SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES EX RESIDENTES EN LA
ANTIGUA COLONIA DE GUINEA ECUATORIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (
Número de expediente 161/002474).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto 5.º, proposición no de ley
sobre medidas compensatorias a ciudadanos ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Paso a defender una proposición no de ley sobre un tema que,
desgraciadamente, ya es clásico en esta Comisión de Asuntos Exteriores y que me gustaría que algún día
dejara de ser objeto de nuestra atención y de los incumplimientos por parte de los Gobiernos de turno, de
las mayorías y de los partidos de oposición de turno que apoyan lo que apoyan y que cuando llegan al
Gobierno no cumplen con lo que han apoyado cuando estaban en la oposición.
Señorías, en el mes de febrero de 1969 el Gobierno ordenó la evacuación urgente de todos los ciudadanos
españoles residentes en Guinea Ecuatorial, antigua provincia que había accedido a la independencia el 12 de
octubre de 1968. Tras de sí, estos ciudadanos dejaron todos sus bienes y como consecuencia de su marcha
se interrumpió la explotación de las plantas de cacao y café de su propiedad. El 3 de agosto de 1974 se
produjo un golpe de Estado en la República de Guinea Ecuatorial, alzándose con el poder el actual presidente,
Teodoro Obiang Nguema, quien solicitó a los propietarios españoles, especialmente a los agricultores, que
volvieran a Guinea y pusieran de nuevo en funcionamiento las plantaciones que se encontraban abandonadas.
Algunos propietarios volvieron a ocupar sus fincas e invirtieron cantidades importantes de dinero para ponerlas
en marcha. Sin embargo, este nuevo intento también terminó en fracaso por cuanto el café y cacao recolectado
quedaba intervenido en su exportación por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, quien liquidaba al propietario
solo el 10% del valor en el mercado internacional, circunstancia que, al hacer inviable la explotación, supuso
en la mayoría de los casos su abandono al cabo de unos años.
Los ciudadanos españoles —la mayoría de los cuales, por cierto, catalanes— que abandonaron Guinea
Ecuatorial, a diferencia de lo que sucedió con los antiguos residentes en otras excolonias, no recibieron
ningún tipo de indemnización, más que una mínima cantidad en concepto de ayuda social, ni crédito que les
permitiera, bien resarcirse en parte del perjuicio económico que padecieron por culpa del abandono del
Gobierno de la época, bien reiniciar su vida en el territorio peninsular o insular. A lo largo de los años han sido
numerosas las iniciativas parlamentarias que ha presentado este grupo parlamentario. Ya en el lejano 1993
–señorías, estamos hablando de hace veintiún años– este grupo parlamentario interrogó al Gobierno sobre
la situación de los ex residentes en Guinea Ecuatorial, y posteriormente, el 5 de abril del año 1995, el
diputado portavoz de este grupo en la Comisión de Asuntos Exteriores, el señor don Lluís Recoder, presentó
una primera iniciativa, una primera proposición no de ley referida a este asunto.
El objetivo de aquella proposición no de ley era resolver definitivamente, en 1995, el problema de las
personas que abandonaron la excolonia como consecuencia del deterioro de las relaciones entre el
Gobierno español y el Gobierno de Guinea. El año 1995 esta Comisión aprobó instar al Gobierno, por una
parte, a elaborar en el plazo de seis meses el censo en relación con los españoles que tuvieron que
abandonar la colonia, y por otra parte, se establecía que en el plazo de dos meses a contar desde la
elaboración de dicho censo, se deberían concretar las medidas de compensación. Señorías, este censo
que esta Comisión de Asuntos Exteriores mandó elaborar al Ministerio de Asuntos Exteriores el año 1995
existe, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores nunca le ha dado luz, le ha dado carta de naturaleza. Este
censo se lo puedo trasladar, existe, con lo cual hay una relación clara de personas afectadas con las
cuales se tendría que afrontar una compensación, una reparación de carácter no estrictamente económico.
Por esto, en junio de 2003, en julio de 2004 y en la última reunión de la Comisión de 22 de diciembre
de 2005, este grupo parlamentario instó otra vez al cumplimiento de lo acordado el año 1995. Señorías,
el último antecedente es del año 2009.
