Medidas compensatorias

SOBRE MEDIDAS COMPENSATORIAS A CIUDADANOS ESPAÑOLES EX RESIDENTES EN LA ANTIGUA COLONIA DE GUINEA ECUATORIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002474).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, punto 5.º, proposición no de ley sobre medidas compensatorias a ciudadanos ex residentes en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para cuya defensa tiene la palabra el señor Xuclà. El señor XUCLÀ I COSTA: Paso a defender una proposición no de ley sobre un tema que, desgraciadamente, ya es clásico en esta Comisión de Asuntos Exteriores y que me gustaría que algún día dejara de ser objeto de nuestra atención y de los incumplimientos por parte de los Gobiernos de turno, de las mayorías y de los partidos de oposición de turno que apoyan lo que apoyan y que cuando llegan al Gobierno no cumplen con lo que han apoyado cuando estaban en la oposición. Señorías, en el mes de febrero de 1969 el Gobierno ordenó la evacuación urgente de todos los ciudadanos españoles residentes en Guinea Ecuatorial, antigua provincia que había accedido a la independencia el 12 de octubre de 1968. Tras de sí, estos ciudadanos dejaron todos sus bienes y como consecuencia de su marcha se interrumpió la explotación de las plantas de cacao y café de su propiedad. El 3 de agosto de 1974 se produjo un golpe de Estado en la República de Guinea Ecuatorial, alzándose con el poder el actual presidente, Teodoro Obiang Nguema, quien solicitó a los propietarios españoles, especialmente a los agricultores, que volvieran a Guinea y pusieran de nuevo en funcionamiento las plantaciones que se encontraban abandonadas. Algunos propietarios volvieron a ocupar sus fincas e invirtieron cantidades importantes de dinero para ponerlas en marcha. Sin embargo, este nuevo intento también terminó en fracaso por cuanto el café y cacao recolectado quedaba intervenido en su exportación por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, quien liquidaba al propietario solo el 10% del valor en el mercado internacional, circunstancia que, al hacer inviable la explotación, supuso en la mayoría de los casos su abandono al cabo de unos años. Los ciudadanos españoles —la mayoría de los cuales, por cierto, catalanes— que abandonaron Guinea Ecuatorial, a diferencia de lo que sucedió con los antiguos residentes en otras excolonias, no recibieron ningún tipo de indemnización, más que una mínima cantidad en concepto de ayuda social, ni crédito que les permitiera, bien resarcirse en parte del perjuicio económico que padecieron por culpa del abandono del Gobierno de la época, bien reiniciar su vida en el territorio peninsular o insular. A lo largo de los años han sido numerosas las iniciativas parlamentarias que ha presentado este grupo parlamentario. Ya en el lejano 1993 –señorías, estamos hablando de hace veintiún años– este grupo parlamentario interrogó al Gobierno sobre la situación de los ex residentes en Guinea Ecuatorial, y posteriormente, el 5 de abril del año 1995, el diputado portavoz de este grupo en la Comisión de Asuntos Exteriores, el señor don Lluís Recoder, presentó una primera iniciativa, una primera proposición no de ley referida a este asunto. El objetivo de aquella proposición no de ley era resolver definitivamente, en 1995, el problema de las personas que abandonaron la excolonia como consecuencia del deterioro de las relaciones entre el Gobierno español y el Gobierno de Guinea. El año 1995 esta Comisión aprobó instar al Gobierno, por una parte, a elaborar en el plazo de seis meses el censo en relación con los españoles que tuvieron que abandonar la colonia, y por otra parte, se establecía que en el plazo de dos meses a contar desde la elaboración de dicho censo, se deberían concretar las medidas de compensación. Señorías, este censo que esta Comisión de Asuntos Exteriores mandó elaborar al Ministerio de Asuntos Exteriores el año 1995 existe, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores nunca le ha dado luz, le ha dado carta de naturaleza. Este censo se lo puedo trasladar, existe, con lo cual hay una relación clara de personas afectadas con las cuales se tendría que afrontar una compensación, una reparación de carácter no estrictamente económico. Por esto, en junio de 2003, en julio de 2004 y en la última reunión de la Comisión de 22 de diciembre de 2005, este grupo parlamentario instó otra vez al cumplimiento de lo acordado el año 1995. Señorías, el último antecedente es del año 2009.
