Precisamente en "Memoria y frontera...", de María del Mar Fernández Pérez, se analiza que «en este periodo las fronteras del Estado eran diferentes, aunque en muchas ocasiones no se sea consciente de esto: no sólo territorios en Marruecos y el actual Sáhara ocupado eran posesiones españolas, también lo era Guinea Ecuatorial».
Lo razona igualmente Rita Bosaho:
Vamos a hablar de Memoria, Colonialismo español y Justicia Reparadora en Guinea Ecuatorial.
En Guinea Ecuatorial, la población autóctona experimentó lo que rigurosamente podemos denominar un sistema de apartheid colonial. Si bien no adoptó la estructura exacta del modelo sudafricano, operó bajo una estricta lógica segregacionista que, tanto jurídica como socialmente, se fundamentaba en el racismo institucional.
La política colonial española se articuló en torno a una economía puramente extractivista orientada al beneficio de la metrópoli. Para consolidar su control, el régimen colonial implementó una estrategia de división social mediante la creación de la figura jurídica del "emancipado": una reducida élite guineana que obtenía derechos civiles similares a los de los europeos tras demostrar una supuesta "madurez cultural" y asimilación hispánica.
Estas dinámicas de exclusión y jerarquización permean hoy en día en la formación de la identidad de los diversos pueblos que componen el arco geográfico de Guinea Ecuatorial.
El trauma histórico es el resultado del impacto de una tríada de control absoluto: la administración colonial, la Iglesia católica (fundamentalmente a través de los misioneros claretianos) y las fuerzas armadas coloniales (como la Guardia Colonial). Esta estructura operó en un contexto de absoluta desestructuración de las formas de vida y organización social de las comunidades nativas previas a la incursión española.
En cuanto al Estatuto Indígena y la Justificación "Científica," consta que la gran mayoría de la población fue sometida a un estricto Régimen de Subordinación. Entre 1904 y 1938 —período en el que se institucionaliza el Patronato de Indígenas— se estableció legalmente que el nativo era un "menor de edad jurídico", carente de capacidad de obrar sin la tutela del Estado o de la Iglesia.
Este sometimiento legal coincidió con el auge de la investigación protocientífica y el racismo biológico, que buscaba determinar la supuesta "falta de capacidad mental del negro" para justificar el dominio colonial. Estas tesis racistas estuvieron avaladas por instituciones como el Instituto de Estudios Africanos (IDEA) —vinculado al CSIC.
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