Les quiero recordar brevemente los tres puntos que aprobamos el año 2009. En primer lugar, comunicar
de forma inmediata al Gobierno los trabajos realizados para la elaboración del censo de residentes y
propietarios españoles en Guinea Ecuatorial. En este sentido, el embajador Elorza llegó a comparecer
ante esta Comisión de Asuntos Exteriores cuando era secretario general en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, para dar cuenta de la elaboración de este censo; censo que nunca ha tenido una repercusión
en forma de reparación de los residentes en Guinea Ecuatorial. El segundo punto aprobado, señorías, por
última vez el año 2009 planteaba presentar un plan para la reparación económica de los propietarios
españoles en Guinea Ecuatorial que perdieron sus bienes y derechos por la declaración de independencia
del país, con el acuerdo —esta compensación— del Gobierno de España. Y en tercer y último lugar, el
año 2009 también aprobamos en esta Comisión prestar asistencia consular a los antiguos residentes
españoles en Guinea Ecuatorial que se vieron perjudicados en sus bienes y propiedades con motivo de
los actos discriminatorios del Gobierno de aquel país y acudan a los tribunales ecuatoguineanos en
defensa de sus intereses.
Señoría, traigo a debate en esta Comisión un tema sobre el que todos los grupos presentan iniciativas,
algunas de las cuales incluso han sido aprobadas, presentadas por otros grupos parlamentarios, pero
para las que parece que nunca se encuentra una solución real y una solución más viable. Lo más grave
de esta aparente imposibilidad de hallar una solución que corrija la injusta situación de quines abandonaron
Guinea es que está vulnerando flagrantemente los derechos de estas personas, que no pueden acceder
a una compensación por sus pérdidas económicas. Señorías, estamos hablando de un asunto de largo
recorrido que se inició en el año 1993, que se aprobó en el año 1995, y quiero reiterar, señorías, señor
presidente, que cuando el grupo del Gobierno ha estado en la oposición ha apoyado estas iniciativas, y
cuando el grupo de la oposición actual ha estado en el Gobierno también ha apoyado estas iniciativas; y
son muchas las cartas de actuales diputados o de exdiputados de esta Comisión de Asuntos Exteriores
dirigidas a la comunidad de ex residentes en Guinea Ecuatorial apoyando las iniciativas, esta hoja de ruta
de los tres puntos, que en su momento acordamos en esta Comisión de Asuntos Exteriores.
Antes, y con esto termino, hablábamos de los errores del año 1975 en el Sáhara Occidental y de las
consecuencias de los errores de los Gobiernos en un momento determinado. Pues bien, señorías, es
evidente que en el año 1968, en el año 1969 y en el año 1974 se hicieron mal las cosas en Guinea
Ecuatorial y que la reparación, no solo económica pero también económica, está pendiente, con un censo
elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores —sobre el cual les puedo trasladar copia— y una
solución que está pendiente de la voluntad del Gobierno del momento. Es simplemente indignante esta
inactividad, esta ausencia de iniciativa política por parte del Gobierno. Espero que esta tarde sea la
excepción, espero esta tarde de todos los grupos, pero especialmente del grupo de la mayoría, una
respuesta constructiva y una propuesta realista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: De entrada quiero decir que compartimos la oportunidad, el tono y el contenido de la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Es cierto que
en esta Comisión de Exteriores hoy ha querido la coincidencia que tratemos dos temas que tienen un
punto de conexión, que son el proceso de descolonización y el abandono de los territorios que fueron
parte del Estado español, como Guinea Ecuatorial y el Sáhara, además de que fue un proceso con
muchos errores, con muchos agravios como hemos podido comprobar por el contenido de esta propia
proposición no de ley, a los cuales el conjunto de los ciudadanos españoles parece que tiene en el
absoluto olvido. Y para ello, desde esta Comisión de Exteriores de este Parlamento parece que tiene
interés, aunque reproduzcamos debates que han tenido lugar periódicamente en esta Comisión y en los
mismos términos, recordar las justas reclamaciones de los ciudadanos españoles que vivieron en Guinea
Ecuatorial y que además han estado permanentemente en contacto con los grupos parlamentarios, para
que puedan seguir reclamando justicia por aquellas propiedades que dejaron en el país, por las que hoy
todavía están pendientes de ser indemnizados.