Les quiero recordar brevemente los tres puntos que aprobamos el año 2009. En primer lugar, comunicar de forma inmediata al Gobierno los trabajos realizados para la elaboración del censo de residentes y propietarios españoles en Guinea Ecuatorial. En este sentido, el embajador Elorza llegó a comparecer ante esta Comisión de Asuntos Exteriores cuando era secretario general en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para dar cuenta de la elaboración de este censo; censo que nunca ha tenido una repercusión en forma de reparación de los residentes en Guinea Ecuatorial. El segundo punto aprobado, señorías, por última vez el año 2009 planteaba presentar un plan para la reparación económica de los propietarios españoles en Guinea Ecuatorial que perdieron sus bienes y derechos por la declaración de independencia del país, con el acuerdo —esta compensación— del Gobierno de España. Y en tercer y último lugar, el año 2009 también aprobamos en esta Comisión prestar asistencia consular a los antiguos residentes españoles en Guinea Ecuatorial que se vieron perjudicados en sus bienes y propiedades con motivo de los actos discriminatorios del Gobierno de aquel país y acudan a los tribunales ecuatoguineanos en defensa de sus intereses. Señoría, traigo a debate en esta Comisión un tema sobre el que todos los grupos presentan iniciativas, algunas de las cuales incluso han sido aprobadas, presentadas por otros grupos parlamentarios, pero para las que parece que nunca se encuentra una solución real y una solución más viable. Lo más grave de esta aparente imposibilidad de hallar una solución que corrija la injusta situación de quines abandonaron Guinea es que está vulnerando flagrantemente los derechos de estas personas, que no pueden acceder a una compensación por sus pérdidas económicas. Señorías, estamos hablando de un asunto de largo recorrido que se inició en el año 1993, que se aprobó en el año 1995, y quiero reiterar, señorías, señor presidente, que cuando el grupo del Gobierno ha estado en la oposición ha apoyado estas iniciativas, y cuando el grupo de la oposición actual ha estado en el Gobierno también ha apoyado estas iniciativas; y son muchas las cartas de actuales diputados o de exdiputados de esta Comisión de Asuntos Exteriores dirigidas a la comunidad de ex residentes en Guinea Ecuatorial apoyando las iniciativas, esta hoja de ruta de los tres puntos, que en su momento acordamos en esta Comisión de Asuntos Exteriores. Antes, y con esto termino, hablábamos de los errores del año 1975 en el Sáhara Occidental y de las consecuencias de los errores de los Gobiernos en un momento determinado. Pues bien, señorías, es evidente que en el año 1968, en el año 1969 y en el año 1974 se hicieron mal las cosas en Guinea Ecuatorial y que la reparación, no solo económica pero también económica, está pendiente, con un censo elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores —sobre el cual les puedo trasladar copia— y una solución que está pendiente de la voluntad del Gobierno del momento. Es simplemente indignante esta inactividad, esta ausencia de iniciativa política por parte del Gobierno. Espero que esta tarde sea la excepción, espero esta tarde de todos los grupos, pero especialmente del grupo de la mayoría, una respuesta constructiva y una propuesta realista.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.

El señor SÁEZ JUBERO: De entrada quiero decir que compartimos la oportunidad, el tono y el contenido de la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Es cierto que en esta Comisión de Exteriores hoy ha querido la coincidencia que tratemos dos temas que tienen un punto de conexión, que son el proceso de descolonización y el abandono de los territorios que fueron parte del Estado español, como Guinea Ecuatorial y el Sáhara, además de que fue un proceso con muchos errores, con muchos agravios como hemos podido comprobar por el contenido de esta propia proposición no de ley, a los cuales el conjunto de los ciudadanos españoles parece que tiene en el absoluto olvido. Y para ello, desde esta Comisión de Exteriores de este Parlamento parece que tiene interés, aunque reproduzcamos debates que han tenido lugar periódicamente en esta Comisión y en los mismos términos, recordar las justas reclamaciones de los ciudadanos españoles que vivieron en Guinea Ecuatorial y que además han estado permanentemente en contacto con los grupos parlamentarios, para que puedan seguir reclamando justicia por aquellas propiedades que dejaron en el país, por las que hoy todavía están pendientes de ser