El 1 de noviembre de 1954 se publica en el
Boletín Oficial del Estado el DECRETO de 26 de octubre de 1954 por el que se reconoce con personalidad jurídica de Corporación de
Derecho Público al Sindicato Vertical de Alimentación
y Productos Coloniales de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
4. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN GUINEA ECUATORIAL
El carácter autoritario de todos los regímenes políticos que ha sufrido Guinea
Ecuatorial desde la colonización ha dificultado el ejercicio del derecho de sindicalización
de sus ciudadanos.
Durante la colonia, el gobierno colonial franquista no reconocía el derecho de asociación,
y en consecuencia hasta la década de 1960 no existió ninguna organización de
trabajadores para la reclamación de sus derechos. Sí se fomentaron, sin embargo,
las cooperativas agrícolas de pequeños productores para el cultivo del cacao. Desde
1936 existía un denominado Sindicato Maderero de empresarios, que defendía los
intereses de los productores y compradores españoles. La legislación metropolitana
española sólo concebía la existencia de un sindicalismo “vertical”, que reunía a
empresarios y trabajadores en una misma organización. Sin embargo, como tantas
otras instituciones metropolitanas, ésta no se extendió en la colonia.
El primer intento de organización sindical independiente se produjo en la época tardocolonial
y en el exilio, con la fundación en 1959 de la Unión General de
Trabajadores de Guinea Ecuatorial. La UGTGE mantenía vínculos con el partido
nacionalista anticolonial MONALIGE. Este sindicato obtuvo cierta libertad de acción
durante la apertura política que supuso el régimen de Autonomía, establecido
durante los últimos años de presencia colonial (1965-1968). En esta época tuvo
lugar además la primera huelga de funcionarios de la Administración, en 1966, con
la exigencia de una equiparación de salarios entre africanos y europeos.
Tras la independencia, el carácter extremadamente autocrático y represivo del
nuevo gobierno, la disminución drástica de las empresas que operaban en el país
y las condiciones de pobreza de la población, dedicada mayoritariamente a actividades
de subsistencia, impidieron la organización y funcionamiento de sindicatos.
En los ámbitos internacionales, tampoco se prestó mucha atención a la situación
que se vivía en Guinea Ecuatorial. Sólo en octubre de 1980 la Conferencia de
Unión Sindical Africana (Mogadiscio), aprobó una resolución en la que se pedía
que “el gobierno de Guinea Ecuatorial tomara las medidas necesarias para restaurar
el funcionamiento normal de los sindicatos, en conformidad con las disposiciones
de la OIT”.
Con el gobierno establecido por Obiang Nguema tras el golpe palaciego contra su
tío, continuaron sin respetarse los derechos de los trabajadores, incluido el de
asociación y de libertad sindical, a pesar de que en 1981 Guinea Ecuatorial se
adhirió a la OIT. Sólo tras los cambios políticos que conllevaron la reforma de la constitución en 1991, se abrió la posibilidad legal de organizar sindicatos en el
país, aunque la Ley Fundamental no recogiera explícitamente este derecho
(véase recuadro 3). La Ley sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo
de 1992, redactada con asesoramiento de la OIT, reguló por primera vez este
derecho; en 1999 fue modificada por la ley 6/1999.
A pesar del reconocimiento legal de la libertad de sindicalización, existen varios obstáculos
para la aparición en Guinea Ecuatorial de sindicatos libres. El primero son las
dificultades que establece la misma ley, al exigir un mínimo de 50 trabajadores de un
mismo sector. Ello es contradictorio con la realidad del país, ya que la mayoría de las
empresas son de tipo familiar y dimensiones reducidas. Además, el artículo 6 excluye
de la ley al sector público, a pesar de que éste ocupa del 25 al 40% de los trabajadores
asalariados del país. La misma ley prevé una normativa especial para los
funcionarios y demás trabajadores públicos, que aún no se ha aprobado.