Justa era la reclamación que hacía nuestra compañera Isabel Pozuelo también en el caso del Sáhara,
y yo creo que tiene un punto de conexión, sobre las peticiones de nacionalidad española de los saharauis
que por origen o residencia en España lo hubieran solicitado. Afecta a un colectivo muy pequeño. En el
caso de Guinea Ecuatorial es verdad que afecta a un colectivo mayor, pero no se trata tampoco de
cantidades indemnizatorias desorbitadas, aparte de que se trata de una cuestión de justicia. Es, como ha
dicho el señor Xuclà, un debate recurrente en el que nuestro grupo ha fijado siempre una posición a favor de esta resolución, y así va a ser también en el día de hoy en la iniciativa que presentan. Debo recordar
que los propietarios españoles que tenían propiedades en Guinea Ecuatorial únicamente recibieron, y por
sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1993, una indemnización por los gastos de
desplazamiento, auxilios de retorno y bolsa de viaje que los equiparaba a los repatriados del Sáhara, pero
que nunca han visto recompensadas las propiedades que tenían en el momento de la descolonización. Es
cierto que el Gobierno ha hecho esfuerzos; es cierto que incluso miembros de esta Cámara, miembros de
esta Comisión de Exteriores, en su función de diplomacia parlamentaria, han tenido incluso ocasión de
plantear esta cuestión directamente al presidente Obiang, —lo han hecho los ministros de Exteriores—
para una solución negociada a esta cuestión, y que pese a alguna aceptación de esas reclamaciones
nunca han tenido una solución. Por tanto, ni la vía diplomática ni la vía gubernamental han hecho que el
Gobierno Obiang haya finalmente aceptado estas reclamaciones.
Quiero también poner en valor, y es justo reconocerlo, el trabajo de la Asociación de Antiguos
Residentes en Guinea Ecuatorial, muchos de ellos ya de edad avanzada, a los que les gustaría que este
tema ya no se demorara más, porque aparte hay un afecto sobre el país, sobre Guinea Ecuatorial. Además,
sería justo que algún día, en un periodo breve, pudieran ser indemnizados y reconocida su situación.
Quisiéramos también poner de relieve —y para eso propondremos una enmienda in voce al grupo
proponente— que esta situación también se reproduce en cierto modo después de la descolonización.
Son bien conocidas situaciones de empresarios españoles que también han tenido problemas con el
Gobierno; problemas que tienen que ver con situaciones de corrupción, que tienen que ver con la seguridad
jurídica —o la inseguridad jurídica, para ser más exactos— y que también deben tener el acompañamiento
del Gobierno en sus justas reclamaciones. Recordemos que en Guinea Ecuatorial todavía están viviendo
aproximadamente 1.500 españoles y que hay muchos pequeños empresarios. Miembros de esta Cámara
han podido conocer que hay empresarios españoles que se ganan la vida en Guinea, a veces en
condiciones difíciles, que tienen actividad económica allí —hay una colonia importante— y que ahora
precisamente que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores está tan preocupado por la diplomacia
económica y por la marca España, deben tener también el acompañamiento y el apoyo de nuestro
Gobierno. Estamos fuera de los grandes contratos del Gobierno Obiang por otras razones, pero hay
pequeñas pymes, algunas catalanas, otras de otros sitios de España, que tienen su actividad allí y que,
por tanto, producen riqueza también para nuestro país.
Les decía que me permito hacer dos aportaciones in voce a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió por si fueran aceptadas por el grupo proponente. En el punto
número 3, el grupo proponente habla del derecho de indemnización y de que el Estado indemnice sin
perjuicio del derecho de repetición después al Gobierno de Guinea Ecuatorial. A nosotros nos parecería
más adecuado el acompañamiento en las reclamaciones al Gobierno de Guinea Ecuatorial, sin que
significara ya automáticamente un derecho de indemnización a cargo de los Presupuestos Generales del
Estado, y por tanto del Gobierno de España.
