jornales se incrementaron considerablemente».

Iniciada la guerra, fue colectivizada, y tras caer Barcelona fueron depurados tanto los trabajadores vinculados a movimientos sindicales -identificados por los directivos de la empresa- como los que participaron en el proceso de colectivización: «Entre ellos estaban Andrés Navarro, Cristóbal Alcón, José Martínez, Antonio Cantó y José Valcárcel, que cargaron con un consejo de guerra entre cuyas acusaciones constaba su impronta relevante en los trastornos que sacudieron a los amos y directivos de "la guineana" ALENA».

Vista aérea de ALENA, Etembue

miércoles, 14 de octubre de 2020

Creación de una universidad ecuatoguineana

El Nuevo Diario, recogía en su edición del 27 de noviembre de 1968, la "Petición de la II Junta del Sindicato de Enseñanza para que se cree una Universidad en Guinea apoyada por el gobierno español". El viejo sindicalismo vertical apostaba por la educación superior en la joven república de Guinea Ecuatorial:

Las cinco Comisiones constituidas en la II Junta general del Sindicato Nacional de Enseñanza han continuado esta mañana sus sesiones de trabajo, estudiando los problemas que afectan a la enseñanza no estatal. Entre los temas tratados hoy figuran la mejor forma de lograr que las agrupaciones tengan una base asociativa lo mismo en la vertiente social que en la económica, la condición de la profesión docente en España, evitar que la creación de nuevos puestos escolares sea en realidad más sustitución de la enseñanza no estatal por la estatal y las bases para la reforma de la ordenación, universitaria, así como una moción presentada por don Eugenio Lostáu Román, en la Comisión quinta, sobre "el acercamiento del sistema docente español a los otros países europeos y sobre su proyección a los pueblos del tercer mundo". En ella exponía el señor Lostáu la conveniencia de crear, por promotores privados de la enseñanza española, una Universidad libre en la Guinea Ecuatorial, con el máximo apoyo del Gobierno español.
Cinco décadas después de la petición del sindicalismo franquista, en Guinea Ecuatorial contamos todavía con un endeble sistema de educación superior:
Así, pese a que el Convenio cultural entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial, de 12 de octubre de 1969, ya recogía el compromiso de «permanencia por períodos determinados, en el territorio de la otra, de investigadores o profesores de cualquier nivel de enseñanza, que se propongan efectuar prácticas, estudios de ampliación o tareas de investigación, en los correspondientes Centros o Establecimientos del país respectivo», no será hasta 1981 que el gobierno español creará la primera universidad en Guinea Ecuatorial con el campus ecuatoguineano de la UNED.



Finalmente, para el desarrollo de estos acuerdos, el 26 de junio de 1981 se firmó en Malabo el Protocolo entre el Ministerio de Educación de España y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de Guinea Ecuatorial, por el que se resolvió establecer un Centro de Enseñanza Superior en Guinea Ecuatorial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España a fin de dar satisfacción a las necesidades de formación del momento.

viernes, 28 de agosto de 2020

Falange del mar

Mientras en la península el sindicalismo vertical era omnipresente, las provincias del África ecuatorial carecían incluso de procuradores en Cortes por el tercio sindical.

La explicación pasará probablemente por las dinámicas productivas y de propiedad inherentes a una sociedad extractiva y colonial. Resulta, sin embargo, extraño que sólo los productores (los madereros) estén sindicalizados en un territorio con presencia temprana de Falange.

Todavía en 1964, Antonio Ribeiro Ebuera -en ese momento jefe regional de la Obra Sindical de Cooperación de la Guinea Ecuatorial- presentó una moción en el III Congreso Sindical, solicitando la creación de una estructura sindical en el territorio: «Concedido por Su Excelencia el Jefe del Estado la autonomía económico-administrativa a estas provincias de Fernando Poo y Río Muni, y aprobado el Plan de Desarrollo para las mismas, entendemos llegada la hora en que la Organización Sindical española tenga en las mismas la realidad de aquellas actividades que le son peculiares y puedan encajar dentro de las características y peculiaridades de nuestras provincias, siendo a la vez elemento activo que influya en el desarrollo de la vida económico social ríe nuestra región de igual forma que lo es en el resto de las provincias.
Entendemos que en el régimen laboral que tan directamente afecta no solamente a los trabajadores nativos de aquellas provincias, sino a los que habiendo nacido en otra de la Península están allí desplazados, debe la Organización Sindical intervenir de la manera y forma más conveniente y oportuna para que los beneficios de una legislación social que asombra al mundo les llegue también a ellos como elementos integrantes de la misma comunidad nacional y en donde la citada legislación tiene vigencia, dejando de constituir, como lo es en estos momentos, una excepción».
Ese mismo año, el tomo dedicado a Guinea Ecuatorial de la serie España en Paz publicada por los "XXV años de Paz" (festivo eufemismo para el aniversario de la Victoria de los golpistas de 1936), se recogía como un logro la paulatina creación de cooperativas en los poblados, anticipo de futuras estructuras sindicales: «No existen en Fernando Poo otras asociaciones que las de carácter religioso, deportivo, recreativo y cultural, así como una agrupación folklórico-tradicional para la conservación de las viejas tradiciones, como son los yangües, bailarines navideños de castizo sabor africano. Pueden ser citadas las Hermandades de la Pasión del Señor, entre las de carácter religioso, que agrupan fieles católicos, sin distinción de razas ni de color. La Sociedad del Tiro Nacional de Fernando Poo, o la del Club de Pesca Marítimo, entre las que se dedican a fines deportivos. Y la de ATAG (Agrupación Teatral y Artística de Guinea), para el fomento de la afición teatral y cultural, que cuenta con sus propios estatutos, local social, etc».