El segundo obstáculo a la aparición de sindicatos es la aplicación restrictiva de la
ley, que ha llevado a la denegación de la legalización de la mayor parte de las propuestas
presentadas desde principios de los años noventa. En 2005 se ha presentado
ante la OIT una queja contra el gobierno de Guinea Ecuatorial por violación
de la libertad sindical, denunciando los obstáculos burocráticos, incluidos los del
mismo notario de Malabo, a la legalización de dos sindicatos. Además, los promotores
de estas propuestas son objeto de prácticas de intimidación por parte de
las fuerzas de seguridad.
Por último, la estructura del ámbito laboral en Guinea Ecuatorial, con una gran
mayoría de trabajadores en el sector informal, dificulta la organización de sindicatos
en el sentido más clásico. No obstante, el único sindicato legalizado funciona
precisamente en este sector, como veremos más adelante.
La labor de los sindicatos en Guinea Ecuatorial se ve muy entorpecida, en primer
lugar por el carácter clandestino que deben asumir sus actividades. En segundo
lugar porque dos de los principales instrumentos de presión de los trabajadores,
el derecho a la huelga y la negociación colectiva, no tienen efectividad alguna. Por
último, a causa de la persecución y represión policial y la discriminación laboral a
la que se ven sometidos los sindicalistas, quienes reciben el mismo trato que los
opositores políticos. La situación del derecho de sindicalización en Guinea Ecuatorial ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOS).
La situación de los sindicatos se agrava en ciertos sectores económicos, como es
el de la industria petrolífera. El control que ejerce el gobierno a través de las agencias
intermediarias de contratación, y el interés de las multinacionales por evitar la
organización de reivindicaciones de sus trabajadores, se aúnan para impedir que
exista ninguna iniciativa en este sentido. En general, las organizaciones guineanas
con pretensiones sindicales tienen muy baja capacidad de movilización, y
todavía carecen de efectividad en la defensa de los derechos y condiciones laborales
de los trabajadores.
4.1. Iniciativas sindicales en Guinea Ecuatorial
En 1990 se creó la Unión Sindical de Trabajadores (UST), que ha venido trabajando
en la clandestinidad debido a las recurrentes negativas del gobierno a su legalización.
La UST está vinculada al partido socialdemócrata Convergencia para la
Democracia Social (CPDS), a través de su Secretaría de Acción Sindical, cuyo
programa incluye la necesidad de una democratización de las estructuras políticas
del país para una efectiva defensa de los derechos de los trabajadores. Los derechos
laborales son, por tanto, reivindicados como parte de los derechos fundamentales
de los ciudadanos. Para el principal partido de la oposición interna,
“[dadas] las condiciones actuales de lucha por los derechos de los ciudadanos y
de los trabajadores (...) sigue siendo absolutamente necesario que UST encuentre
en CPDS la fuente de su acción e iniciativa”.
Según la UST, su proyecto sindical consiste en desarrollarse autónomamente en
varios sectores, como la educación, los servicios, los transportes o las actividades
agropecuarias. Una vez legalizadas varias organizaciones de rama, consideradas
como federaciones del sindicato, se pretende convocar un congreso fundacional
del sindicato. En este sentido, la UST ha dedicado gran parte de sus actividades
a procurar su legalización de acuerdo con las normas vigentes en el país, así
como la legalización de otros sindicatos, como el Sindicato Independiente de
Servicios (SIS) o la Asociación Sindical de Docentes (ASD).
La UST apoyó en 1991 una huelga de funcionarios locales del PNUD de 48 horas, lo
que dio lugar a un aumento salarial del 25%. En diciembre de 1992 y principios de 1993, también apoyó la huelga indefinida de profesores del Instituto Rey Malabo, provocada
por la expulsión de varios docentes, que motivó una represión brutal por parte
del gobierno: “se detuvo y se torturó a políticos, profesores, sacerdotes, estudiantes
y otros ciudadanos sin otra justificación que la de amedrentar a todo aquel que pueda
pretender criticar la caótica situación del país”. Además, se expulsó a 27 profesores
del Instituto. En septiembre de 1993 y marzo de 1994, debido a la brutal represión del
año anterior, fracasaron sendas convocatorias de huelga de los trabajadores nacionales
de la ONU en Malabo y de la Administración pública, en reivindicación de una
subida de los salarios que los ajustase a la devaluación del Franco CFA.
