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domingo, 5 de mayo de 2024

La Cuestión Española (y más allá)

Esto viene de lejos. Tan lejos que no podremos ser exhaustivos, pero "La Cuestión Española" tiene varios hitos:

En San Francisco, Potsdam y Londres, los pueblos de las Naciones Unidas condenaron el régimen de Franco y decidieron que, mientras continuara ese régimen, «España no ha de ser admitida en el seno de las Naciones Unidas». Así, en mayo y junio de l946, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas resolvió unánimemente, que -entre otras- «en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini (...)».

La Asamblea General reiterará resoluciones en ese sentido, recordando en la resolución 39 la necesidad de establecer «un gobierno cuya autoridad emane del consentimiento de los gobernados, que se comprometa a respetar la libertad de palabra, de culto y de reunión, y estar dispuesto a efectuar prontamente elecciones en que el pueblo español, libre de intimidación y violencia y sin tener en cuenta los partidos, pueda expresar su voluntad».

Lo demás es historia: en el marco de la guerra fría, el gobierno de Franco fue homologado como parte del mundo libre, y aceptado en el seno de Naciones Unidas.

Lo sorprendente es que décadas después "La Cuestión Española" siga sin resolver. 

Todavía en 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos había criticado que no existiera un plan nacional para este cometido. En su comunicado, los relatores saludaron la intención del Gobierno de asumir su responsabilidad y ejercer un rol activo en la búsqueda de víctimas desaparecidas y lo instaron a adoptar inmediatamente las medidas legislativas, administrativas y financieras necesarias para ejercer efectivamente esta función. 

Un años después, reiteraba «el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica; la carencia de presupuesto para la implementación de ésta; la vigencia de la Ley de Amnistía tal como ha sido interpretada por las autoridades judiciales; la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas; la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada; la falta de una ley de acceso a la información; la dificultad para acceder a los archivos; y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros» y constataba como «urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas».

De ahí que nadie deba extrañarse porque tres relatores de la ONU, hayan emitido un informe en el que se pide al Gobierno de España que adopte las «medidas necesarias» frente a las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox en tres comunidades autónomas. De acuerdo con los tres relatores -expertos independientes que trabajan de manera voluntaria- que han presentado el documento, las leyes que están siendo tramitadas en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León «podrían» vulnerar los derechos humanos. En concreto, los expertos temen que con estas normas se invisibilicen «las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista».




Ahora, que si en España queda mucho camìno por andar... ¿cómo estarán los territorios que estuvieron bajo administración española, que sufrieron también la guerra civil y sus consecuencias, pero que quedan actualmente por fuera del marco normativo español?

Precisamente en "Memoria y frontera...", de María del Mar Fernández Pérez, se analiza:

En este periodo las fronteras del Estado eran diferentes, aunque en muchas ocasiones no se sea consciente de esto: no sólo territorios en Marruecos y el actual Sáhara ocupado eran posesiones españolas, también lo era Guinea Ecuatorial.
Resulta llamativa esta falta de referencias a las colonias si tenemos en cuenta que el imaginario colectivo de la Guerra Civil está plagado de referencias al norte de África: allí se produjo el golpe de estado en un primer momento, de allí venía el ejército africano y la famosa y temida guardia mora. Esta guerra, tan importante para la historia europea, empezó en África, y allí se produjeron los primeros asesinatos de quienes permanecieron fieles a la legalidad republicana. Es muy difícil hablar de este periodo sin hacer referencia al protectorado y situados en el momento actual, habrá que afrontar el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica en territorio extranjero.

Y aunque en ocasiones se cruzan fronteras, como en el caso de la Anulación del Consejo de Guerra al radiotelegrafista de Bolondo, ¿quién se acuerda de la población local? Por ejemplo, ¿quién se acuerda de Acacio Mañe?

Aunque haya en España quien protesta por los informes y resolución por ser "injerencistas", hay consenso internacional; la "cuestión española" desde hace tiempo se ve como la "anomalía española". 

miércoles, 15 de junio de 2022

Chacar & Adrián

El caso de Fernando Chacar Bru, es un misterio:

Con las fuentes de información accesibles es posible rastrear la presencia temprana de la familia Chacar en el territorio ecuatorial. Así, Miguel Chacar habría ido en 1903 comisionado a Monrovia para conseguir trabajadores. Hay incluso una finca Chacar en Basakato del Oeste (cruzada por el río Rupe) que con el paso del tiempo fue de la familia Ligero.