Fotos: Acto de la Cooperativa de San Carlos y banderines de cooperativas indígenas (cortesía de Crónicas de la Guinea Ecuatorial).




Coop. de Batete
Coop. de Bacaque

La acción sindical -seguirán en España en Paz- «no existe propiamente en la Región, ya que la mayor parte de los nativos españoles son propietarios y, como tales, socios de las respectivas Cámaras Agrícolas y de Comercio. A través de estas organizaciones se realizan, en cierto modo, la función sindical, representando los intereses de tales propietarios. Sin embargo, los días presentes abren una favorable perspectiva al nacimiento de la vida sindical en Fernando Poo. La integración de las cooperativas del Campo en la orgánica sindical, tuteladas y encauzadas por la Delegación de Asuntos Sociales, y sobre todo la participación de representantes autóctonos ecuatoriales en el Tercer Congreso Sindical y que entusiastas y espontáneamente pidieron al Ministro Secretario General del Movimiento la adopción del sindicalismo vertical en Guinea Ecuatorial, hacen prever, quizá para un futuro próximo, toda actividad emprendedora dinámica sindical, arraigando en las provincias ecuatoriales, a las que indudablemente favorecerá.»


Franco, recibiendo en audiencia a miembros de las cooperativas agrícolas de Fernando Poo.

Pero ¿realmente no hubo actividad del sindicato único en el territorio ecuatorial o sólo se limitó al cooperativismo?

Como sabemos, la información es escasa, sesgada y de difícil acceso. Por eso, os proponemos un ejercicio de cruce de datos para dar con algún indicador de su presencia.

Contextualicemos:

En Trasmeditarranea privatizada tras 24 años como compañía pública, constatamos el monopolio histórico de la compañía en el golfo de Biafra:
En 1921 consiguió la concesión para operar las denominadas "líneas de soberanía" -las que unen la Península con Baleares, Canarias y las plazas de Africa-, lo que le otorgó el monopolio de hecho en el transporte mercantil que mantuvo formalmente hasta 1998, cuando se liberalizó el sector.
Y que durante la guerra fue incorporada la Trasmediterránea a la Armada franquista, por decreto de 27 de octubre de 1936 y orden de 1º de noviembre, que ordenó la incautación por el Gobierno de nueve buques de Trasmediterránea, para su conversión en cruceros auxiliares.

Fue el caso, por ejemplo del "Ciudad de Mahón" que bombardeó la ciudad de Bata.

Pero ¿recordáis el nerviosismo del Gobernador Luis Sánchez-Guerra Sainz con la tripulación del Méndez Núñez por su relación con la población local y abierta simpatía frentepopulista?

No sería el único...: Durante la posguerra funcionó la Falange del Mar, creada para vigilar la conducta política de los marineros y oficiales de la Marina Mercante española y aportar información sobre el tráfico marítimo y la actividad de los puertos españoles y extranjeros.

Tampoco sería ajeno a ese proceso la discreta labor del Almirante Jesús Fontán Lobé (hermano del gobernador Fontán y primo de Franco) que fue por décadas presidente del Instituto Social de la Marina y del que los historiadores Xavier Casinos y Josep Brunet señalan como «tapadera de los servicios secretos especiales de los que era su jefe»: Estrecho colaborador de Carrero, a él se debe la concepción en plena guerra civil de la metodología de recopilación de información, elaboración de expedientes y difusión de oficio de los mismos con el fin de que se instruyeran las causas de responsabilidades políticas.
Pero esa ya es otra historia...