El Sindicato Independiente de Servicios (SIS) se constituyó ante notario en
enero de 1996, con el objetivo de defensa y mejora de las condiciones de los trabajadores
del sector terciario. A pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos
en la ley, y de la presión ejercida desde la CIOSL solicitando su reconocimiento
legal, el gobierno le denegó personalidad jurídica. “En su grupo promotor había
unas 80 personas provenientes de la hostelería, correos y comunicaciones, tanto
del sector público como privado. El gobierno forzó el despido de varios promotores
y negó el reconocimiento a la organización argumentando que varios de ellos
eran funcionarios. El SIS recurrió dos veces, pero no logró su legalización”.
Por su parte, la Asociación Sindical de Docentes (ASD), constituida en 1998,
agrupa a maestros y profesores de enseñanzas primaria, media, profesional y
superior, tanto en el sector público como el privado. El gobierno rechazó su
solicitud de reconocimiento alegando que agrupaba a funcionarios del Estado y
que no estaba aprobada todavía la ley que debería regular la constitución y el funcionamiento
de sindicatos dentro del sector público. En el ámbito de la educación
privada, la cooperación internacional ha sido objeto de reclamaciones de los trabajadores.
En marzo de 1999, 111 maestros y profesores de los centros integrantes
de la Asociación de Centros Católicos de la Enseñanza de Guinea Ecuatorial
(ACCEGE), financiada por la cooperación española, dirigieron un manifiesto a la
presidencia de esta asociación, denunciando las diferencias salariales entre españoles
y guineanos y reivindicando un aumento de sueldo y la mejora de las condiciones
de trabajo. La reacción de los responsables de la ACCEGE fue acudir al
Ministerio de Educación guineano denunciando la politización de la demanda, y no
contratar a algunos de sus promotores al año siguiente.
Paralelamente a todos estos esfuerzos entorpecidos por el gobierno, funciona la
Organización Especializada de los Trabajadores del Partido Democrático de Guinea
Ecuatorial, presidida por el hijo del Presidente, Teodoro Nguema Obiang, ministro y empresario. Tiene células en casi todas las empresas del país, con la misión de vigilar
y tomar medidas represivas contra cualquier trabajador que no sea militante activo
del PDGE y quien manifieste aspiraciones de crear o participar en un sindicato.
La estructuración sindical en el ámbito agropecuario no asalariado sufre de los obstáculos
propios del llamado sector informal, en el que la distinción entre trabajadores
y empleadores no aparece de manera clara. Aquí las relaciones fundamentales
se dan entre propietarios y arrendatarios (parcelistas), productores y compradores,
y agricultores y asalariados temporales. La sindicalización del trabajo agropecuario
no asalariado en Guinea Ecuatorial ha conocido varias iniciativas.
En 1998 se organizó una cooperativa de servicios integrados, que logró apoyo de la
cooperativa española Mondragón. A partir de esa cooperativa se creó la
Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios (OSPA), que hace su aparición
en un momento crítico para la agricultura, afectada negativamente por la economía
del petróleo. Su desarrollo también se vio afectado por la represión
gubernamental en las comunidades rurales bubis de la isla de Bioko a principios de
1998. Pero en julio de 2000, después de tres años de espera, logró su reconocimiento
legal, siendo el primer sindicato, y hasta ahora único, con dicho estatus. Se
trata de un sindicato que quiere representar a agricultores y ganaderos, pequeños
propietarios por cuenta propia, arrendatarios o aparceros, y también a técnicos y cooperativas
o asociaciones de producción o transformación artesanal. El reconocimiento
del gobierno ha podido verse facilitado por su carácter de sindicato de
pequeños productores o parcelistas, que lo hace menos propenso a una movilización
que pudiera afectar gravemente a los cultivos de los que dependen sus miembros. Inicialmente, formaba parte del proyecto federal de la UST, pero tras su legalización
se ha desvinculado del mismo, lo que ha llevado a la primera a promover otro
sindicato en el mismo ámbito, la Organización de Trabajadores del Campo (OTC).