Y luego quisiéramos añadir un cuarto punto que nos parece que redondea un poco esta iniciativa
parlamentaria, que es instar al Gobierno a que se interese también ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial
precisamente por estos empresarios que por situaciones ajenas al mercado han visto perjudicados sus
derechos económicos desde el año 1968, y que se exijan, si es legítimo y ajustado a derecho, sus
correspondientes compensaciones o indemnizaciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Márquez.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Lo primero que he de decir es que cuando recibimos la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y leímos su texto no pudimos por menos que
experimentar un sentimiento de receptividad, plena receptividad a lo que se incluía tanto en el petitum
como en la exposición de motivos. No puede ser de otra forma porque esto, como el propio señor Xuclà
ha manifestado en su intervención, es una petición reiterada y que ha contado, por otra parte, con la
aprobación o el beneplácito de unos u otros grupos, estando en la oposición o en el Gobierno, y hay que
reconocerlo así en este momento, a lo largo de estos años, desde 2004, que creo que por otra parte fue
la primera vez en que Convergència i Unió presentó una proposición de este tenor o de este cariz, o
prácticamente igual a la que ahora se presenta. Y con esa receptividad hemos tomado, estudiado y
tratado el asunto, evidentemente, solicitando los informes correspondientes al Gobierno, al cual se le
presupone que debe tener algo que decir cuando se le insta a una cuestión como esta. También nos
hemos reunido —es lo primero que hemos hecho, y así lo debo decir— con los afectados, los que todavía permanecen después de tantos años; nos hemos reunido con esa asociación que ya se ha mencionado
en las intervenciones anteriores, la Asociación de Ex Residentes en Guinea Ecuatorial, personas
evidentemente de avanzada edad todos ellos, y yo creo que ha sido una experiencia muy gratificante en
ambos sentidos, porque es muy gratificante ver a personas que son capaces de mantener una reivindicación
que consideran justa y legítima a lo largo del tiempo. En este momento de sus vidas, muy prolongadas,
incluso habiéndose quedado muchos por el camino, sin embargo, entienden que es de justicia y de
derecho seguir reclamando lo que consideran justo. Nosotros, desde el Grupo Popular, creemos que es
importante reconocer la justicia de los hechos, y también es importante ser honesto en la contestación a
las personas que lo reclaman, estando donde estemos, en la oposición o en el Gobierno.
Como representantes del pueblo que somos, se nos supone honestidad en los planteamientos, y eso
pretendo hacer yo aquí esta tarde: ser honesto en cuanto a la contestación a la reiterada petición que se
manifiesta en esta proposición no de ley que presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Verán ustedes: los informes que nos presenta en este momento el Gobierno lo único que hacen es
reiterar informes anteriores (por cierto, del anterior Gobierno) y que han sido puestos de manifiesto de una
forma veraz e indubitada en escritos de miembros del Grupo Parlamentario Socialista. El último, por cierto,
de la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, en carta de mayo de 2013, hace exactamente un
año, a la Asociación de antiguos residentes, en la cual les dice, y les dice con razón además, que se trata
de un asunto complejo y de difícil solución, que no resulta exigible en términos jurídicos el reconocimiento de
un supuesto derecho de indemnización pero que en la medida de lo posible los Gobiernos socialistas y
ella se comprometen a intentar impulsar la situación.
No podemos estar más de acuerdo con estas palabras, señor Sáez. No podemos estar más de
acuerdo porque es, por otra parte, lo que nos dicen los informes: que parece difícil encontrar un camino
jurídicamente aceptable al supuesto derecho de indemnización. Lo cual no quiere decir que no sea justa
la petición; lo cual no quiere decir que no compartamos la veracidad de los hechos que estamos planteando
esta mañana, y lo cual no quiere decir que el camino pueda terminar de esa manera. Sin embargo,
creemos que esa petición que se hace, que por cierto, y debo decirlo, quizás es lo primero que tendría que
haber dicho, ha sido cumplida en parte, ese censo está elaborado realmente, está y consta en el Ministerio
de Asuntos Exteriores, se ha elaborado, no ahora sino anteriormente en el tiempo. Todo ello no quiere
decir que no sea posible seguir impulsando una reclamación para ver si es que existe posibilidad de otras
vías, no las jurídicas que parece que han terminado, no por voluntad política sino porque los tiempos y las
decisiones de los tribunales son los que son.
Reitero, y con ello concluyo: con la máxima receptividad, con la simpatía y cercanía a la asociación, y
por tanto a sus miembros, y reconociendo la justicia de la reclamación como tal, no podemos votar a favor
de una reclamación que no tiene un camino jurídicamente aceptable y por tanto sería no ser honesto dar
una contestación que no fuera la que estamos dando en este momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene la palabra.
El señor XUCLÁ I COSTA: El diputado señor Sáez ha presentado dos enmiendas in voce. Si le parece
bien, puedo fijar mi posición al respecto. Sobre la primera, no la acepto, prefiero el redactado inicial del
punto número 3. Y sobre la segunda enmienda in voce estoy absolutamente abierto, aunque no tenga
nada que ver la situación de los empresarios actuales con los antiguos residentes, pero son dos causas
de justicia y estoy absolutamente dispuesto a aceptarla si usted me plantea un redactado que podamos
leer al final de la Comisión y haga llegar a la Mesa.
Es una especie de leyenda urbana, conforme a la cual el yate Vita, habría partido al exilio mexicano al 