Ésta es la historia de la Falange del Mar:

Cuenta Francisco Blanco en Del final de la guerra civil (1939) a la desaparición de la Delegación Nacional del Servicio Exterior (1945), que
Otro núcleo de dependencia del Servicio Exterior lo constituían las Falanges del Mar. A principios de 1942 se nombraron unos Delegados Regionales de las JONS en la Marina en las cinco zonas en que quedaba delimitado el litoral español. Se establecieron delegaciones provinciales en Barcelona, Tarragona, Palma de Mallorca, Valencia, Castellón de la Plana, Alicante, Cartagena, Bilbao, Santander, Gijón, Pasajes, La Coruña, Vigo, Vivero, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla y Las Palmas de Gran Canarias. El origen de esta nueva organización se encontraba en una orden de la Presidencia de la Junta Política para la creación de las JONS en la Marina mercante del 14 de Abril del 41, aunque la idea originaria de insertar a los marineros en el Servicio Exterior procedía de sus más remotos comienzos. Efectivamente, el apartado b del Art. 10 del Reglamento del Servicio Exterior Falange Española daba entre las competencias al Jefe del Servicio "La creación de JONS en toda clase de embarcaciones de la Marina Mercante como medio de expansión e independientemente de toda cuestión de trabajo a que estén afectos las tripulaciones de los mismos".

Se trataba de centralizar en esta organización bajo el mando del Servicio Exterior a los afiliados dispersos en las distintas Jefaturas Provinciales; éstas se veían obligadas a trasladar el expediente de los afectados por la disposición a la Delegación Nacional del Servicio Exterior de quien a partir de ahora dependerían. Para la difusión de estas originales organizaciones, que venían a ser una especie de Jefaturas locales de la Falange a bordo de los buques, el Servicio Exterior prepararía, a los pocos meses, unos actos de divulgación en zonas costeras. Esas agrupaciones marineras dieron lugar a las Falanges del Mar . En La Coruña se constituían en Mayo del 42 con actos celebrados en el Teatro Rosalía de Castro y donde Genaro Riestra, Salas Pombo (Jefe Provincial de La Coruña) o Enrique Llovet (Jefe de Propaganda del Servicio Exterior) anunciaban "una nueva era" para los hombres de la mar .

(...) Las Falanges del Mar vieron su reforzamiento por las necesidades de control que el Estado tenía en 1942 y para lo cual la Falange le venía a la medida. Además de la esperanza en el comienzo de "una nueva era" para los marineros, aquella nueva estructura respondía a dos graves motivos de preocupación: El que la entrada de material subversivo a territorio nacional se hacía sobre todo por las tripulaciones de los mercantes y entre los que se daban casos de deserciones y actitudes antirrégimen; y el que los intentos de las Jefaturas Provinciales de la Falange en zonas costeras habían fracasado en su captación de la marinería con niveles alarmantes de escasez. Está flaqueza en las JONS de la Marina Mercante era debida entre otras causas a que el proceso que se seguía de depuración del Partido había congelado las inscripciones de nuevos miembros, situación que resultaba preocupante para Ximénez de Sandoval, quien pedía al Secretario General normas excepcionales de afiliación para la marinería.
Desde la fundación de las Falanges del Mar y con la obligación de inscripción de toda la marinería a las mismas, se logró en un año el encuadramiento de 20.420 nuevos miembros, repartidos en 239 jefaturas locales a bordo de los buques.

El 1 de Diciembre de 1945 al borde de la desaparición del Servicio Exterior las Falanges del Mar fueron reorganizadas, dada la condición de miembros del Movimiento de sus integrantes, en el interior del Sindicato de Comunicaciones y Transportes.
Así que la respuesta es afirmativa. El sindicalismo vertical sí tuvo presencia en el territorio, como mínimo a través de la afiliación obligatoria de la tripulación de la monopolística Trasmediterranea al Sindicato de Comunicaciones y Transportes.





lunes, 17 de febrero de 2020

La Falange Exterior en Guinea Ecuatorial

Decíamos en Falangistas morenos que meses antes del 18 de Julio existían milicias de Falange en Santa Isabel, organizadas por Luis Ayuso Sánchez-Molero, capitán de la Guardia Civil (ocupará la Jefatura de Milicias Nacionales de Santa Isabel hasta su asignación al Tercio a inicios de 1937), las cuales apenas declarado el estado de guerra se presentaron correctamente uniformadas y equipadas.

Tras el decreto de unificación, el nuevo gobernador General, Juan Fontán y Lobé, que era presidente del partido Acción Popular (integrado en la CEDA) en Canarias, pasa a ser Jefe Provincial de la Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea.