Suficiente arraigo familiar en la isla, como para que Fernando Chacar Bru fuera bautizado en la parroquia de Basile el 6 de marzo de 1900. Incluso en La Guinea Española recurren en 1944 al trabajo del «Sr. D. F. Chacar notable cronista de la casa [Bokoko]» para documentar un artículo sobre el origen de la antigua finca de Veiga y Avendaño.

Así con todo, fallecería en Barcelona el 13 de noviembre de 1936, a la de edad de 36 años y dejando una viuda de 26 años.

Aquí es dónde empieza el misterio, ya que su nombre (aunque baila entre Fernando y Frederic) estará entre lo que los apologetas del golpe de Estado del 36 llamarán el “genocidio” de ERC, «con más 8.500 personas asesinadas por Lluís Companys».

De las resoluciones de concesión de pensión a su viuda, la zaragozana Asunción Adrián Comerás, se deduce que éste sería un paisano militarizado con el rango reconocido de cabo de infantería.


Ficha de Asunción Adrián Comeras
en el Centro Documental de la Memoria Histórica

Sin embargo, pese a estar entre los muertos en territorio bajo administración republicana, la propia Asunción -viuda y pensionada- habría sido expedientada y sancionada en 1939 con «pena de multa, remisión o a disposición de otras autoridades» por el Tribunal Militar Territorial Tercero.

Y por esa sanción habría sido “redimida” en 2017 e incluida en la lista de reparación jurídica de víctimas del franquismo (1938-1978) de la Generalitat de Catalunya. Se decreta así la nulidad de su condena y se “restablece el honor, la dignidad y la memoria” de una víctima “injustamente procesada por los tribunales franquistas”.



Aunque igual la historia es más sencilla y cotidiana. Al fin y al cabo, puede ser una historia tan simple como la que relata Elsa López, escritora nacida en Fernando Poo, en El corazón de los pájaros: «El padre siempre decía "los nuestros" porque había sido alférez provisional durante la guerra civil española y tenía la costumbre de hacer suya la guerra; y los demás, incluida su esposa, que era republicana de pura sangre, eran "los otros", los contrarios, los enemigos. Lo de su mujer, según Florentino, era un raro accidente familiar sin importancia y además se lo reía como una gracia».

sábado, 10 de octubre de 2020

Un navarro en prisión y el congosá

El incansable Pedro Medina Sanabria, recoge en su blog dedicado a la Memoria e Historia de Canarias la catalogación que está realizando del archivo jurídico militar de Canarias.

En el listado que está elaborando, salta inesperadamente un nuevo vecino de Santa Isabel:



Se trata del navarro Benigno de los Arcos Hernández, agricultor ("propietario" dirá La Guinea Española) sentenciado a 6 años y un día de prisión mayor por «inducción a la rebelión en los sucesos de Santa Isabel» así como «propalar noticias falsas y tendenciosas». Su hermano Sixto a su vez habría sido condenado a 15 años, y saldrá en libertad condicional en 1943 de los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares. Recientemente, y por constar como residente en Barcelona ha sido incluido en la lista de reparación jurídica de víctimas del franquismo (1938-1978) de la Generalitat de Catalunya. Se decreta así la nulidad de su condena y “restablece el honor, la dignidad y la memoria” de una víctima “injustamente procesada por los tribunales franquistas”.



En 2016, el historiador Iñaki Egaña les dedica un par de párrafos en su artículo Dispersión: «Benigno y Sixto eran hermanos, uno agricultor, el segundo trabajador en una imprenta. Hijos de Quirico Los Arcos y Petra Hernández. Atrás habían dejado media juventud, cruzando el supuesto ecuador de la vida, los cuarenta. Vecinos de Biana, Sixto esposó con María. Benigno era soltero.
Benigno fue detenido en marzo de 1938, Sixto en abril de 1939. Aunque pueda parecer una aberración, fueron afortunados. Si hubieran sido arrestados año y medio antes, sus cuerpos reposarían en alguna cuneta junto a caminos de herradura. Como otros 3.000 compatriotas navarros. Esquivaron la muerte, pero no la dispersión. Sixto fue internado en Alcalá de Henares, lejos de su casa. Benigno en otro continente, en la prisión provincial de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria. Un mundo de por medio».