indemnizados. Justa era la reclamación que hacía nuestra compañera Isabel Pozuelo también en el caso del Sáhara, y yo creo que tiene un punto de conexión, sobre las peticiones de nacionalidad española de los saharauis que por origen o residencia en España lo hubieran solicitado. Afecta a un colectivo muy pequeño. En el caso de Guinea Ecuatorial es verdad que afecta a un colectivo mayor, pero no se trata tampoco de cantidades indemnizatorias desorbitadas, aparte de que se trata de una cuestión de justicia. Es, como ha dicho el señor Xuclà, un debate recurrente en el que nuestro grupo ha fijado siempre una posición a favor de esta resolución, y así va a ser también en el día de hoy en la iniciativa que presentan. Debo recordar que los propietarios españoles que tenían propiedades en Guinea Ecuatorial únicamente recibieron, y por sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1993, una indemnización por los gastos de desplazamiento, auxilios de retorno y bolsa de viaje que los equiparaba a los repatriados del Sáhara, pero que nunca han visto recompensadas las propiedades que tenían en el momento de la descolonización. Es cierto que el Gobierno ha hecho esfuerzos; es cierto que incluso miembros de esta Cámara, miembros de esta Comisión de Exteriores, en su función de diplomacia parlamentaria, han tenido incluso ocasión de plantear esta cuestión directamente al presidente Obiang, —lo han hecho los ministros de Exteriores— para una solución negociada a esta cuestión, y que pese a alguna aceptación de esas reclamaciones nunca han tenido una solución. Por tanto, ni la vía diplomática ni la vía gubernamental han hecho que el Gobierno Obiang haya finalmente aceptado estas reclamaciones. Quiero también poner en valor, y es justo reconocerlo, el trabajo de la Asociación de Antiguos Residentes en Guinea Ecuatorial, muchos de ellos ya de edad avanzada, a los que les gustaría que este tema ya no se demorara más, porque aparte hay un afecto sobre el país, sobre Guinea Ecuatorial. Además, sería justo que algún día, en un periodo breve, pudieran ser indemnizados y reconocida su situación. Quisiéramos también poner de relieve —y para eso propondremos una enmienda in voce al grupo proponente— que esta situación también se reproduce en cierto modo después de la descolonización. Son bien conocidas situaciones de empresarios españoles que también han tenido problemas con el Gobierno; problemas que tienen que ver con situaciones de corrupción, que tienen que ver con la seguridad jurídica —o la inseguridad jurídica, para ser más exactos— y que también deben tener el acompañamiento del Gobierno en sus justas reclamaciones. Recordemos que en Guinea Ecuatorial todavía están viviendo aproximadamente 1.500 españoles y que hay muchos pequeños empresarios. Miembros de esta Cámara han podido conocer que hay empresarios españoles que se ganan la vida en Guinea, a veces en condiciones difíciles, que tienen actividad económica allí —hay una colonia importante— y que ahora precisamente que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores está tan preocupado por la diplomacia económica y por la marca España, deben tener también el acompañamiento y el apoyo de nuestro Gobierno. Estamos fuera de los grandes contratos del Gobierno Obiang por otras razones, pero hay pequeñas pymes, algunas catalanas, otras de otros sitios de España, que tienen su actividad allí y que, por tanto, producen riqueza también para nuestro país. Les decía que me permito hacer dos aportaciones in voce a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió por si fueran aceptadas por el grupo proponente. En el punto número 3, el grupo proponente habla del derecho de indemnización y de que el Estado indemnice sin perjuicio del derecho de repetición después al Gobierno de Guinea Ecuatorial. A nosotros nos parecería más adecuado el acompañamiento en las reclamaciones al Gobierno de Guinea Ecuatorial, sin que significara ya automáticamente un derecho de indemnización a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto del Gobierno de España. Y luego quisiéramos añadir un cuarto punto que nos parece que redondea un poco esta iniciativa parlamentaria, que es instar al Gobierno a que se interese también ante el Gobierno de Guinea Ecuatorial precisamente por estos empresarios que por situaciones ajenas al mercado han visto perjudicados sus derechos económicos desde el año 1968, y que se exijan, si es legítimo y ajustado a derecho, sus correspondientes compensaciones o indemnizaciones.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Márquez.