Milicia de Falange desfilando
un 18 de julio en Bata.

La sección local de la Falange mantuvo, eso sí, sus señas de identidad pese a las directrices del Secretario General FET y de las JONS, Muñoz Grandes, de evitar a toda costa pretextos para la diversidad -como el salacot-, ya que "la boina roja y la camisa azul son prendas empapadas de la sangre de nuestros héroes y de nuestros mártires y que nadie, sin llevar su merecido puede menospreciar."

En su entorno hubo desde el primer día tanto grupos juveniles como un colectivo de mujeres, si bien éste no se institucionalizará como Sección Femenina hasta décadas después.

Así, mientras Guinea Ecuatorial fue «tan territorio español como la provincia de Cuenca» -son palabras de Luis Carrero Blanco-, la Falange contó con colegios, centros de formación, milicias, un precario sindicato vertical, y medios de comunicación en el territorio ecuatorial.

Sin embargo, el 12 de octubre de 1968, Manuel Fraga Iribarne -rigurosamente vestido con la guerrera blanca del uniforme de jerarca de Falange- firmó el acta de independencia.

Fraga luciendo su guerrera blanca de jerarca de FET y de las JONS.


Se genera en ese momento una situación paradójica, que el -entonces- Ministro de Asuntos Exteriores Fernando Maria Castiella, como exDelegado Nacional del Servicio Exterior de Falange (1942-1943), no podría desconocer. Describe Francisco Blanco en Del final de la guerra civil (1939) a la desaparición de la Delegación Nacional del Servicio Exterior (1945):
Acabada la guerra mundial el régimen del general Franco era arrinconado en el concierto internacional. Si el cambio de decorado se hacía necesario, era preciso sacrificar al Servicio Exterior [de Falange]. El 10 de Diciembre de 1945 el Vicesecretario General, Rodrigo Vivar, en funciones de Secretario General comunicaba la supresión del Servicio y de todas sus dependencias conforme al deseo expresado poco antes por el General Franco. Sin embargo, llama la atención el sentido de tarea cumplida que rezumaba el oficio del Vicesecretario: «Superadas las circunstancias que aconsejaron la creación del Servicio Exterior de la FET». Aquel párrafo suponía un desafortunado epitafio. Si en el 37 el Servicio Exterior basó su fundación en la ayuda al nuevo Estado, nunca más que ahora ese nuevo Estado precisaba de apoyos exteriores aunque por supuesto el Servicio Exterior de la Falange no se los podía dar.
Es decir, que aunque el Servicio Exterior de Falange se disolvió en 1945 con Castiella como su penúltimo Delegado Nacional (realmente fue el último funcional), tras la independencia de las provincias de Fernando Poo y Río Muni, la estructura de Falange en el territorio se mantendrá operativa durante años y financiada hasta 1977 por el gobierno Español. Se dará así, de la mano de Pilar Primo de Rivera, una suerte de cripto Falange Exterior.

Te contamos el proceso, documentado por Amalia Morales Villena y Soledad Vieitez Cerdeño en "La Sección Femenina en la «llamada de África»: Saharauis y guineanas en el declive del colonialismo español":
Cercano el momento de la independencia de Guinea Ecuatorial, la Sección Femenina estuvo convencida de su posible continuidad en el país, al menos hasta dar el relevo a esa minoría de mujeres preparadas, aún en formación. Para argumentar tanto su labor como su potencial de futuro, la Delegada Nacional, Pilar Primo de Rivera, presentó diversos informes en los que ponía de manifiesto la firme convicción de que el desempeño de Sección Femenina no había consistido exclusivamente en una mera replica de los servicios existentes en España, sino en la creación de formulas particulares que además atendían a la diferencia cultural del país. Así lo recogen las póstumas Crónicas oficiales de la organización: «procuramos en todo momento respetar la idiosincrasia y tradiciones de la mujer guineana, no pretendiendo trasplantar simplemente instituciones que funcionaban en España, sino crear formas nuevas». Al igual que ocurriera en España, el colectivo de Sección Femenina creyó firmemente que podía ser una institución útil después de la independencia y, tras la muerte de Franco, a tenor de lo que había hecho hasta entonces y junto con las camaradas «nativas», formadas para tal fin. Ello requería ampliar el plan de formación para constituir una minoría o elite de mujeres preparadas, plan que se frustró con la llegada al poder de Francisco Macías Nguema, Presidente de la nueva República, quien «con colaboraciones marxistas eficientes, trató de devolver a la selva en el plazo más breve posible» al país.
Meses después de la independencia de Guinea Ecuatorial, Rafael de Mendizábal describía en "Misión en África: La descolonización en Guinea Ecuatorial (1968-1969)":
En los días frenéticos inmediatamente posteriores al "golpe de Estado" [del 5 de marzo de 1969] con las "juventudes" desbocadas por las calles de Bata asesinando a los suyos, saqueando tiendas y violando mujeres, las Jefas de la Sección Femenina de Falange se portaron ejemplarmente, con sencillez y coraje, tanto en Bata como en Santa Isabel, permaneciendo con sus pequeñas alumnas negras en los Colegios que regentaban, sin acceder a refugiarse en los campamentos de la Guardia Móvil como todos les aconsejaban.
Concluye Pilar Primo de Rivera en en sus memorias “Recuerdos de una vida”: «Evidentemente, retiramos de allí las camaradas, aunque Macías nos instó varias veces a que las dejáramos, asegurando que él las protegería y ayudaría. Así terminó todo, y muchas de nuestras antiguas alumnas murieron asesinadas». 