Benigno cuenta igualmente con expediente de indulto de 1942, tras haber pasado por la cárcel de Santa Isabel, el campo de concentración del viejo Lazareto de Gando y la prisión provincial de Las Palmas.
Unos años después de su liberación es posible identificarle entre los viajeros que llegan en barco a la isla de Fernando Poo.

Como era de esperar, no hay mucha información accesible de este navarro, pese a que el hecho de que acabara regresando al territorito ecuatorial es algo inusual: hay algún caso más de retorno, pero habitualmente se sumaba a la sentencia "ordinaria" (civil o militar) la del Tribunal de Responsabilidades Políticas con castigo de destierro y pérdida de bienes.

De todos modos, el delito de lo que localmente se conoce como congosá, en este caso «propalar noticias falsas y tendenciosas», era lo suficientemente grave en el contexto bélico como para que Manuel de Mendivil, el gobernador general, publicara en marzo del 37 un bando motivado porque «desde hace unos días andan demasiado sueltas las lenguas de los concurrentes a bares, casino, café y locales de pública reunión».



Ya lo adelantaba Mendivil en su discurso de enero al asumir la Gobernación: «piense cada cual a su guisa, pero guárdese sus pensamientos si rebasan la ortodoxia nacionalista, porque su manifestación, su exposición oral o escrita le acarrearía lamentables sanciones que sinceramente deseo evitar. Mis principios me vedan contestar a la bala explosiva del adversario con otra bala explosiva, pero sería locura o mentecatez contestarla con balines de celuloide».

viernes, 14 de febrero de 2020

Anulación del Consejo de Guerra al radiotelegrafista de Bolondo

La Generalitat de Catalunya ha hecho un gran esfuerzo por dignificar a las víctimas sacándolas del olvido.

El pasado 7 de julio, en aplicación de la Ley 11/2017, del 4 de julio, de reparación jurídica de víctimas del franquismo, publicada en el DOGC núm. 7406, de 6 de julio de 2017 (corrección de erratas en el DOGC núm. 7406, de 17.7.2017) el Arxiu Nacional de Catalunya publicó en formato PDF la lista de reparación jurídica de víctimas del franquismo (1938-1978).
Los argumentos en el sentido de no reabrir viejas heridas del pasado son inconcebibles en un contexto democrático, ya que el restablecimiento de la dignidad de las víctimas no busca la venganza sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Tras cuarenta y dos años de la muerte del dictador Franco ninguna ley ha declarado expresamente la nulidad de los juicios del franquismo.
Por este motivo, la presente ley, de conformidad con el ordenamiento jurídico, declara la ilegalidad de los tribunales y de los procedimientos y consejos de guerra instruidos en Cataluña desde el 5 de abril de 1938 hasta diciembre de 1978 por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de Guerra de la IV Región Militar.
Son 66.629 expedientes hasta la fecha. De entre éstos, se puede identificar sin lugar a dudas a Ricardo Echevarria Rezamosa [Retamosa], sevillano de 30 años, vecino de Santa Isabel de Fernando Poo.

Como es habitual, no hay mucha información sobre él, si bien el Diario Oficial editado por el Gobierno de la República en Valencia, recoge su ascenso a teniente, así como una circular posterior en la que se dispone que «el teniente de Ingenieros D. Ricardo Echevarría Retamosa, de la Sección de Transmisiones de la 20 Brigada Mixta, pase destinado a la Jefatura de Transmisiones del Estado Mayor del Ejército de Tierra, incorporándose con urgencia».

Ricardo Echevarria, Teniente de la Unidad de voluntarios de Transmisiones de Campaña, fue sometido a un juicio sumarísimo por un Consejo de Guerra, sobreseyéndose su caso en 1941.
A finales de 1946, La Guinea Española daba noticia de su reincorporación al territorio ecuatorial: «Han ocupado sus vacantes D. Ricardo Echevarría y Sra. en la radio de Bolondo». En abril de 1947, se publica una sentida despedida, que incluye el agradecimiento por su celo como radiotelegrafista durante el accidente del avión de Iberia pilotado por el capitán Sastre en junio del año anterior «aunque tardía, vaya nuestra felicitación a nuestro buen amigo».