El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Lo primero que he de decir es que cuando recibimos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y leímos su texto no pudimos por menos que experimentar un sentimiento de receptividad, plena receptividad a lo que se incluía tanto en el petitum como en la exposición de motivos. No puede ser de otra forma porque esto, como el propio señor Xuclà ha manifestado en su intervención, es una petición reiterada y que ha contado, por otra parte, con la aprobación o el beneplácito de unos u otros grupos, estando en la oposición o en el Gobierno, y hay que reconocerlo así en este momento, a lo largo de estos años, desde 2004, que creo que por otra parte fue la primera vez en que Convergència i Unió presentó una proposición de este tenor o de este cariz, o prácticamente igual a la que ahora se presenta. Y con esa receptividad hemos tomado, estudiado y tratado el asunto, evidentemente, solicitando los informes correspondientes al Gobierno, al cual se le presupone que debe tener algo que decir cuando se le insta a una cuestión como esta. También nos hemos reunido —es lo primero que hemos hecho, y así lo debo decir— con los afectados, los que todavía permanecen después de tantos años; nos hemos reunido con esa asociación que ya se ha mencionado en las intervenciones anteriores, la Asociación de Ex Residentes en Guinea Ecuatorial, personas evidentemente de avanzada edad todos ellos, y yo creo que ha sido una experiencia muy gratificante en ambos sentidos, porque es muy gratificante ver a personas que son capaces de mantener una reivindicación que consideran justa y legítima a lo largo del tiempo. En este momento de sus vidas, muy prolongadas, incluso habiéndose quedado muchos por el camino, sin embargo, entienden que es de justicia y de derecho seguir reclamando lo que consideran justo. Nosotros, desde el Grupo Popular, creemos que es importante reconocer la justicia de los hechos, y también es importante ser honesto en la contestación a las personas que lo reclaman, estando donde estemos, en la oposición o en el Gobierno. Como representantes del pueblo que somos, se nos supone honestidad en los planteamientos, y eso pretendo hacer yo aquí esta tarde: ser honesto en cuanto a la contestación a la reiterada petición que se manifiesta en esta proposición no de ley que presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Verán ustedes: los informes que nos presenta en este momento el Gobierno lo único que hacen es reiterar informes anteriores (por cierto, del anterior Gobierno) y que han sido puestos de manifiesto de una forma veraz e indubitada en escritos de miembros del Grupo Parlamentario Socialista. El último, por cierto, de la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, en carta de mayo de 2013, hace exactamente un año, a la Asociación de antiguos residentes, en la cual les dice, y les dice con razón además, que se trata de un asunto complejo y de difícil solución, que no resulta exigible en términos jurídicos el reconocimiento de un supuesto derecho de indemnización pero que en la medida de lo posible los Gobiernos socialistas y ella se comprometen a intentar impulsar la situación. No podemos estar más de acuerdo con estas palabras, señor Sáez. No podemos estar más de acuerdo porque es, por otra parte, lo que nos dicen los informes: que parece difícil encontrar un camino jurídicamente aceptable al supuesto derecho de indemnización. Lo cual no quiere decir que no sea justa la petición; lo cual no quiere decir que no compartamos la veracidad de los hechos que estamos planteando esta mañana, y lo cual no quiere decir que el camino pueda terminar de esa manera. Sin embargo, creemos que esa petición que se hace, que por cierto, y debo decirlo, quizás es lo primero que tendría que haber dicho, ha sido cumplida en parte, ese censo está elaborado realmente, está y consta en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha elaborado, no ahora sino anteriormente en el tiempo. Todo ello no quiere decir que no sea posible seguir impulsando una reclamación para ver si es que existe posibilidad de otras vías, no las jurídicas que parece que han terminado, no por voluntad política sino porque los tiempos y las decisiones de los tribunales son los que son. Reitero, y con ello concluyo: con la máxima receptividad, con la simpatía y cercanía a la asociación, y por tanto a sus miembros, y reconociendo la justicia de la reclamación como tal, no podemos votar a favor de una reclamación que no tiene un camino jurídicamente aceptable y por tanto sería no ser honesto dar una contestación que no fuera la que estamos dando en este momento.

El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene la palabra.

El señor XUCLÁ I COSTA: El diputado señor Sáez ha presentado dos enmiendas in voce. Si le parece bien, puedo fijar mi posición al respecto. Sobre la primera, no la acepto, prefiero el redactado inicial del punto número 3. Y sobre la segunda enmienda in voce estoy absolutamente abierto, aunque no tenga nada que ver la situación de los empresarios actuales con los antiguos residentes, pero son dos causas de justicia y estoy absolutamente dispuesto a aceptarla si usted me plantea un redactado que podamos leer al final de la Comisión y haga llegar a la Mesa.