Curso de cocina en la Escuela Hogar de la Sección Femenina.

Llegado el primer aniversario de la independencia, el 12 de octubre de 1969, se firmaron igualmente varios acuerdos.
Y en concreto, el Convenio cultural entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial, en su artículo 10º establecía que «el Gobierno español prestará al Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial toda la ayuda posible para la enseñanza y la práctica de la educación física y deportiva, a través de la Organización Juvenil, la Sección Femenina, la Delegación de Deportes u otras organizaciones similares».

La organización falangista se mantuvo en Guinea Ecuatorial con oficiales expatriadas hasta finales de 1969 y el gobierno español sostuvo prácticamente hasta su disolución en España el financiamiento de su estructura y de la asignatura de “labores del hogar” en los colegios ecuatoguineanos (el 1 de abril de 1977 el Real Decreto Ley 23/1977 suprimió la Sección Femenina) apoyándose en cuadros locales de la Sección Femenina como Marina Alena Mbá.
Con todo -completamos citando a Amalia Morales Villena-, tras la salida de Sección Femenina, quedaron unas débiles estructuras, herederas de su labor y estilo organizativo. Tal fue el caso de las líderes guineanas de la Sección Femenina, reconvertidas en el ala femenina del Partido Unificado Nacional de Trabajadores, sección que como indica el investigador Gustau Nerín «a partir de la dictadura de Macías siguió haciendo lo mismo que había hecho la organización falangista. Esto sí, cada vez se actuaba con menos recursos y de forma más precaria». La formación recibida por estas mujeres, no obstante, las situó en una posición privilegiada ante el nuevo contexto político, lo que les permitió ocupar puestos de responsabilidad educativa, social e incluso política...
Y así terminó la Falange Exterior.

Y si os ha interesado este tema, no te pierdas:

martes, 30 de octubre de 2018

Se crea el Sindicato Vertical

El 1 de noviembre de 1954 se publica en el Boletín Oficial del Estado el DECRETO de 26 de octubre de 1954 por el que se reconoce con personalidad jurídica de Corporación de Derecho Público al Sindicato Vertical de Alimentación y Productos Coloniales de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.


Sobre el tema sindical en Guinea Ecuatorial, Comisiones Obreras realiza el siguiente análisis en Trabajo y libertades sindicales en Guinea Ecuatorial, :

4. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN GUINEA ECUATORIAL 

El carácter autoritario de todos los regímenes políticos que ha sufrido Guinea Ecuatorial desde la colonización ha dificultado el ejercicio del derecho de sindicalización de sus ciudadanos. Durante la colonia, el gobierno colonial franquista no reconocía el derecho de asociación, y en consecuencia hasta la década de 1960 no existió ninguna organización de trabajadores para la reclamación de sus derechos. Sí se fomentaron, sin embargo, las cooperativas agrícolas de pequeños productores para el cultivo del cacao. Desde 1936 existía un denominado Sindicato Maderero de empresarios, que defendía los intereses de los productores y compradores españoles. La legislación metropolitana española sólo concebía la existencia de un sindicalismo “vertical”, que reunía a empresarios y trabajadores en una misma organización. Sin embargo, como tantas otras instituciones metropolitanas, ésta no se extendió en la colonia. El primer intento de organización sindical independiente se produjo en la época tardocolonial y en el exilio, con la fundación en 1959 de la Unión General de Trabajadores de Guinea Ecuatorial. La UGTGE mantenía vínculos con el partido nacionalista anticolonial MONALIGE. Este sindicato obtuvo cierta libertad de acción durante la apertura política que supuso el régimen de Autonomía, establecido durante los últimos años de presencia colonial (1965-1968). En esta época tuvo lugar además la primera huelga de funcionarios de la Administración, en 1966, con la exigencia de una equiparación de salarios entre africanos y europeos. Tras la independencia, el carácter extremadamente autocrático y represivo del nuevo gobierno, la disminución drástica de las empresas que operaban en el país y las condiciones de pobreza de la población, dedicada mayoritariamente a actividades de subsistencia, impidieron la organización y funcionamiento de sindicatos. En los ámbitos internacionales, tampoco se prestó mucha atención a la situación que se vivía en Guinea Ecuatorial. Sólo en octubre de 1980 la Conferencia de Unión Sindical Africana (Mogadiscio), aprobó una resolución en la que se pedía que “el gobierno de Guinea Ecuatorial tomara las medidas necesarias para restaurar el funcionamiento normal de los sindicatos, en conformidad con las disposiciones de la OIT”. Con el gobierno establecido por Obiang Nguema tras el golpe palaciego contra su tío, continuaron sin respetarse los derechos de los trabajadores, incluido el de asociación y de libertad sindical, a pesar de que en 1981 Guinea Ecuatorial se adhirió a la OIT. Sólo tras los cambios políticos que conllevaron la reforma de la constitución en 1991, se abrió la posibilidad legal de organizar sindicatos en el país, aunque la Ley Fundamental no recogiera explícitamente este derecho (véase recuadro 3). La Ley sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo de 1992, redactada con asesoramiento de la OIT, reguló por primera vez este derecho; en 1999 fue modificada por la ley 6/1999. A pesar del reconocimiento legal de la libertad de sindicalización, existen varios obstáculos para la aparición en Guinea Ecuatorial de sindicatos libres. El primero son las dificultades que establece la misma ley, al exigir un mínimo de 50 trabajadores de un mismo sector. Ello es contradictorio con la realidad del país, ya que la mayoría de las empresas son de tipo familiar y dimensiones reducidas. Además, el artículo 6 excluye de la ley al sector público, a pesar de que éste ocupa del 25 al 40% de los trabajadores asalariados del país. La misma ley prevé una normativa especial para los funcionarios y demás trabajadores públicos, que aún no se ha aprobado. El segundo obstáculo a la aparición de sindicatos es la aplicación restrictiva de la ley, que ha llevado a la denegación de la legalización de la mayor parte de las propuestas presentadas desde principios de los años noventa. En 2005 se ha presentado ante la OIT una queja contra el gobierno de Guinea Ecuatorial por violación de la libertad sindical, denunciando los obstáculos burocráticos, incluidos los del mismo notario de Malabo, a la legalización de dos sindicatos. Además, los promotores de estas propuestas son objeto de prácticas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad. Por último, la estructura del ámbito laboral en Guinea Ecuatorial, con una gran mayoría de trabajadores en el sector informal, dificulta la organización de sindicatos en el sentido más clásico. No obstante, el único sindicato legalizado funciona precisamente en este sector, como veremos más adelante. La labor de los sindicatos en Guinea Ecuatorial se ve muy entorpecida, en primer lugar por el carácter clandestino que deben asumir sus actividades. En segundo lugar porque dos de los principales instrumentos de presión de los trabajadores, el derecho a la huelga y la negociación colectiva, no tienen efectividad alguna. Por último, a causa de la persecución y represión policial y la discriminación laboral a la que se ven sometidos los sindicalistas, quienes reciben el mismo trato que los opositores políticos. La situación del derecho de sindicalización en Guinea Ecuatorial ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOS). La situación de los sindicatos se agrava en ciertos sectores económicos, como es el de la industria petrolífera. El control que ejerce el gobierno a través de las agencias intermediarias de contratación, y el interés de las multinacionales por evitar la organización de reivindicaciones de sus trabajadores, se aúnan para impedir que exista ninguna iniciativa en este sentido. En general, las organizaciones guineanas con pretensiones sindicales tienen muy baja capacidad de movilización, y todavía carecen de efectividad en la defensa de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores.