Además de estas iniciativas sindicales, ha de tenerse en cuenta la existencia de algunas
cooperativas, especialmente entre los productores de cacao, como la de Buena
Esperanza en Bioko. En 1998 se creó la cooperativa de servicios integrados en el
ámbito agropecuario CIPA, que opera en Evinayong y que ha recibido el apoyo de la
cooperativa Mondragón de Guipúzcoa (España). En 2002 se lanzó otro proyecto
de cooperativa en el ámbito de la pesca artesanal COPESCA, que tiene como objetivo
operar en Basupú, Río Campo, Mbini y Cogo. Ambos proyectos aspiran a estructurar
la demanda de los trabajadores del sector informal en Guinea.
En cuanto a las organizaciones empresariales, a pesar del número relativamente
pequeño de tres empleadores que exige la Ley sobre Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo para la constitución de una asociación de empresarios, no se
ha registrado ningún expediente de solicitud de reconocimiento de una asociación de
esta índole, si exceptuamos la Organización Sindical de Pequeños Agropecuarios. El
problema está en el hecho de que la gran mayoría de las empresas de cierta entidad
que operan en el país, están en manos de los gobernantes, protagonistas de todo tipo
de violaciones de los derechos laborales y de la legalidad vigente, y no tienen ningún
interés en asociarse. Los empresarios que tuvieran intención de asociarse temen ser
acusados de organizarse políticamente en contra del gobierno.
Como ya se mencionó en el recuadro 2, la organización de microempresarios que
existía en el país desde principios de los años noventa nunca logró reconocimiento
legal, a pesar de sus esfuerzos en este sentido. En 1997, el gobierno de Guinea
Ecuatorial promovió la constitución de una patronal a nivel nacional para cumplir
con las exigencias de su pertenencia a la CEMAC. La independencia de esta
patronal es muy discutible, pues los principales cargos de la misma están en
manos de personas afines al partido gobernante PDGE. Además, la ausencia de
contrapartes sindicales de los trabajadores hace que no pueda cumplir con una de
las funciones de las organizaciones de empresarios, que es participar en el diálogo
social tripartito entre gobierno, sindicatos y patronales.
Además, desde el año 1995, sin someterse al procedimiento legalmente establecido
para el reconocimiento de una asociación, se creó el Movimiento de Amigos
de Obiang (MAO), que incluía entre otros a todos los empresarios del país, tanto
nacionales como extranjeros. El gobierno también ha promovido la creación de
organizaciones ficticias ad hoc para contrarrestar la imagen negativa en las instituciones
internacionales: en 2000 una inexistente Unión General de Empresas
Privadas de Guinea Ecuatorial (UGEPRIGE) presentó un informe en la 277 reunión
del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, en el
que se trató el asunto de la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva, asegurando que en
Guinea Ecuatorial se respetaba el derecho de sindicalización.
En cuanto a los colegios profesionales, sólo malfunciona el Colegio de
Abogados, con muy escasa independencia del gobierno. La politización del
Colegio ha sido siempre el objetivo del régimen, que en 2002 en vísperas de un
juicio político contra un grupo de opositores acusados de conspiración, decidió
disolverlo temporalmente con el propósito de evitar que éste pudiese designar a
los abogados de oficio que debían representar a los acusados, dejando dicha
designación al arbitrio del Ministro de Justicia. En 1996 se intentó organizar un
Colegio de Médicos, que el gobierno no autorizó.
El gobierno pone obstáculos e impedimentos para la creación de los colegios profesionales
en el país. Ello se debe en parte a la aversión y miedo que tiene el régimen
a la estructuración de la sociedad, y a su percepción de las organizaciones
profesionales como espacios potenciales de reivindicaciones y en consecuencia,
posibles semilleros de oposición política. Además los colegios pueden suponer un
obstáculo a los intereses consolidados de muchas personas con títulos académicos
dudosos instalados en altas instancias del régimen, quienes siempre han visto
la organización de los profesionales con recelo.