En 2017, la Generalitat de Catalunya decreta la nulidad de ese juicio sumarísmo y “restablece el honor, la dignidad y la memoria” de una víctima “injustamente procesada por los tribunales franquistas”.


El Archivo realiza un trabajo ejemplar, si bien la tarea sigue en proceso: se dan ausencias notorias como la del barcelonés Carlos Grey Molay, el republicano negro del campo de concentración de Mauthausen, o la de Josep Serra Companys, primo del president Lluís Companys, que por su lealtad y defensa de la ciudad de Bata (Río Muni), acabó en el campo de concentración del viejo lazareto de Gando.

viernes, 12 de julio de 2019

Anulación de la condena al Rey Baltasar

Amadeo Ansa (1947),
 el negro que sueña ser
 -una noche al año- el Rey Baltasar. 
La Generalitat de Catalunya ha hecho un gran esfuerzo por dignificar a las víctimas sacándolas del olvido.

El pasado 7 de julio, en aplicación de la Ley 11/2017, del 4 de julio, de reparación jurídica de víctimas del franquismo, publicada en el DOGC núm. 7406, de 6 de julio de 2017 (corrección de erratas en el DOGC núm. 7406, de 17.7.2017) el Arxiu Nacional de Catalunya publicó en formato PDF la lista de reparación jurídica de víctimas del franquismo (1938-1978).
Los argumentos en el sentido de no reabrir viejas heridas del pasado son inconcebibles en un contexto democrático, ya que el restablecimiento de la dignidad de las víctimas no busca la venganza sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
Tras cuarenta y dos años de la muerte del dictador Franco ninguna ley ha declarado expresamente la nulidad de los juicios del franquismo.
Por este motivo, la presente ley, de conformidad con el ordenamiento jurídico, declara la ilegalidad de los tribunales y de los procedimientos y consejos de guerra instruidos en Cataluña desde el 5 de abril de 1938 hasta diciembre de 1978 por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de Guerra de la IV Región Militar.
Son 66.629 expedientes hasta la fecha. De entre éstos, se puede identificar sin lugar a dudas a Amadeo Ansa Ancole, nacido en Santa Isabel y residente en Barcelona.

No hay mucha información sobre él. De hecho, hay discrepancias sobre su lugar de nacimiento, aunque sí se sabe que llegó a Barcelona en 1902.

A la edad de 47 años fue sometido a un juicio sumarísimo por un Consejo de Guerra que le condenó en 1939 a 12 meses y un día de prisión mayor. En 1943, estando recluido en la Prisión Celular de Barcelona, obtuvo la libertad condicional.

Unos años después, en 1947, Amadeo Ansa es entrevistado: «empleado durante todo el año en unos almacenes comerciales, la víspera de Reyes tiene un sueño singular: Sueña ser nada menos que Baltasar, el Rey de color, y que, en calidad de tal, y formando parte de la cabalgata de los Magos, se pasea por las calles barcelonesas, aclamada por los niños. Amadeo Ansa, el negro del sueño, habla el catalán como tú y yo. lector (...)
"Soy el Rey negro oficial, el del Ayuntamiento", puntualiza el señor Ansa. (...) En fecha ya lejana, se casó con una catalana, con la que tiene un pimpollo de hija, también en otras ocasiones, aparte la festividad de Reyes, le ha sacado partido a su obscura tez. En los tiempos de la rúa carnavalesca personificaba, por ejemplo, una marca de perfume, montado en una carroza que obtuvo varios primeros premios. Nuestro Rey Baltasar jamás se descuida de hacer constar estos honores ».
Cierra la entrevista con un «"Pueden ustedes afirmar -repite- que yo soy el Rey negro oficial, el del Ayuntamiento".

En 2017, la Generalitat de Catalunya decreta la nulidad de ese juicio sumarísimo y “restablece el honor, la dignidad y la memoria” de una víctima “injustamente procesada por los tribunales franquistas”.


El Archivo realiza un trabajo ejemplar, si bien la tarea sigue en proceso: se dan ausencias notorias como la del barcelonés Carlos Grey Molay, el republicano negro del campo de concentración de Mauthausen, o la de Josep Serra Companys, primo del president Lluís Companys, que por su lealtad y defensa de la ciudad de Bata (Río Muni), acabó en el campo de concentración del viejo lazareto de Gando.