4.1. Iniciativas sindicales en Guinea Ecuatorial 

En 1990 se creó la Unión Sindical de Trabajadores (UST), que ha venido trabajando en la clandestinidad debido a las recurrentes negativas del gobierno a su legalización. La UST está vinculada al partido socialdemócrata Convergencia para la Democracia Social (CPDS), a través de su Secretaría de Acción Sindical, cuyo programa incluye la necesidad de una democratización de las estructuras políticas del país para una efectiva defensa de los derechos de los trabajadores. Los derechos laborales son, por tanto, reivindicados como parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Para el principal partido de la oposición interna, “[dadas] las condiciones actuales de lucha por los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores (...) sigue siendo absolutamente necesario que UST encuentre en CPDS la fuente de su acción e iniciativa”. Según la UST, su proyecto sindical consiste en desarrollarse autónomamente en varios sectores, como la educación, los servicios, los transportes o las actividades agropecuarias. Una vez legalizadas varias organizaciones de rama, consideradas como federaciones del sindicato, se pretende convocar un congreso fundacional del sindicato. En este sentido, la UST ha dedicado gran parte de sus actividades a procurar su legalización de acuerdo con las normas vigentes en el país, así como la legalización de otros sindicatos, como el Sindicato Independiente de Servicios (SIS) o la Asociación Sindical de Docentes (ASD). La UST apoyó en 1991 una huelga de funcionarios locales del PNUD de 48 horas, lo que dio lugar a un aumento salarial del 25%. En diciembre de 1992 y principios de 1993, también apoyó la huelga indefinida de profesores del Instituto Rey Malabo, provocada por la expulsión de varios docentes, que motivó una represión brutal por parte del gobierno: “se detuvo y se torturó a políticos, profesores, sacerdotes, estudiantes y otros ciudadanos sin otra justificación que la de amedrentar a todo aquel que pueda pretender criticar la caótica situación del país”. Además, se expulsó a 27 profesores del Instituto. En septiembre de 1993 y marzo de 1994, debido a la brutal represión del año anterior, fracasaron sendas convocatorias de huelga de los trabajadores nacionales de la ONU en Malabo y de la Administración pública, en reivindicación de una subida de los salarios que los ajustase a la devaluación del Franco CFA. El Sindicato Independiente de Servicios (SIS) se constituyó ante notario en enero de 1996, con el objetivo de defensa y mejora de las condiciones de los trabajadores del sector terciario. A pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos en la ley, y de la presión ejercida desde la CIOSL solicitando su reconocimiento legal, el gobierno le denegó personalidad jurídica. “En su grupo promotor había unas 80 personas provenientes de la hostelería, correos y comunicaciones, tanto del sector público como privado. El gobierno forzó el despido de varios promotores y negó el reconocimiento a la organización argumentando que varios de ellos eran funcionarios. El SIS recurrió dos veces, pero no logró su legalización”. Por su parte, la Asociación Sindical de Docentes (ASD), constituida en 1998, agrupa a maestros y profesores de enseñanzas primaria, media, profesional y superior, tanto en el sector público como el privado. El gobierno rechazó su solicitud de reconocimiento alegando que agrupaba a funcionarios del Estado y que no estaba aprobada todavía la ley que debería regular la constitución y el funcionamiento de sindicatos dentro del sector público. En el ámbito de la educación privada, la cooperación internacional ha sido objeto de reclamaciones de los trabajadores. En marzo de 1999, 111 maestros y profesores de los centros integrantes de la Asociación de Centros Católicos de la Enseñanza de Guinea Ecuatorial (ACCEGE), financiada por la cooperación española, dirigieron un manifiesto a la presidencia de esta asociación, denunciando las diferencias salariales entre españoles y guineanos y reivindicando un aumento de sueldo y la mejora de las condiciones de trabajo. La reacción de los responsables de la ACCEGE fue acudir al Ministerio de Educación guineano denunciando la politización de la demanda, y no contratar a algunos de sus promotores al año siguiente. Paralelamente a todos estos esfuerzos entorpecidos por el gobierno, funciona la Organización Especializada de los Trabajadores del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, presidida por el hijo del Presidente, Teodoro Nguema Obiang, ministro y empresario. Tiene células en casi todas las empresas del país, con la misión de vigilar y tomar medidas represivas contra cualquier trabajador que no sea militante activo del PDGE y quien manifieste aspiraciones de crear o participar en un sindicato. La estructuración sindical en el ámbito agropecuario no asalariado sufre de los obstáculos propios del llamado sector informal, en el que la distinción entre trabajadores y empleadores no aparece de manera clara. Aquí las relaciones fundamentales se dan entre propietarios y arrendatarios (parcelistas), productores y compradores, y agricultores y asalariados temporales. La sindicalización del trabajo agropecuario no asalariado en Guinea Ecuatorial ha conocido varias iniciativas. En 1998 se organizó una cooperativa de servicios integrados, que logró apoyo de la cooperativa española Mondragón. A partir de esa cooperativa se creó la Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios (OSPA), que hace su aparición en un momento crítico para la agricultura, afectada negativamente por la economía del petróleo. Su desarrollo también se vio afectado por la represión gubernamental en las comunidades rurales bubis de la isla de Bioko a principios de 1998. Pero en julio de 2000, después de tres años de espera, logró su reconocimiento legal, siendo el primer sindicato, y hasta ahora único, con dicho estatus. Se trata de un sindicato que quiere representar a agricultores y ganaderos, pequeños propietarios por cuenta propia, arrendatarios o aparceros, y también a técnicos y cooperativas o asociaciones de producción o transformación artesanal. El reconocimiento del gobierno ha podido verse facilitado por su carácter de sindicato de pequeños productores o parcelistas, que lo hace menos propenso a una movilización que pudiera afectar gravemente a los cultivos de los que dependen sus miembros. Inicialmente, formaba parte del proyecto federal de la UST, pero tras su legalización se ha desvinculado del mismo, lo que ha llevado a la primera a promover otro sindicato en el mismo ámbito, la Organización de Trabajadores del Campo (OTC). Además de estas iniciativas sindicales, ha de tenerse en cuenta la existencia de algunas cooperativas, especialmente entre los productores de cacao, como la de Buena Esperanza en Bioko. En 1998 se creó la cooperativa de servicios integrados en el ámbito agropecuario CIPA, que opera en Evinayong y que ha recibido el apoyo de la cooperativa Mondragón de Guipúzcoa (España). En 2002 se lanzó otro proyecto de cooperativa en el ámbito de la pesca artesanal COPESCA, que tiene como objetivo operar en Basupú, Río Campo, Mbini y Cogo. Ambos proyectos aspiran a estructurar la demanda de los trabajadores del sector informal en Guinea. En cuanto a las organizaciones empresariales, a pesar del número relativamente pequeño de tres empleadores que exige la Ley sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo para la constitución de una asociación de empresarios, no se ha registrado ningún expediente de solicitud de reconocimiento de una asociación de esta índole, si exceptuamos la Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios. El problema está en el hecho de que la gran mayoría de las empresas de cierta entidad que operan en el país, están en manos de los gobernantes, protagonistas de todo tipo de violaciones de los derechos laborales y de la legalidad vigente, y no tienen ningún interés en asociarse. Los empresarios que tuvieran intención de asociarse temen ser acusados de organizarse políticamente en contra del gobierno. Como ya se mencionó en el recuadro 2, la organización de microempresarios que existía en el país desde principios de los años noventa nunca logró reconocimiento legal, a pesar de sus esfuerzos en este sentido. En 1997, el gobierno de Guinea Ecuatorial promovió la constitución de una patronal a nivel nacional para cumplir con las exigencias de su pertenencia a la CEMAC. La independencia de esta patronal es muy discutible, pues los principales cargos de la misma están en manos de personas afines al partido gobernante PDGE. Además, la ausencia de contrapartes sindicales de los trabajadores hace que no pueda cumplir con una de las funciones de las organizaciones de empresarios, que es participar en el diálogo social tripartito entre gobierno, sindicatos y patronales. Además, desde el año 1995, sin someterse al procedimiento legalmente establecido para el reconocimiento de una asociación, se creó el Movimiento de Amigos de Obiang (MAO), que incluía entre otros a todos los empresarios del país, tanto nacionales como extranjeros. El gobierno también ha promovido la creación de organizaciones ficticias ad hoc para contrarrestar la imagen negativa en las instituciones internacionales: en 2000 una inexistente Unión General de Empresas Privadas de Guinea Ecuatorial (UGEPRIGE) presentó un informe en la 277 reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en el que se trató el asunto de la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, asegurando que en Guinea Ecuatorial se respetaba el derecho de sindicalización. En cuanto a los colegios profesionales, sólo malfunciona el Colegio de Abogados, con muy escasa independencia del gobierno. La politización del Colegio ha sido siempre el objetivo del régimen, que en 2002 en vísperas de un juicio político contra un grupo de opositores acusados de conspiración, decidió disolverlo temporalmente con el propósito de evitar que éste pudiese designar a los abogados de oficio que debían representar a los acusados, dejando dicha designación al arbitrio del Ministro de Justicia. En 1996 se intentó organizar un Colegio de Médicos, que el gobierno no autorizó.
El gobierno pone obstáculos e impedimentos para la creación de los colegios profesionales en el país. Ello se debe en parte a la aversión y miedo que tiene el régimen a la estructuración de la sociedad, y a su percepción de las organizaciones profesionales como espacios potenciales de reivindicaciones y en consecuencia, posibles semilleros de oposición política. Además los colegios pueden suponer un obstáculo a los intereses consolidados de muchas personas con títulos académicos dudosos instalados en altas instancias del régimen, quienes siempre han visto la organización de los profesionales con recelo.