Y entre sus muchos textos, hay uno de referencia obligatoria: Un Guardia Civil en la selva.
Se trata del Teniente Ayala, al que ya se ha incluido en varias anotaciones del blog.
Merece la pena, sin embargo, dedicar especial atención al capítulo El declive de un tirano del libro de Gustau:
(...) La situación, en Guinea, era mucho más tranquila que en la convulsa metrópolis. Durante las primeras semanas de la guerra, Ayala colaboró con el Frente Popular. Su militancia, pese a todo, era más bien discreta: publicó un panfleto en defensa de la República, pagó 150 pesetas para ayudar a las familias de los republicanos perseguidos y, de vez en cuando, tomaba una copa con el jefe militar de las fuerzas leales (Ayala tenía un bar con terraza en Bata, cerca de la playa, donde se reunían los simpatizantes de la República). Pero, por otra parte, el comerciante y hostelero protegió a varios oficiales de la Guardia Colonial confinados por golpistas. El capitán Ayala fue distanciándose progresivamente de sus compañeros de partido, y en especial a partir de septiembre de 1936, cuando a Bata llegaron noticias de la sublevación de la Guardia Colonial en Santa Isabel y de que los franquistas controlaban la isla de Fernando Poo. Fue en aquel momento cuando los republicanos del Muni se radicalizaron. Los izquierdistas más extremos ganaron influencia y se endureció la persecución de religiosos y colonos sospechosos de apoyar el golpe. Ayala, que estaba en Bata, se enteró de que pretendían encarcelar a los claretianos de la misión de Nkué y les advirtió del peligro. A través de un guineano, les envió una nota muy concisa: «Situación terrible, márchense llevando sólo lo preciso». Un par de religiosos huyeron. Los demás decidieron quedarse en la misión. Al cabo de pocos días, los claretianos fueron arrestados y trasladados a una finca de Bata, primero, y luego a un barco anclado ante la ciudad. La radicalización no fue mucho más lejos; en el Muni no hubo colectivizaciones, ni combates callejeros, ni bombardeos aéreos, ni «paseos», ni milicianos en mono de trabajo… En Bata, con guerra o sin ella, reinaba el relajamiento tropical. Poco después, el propio Ayala huyó de Guinea. Se fue a Camerún sin levantar sospechas, porque solía hacerlo por motivos de negocios. Desde allí escribió una carta al jefe militar de los republicanos, un buen amigo suyo, para explicarle su postura: «Sólo digo que estando usted solo, muy bien, habría tranquilidad, después no». En otra carta insistía en ello: «La vida, desde que V. no tiene solo el mando, no es tranquila, ni es vida […] Ojalá no pase nada y todo acabe bien». En Camerún, al principio, Ayala adoptó una posición muy ambigua. Denunció ante las autoridades francesas a un alemán que supuestamente espiaba para Franco. Pero, simultáneamente, mantuvo contactos con un par de funcionarios coloniales reaccionarios que habían huido de Guinea. El 14 de octubre de 1936, mientras Ayala permanecía en Camerún, un barco artillado con fuerzas marroquíes y voluntarios franquistas atacó Bata. Sin previo aviso, agredió a cañonazos tanto la ciudad como el barco que había anclado ante su playa. Las bombas tan sólo acabaron con tres personas: unos misioneros cautivos en el buque. Los combates, en Guinea, no causaron muchas más víctimas mortales. Los blancos republicanos huyeron en masa de Bata a toda prisa, rumbo a Ebibeyín, para exiliarse en Camerún. Se iban a pie, en condiciones extremas, porque habían abandonado sus hogares lo más rápido posible. Según algunos guineanos, testigos de la huida, había incluso niños blancos desnudos. Prácticamente todos los colonos de izquierdas del Muni pudieron escapar a las vecinas colonias francesas. Sólo [Alejandro Torres García] un militante del Frente Popular se resistió al avance franquista; era un viejo colono que había destacado, años atrás, por sus críticas al autoritarismo de Núñez de Prado. Aquel hombre se atrincheró en un remoto destacamento del sur de Guinea y murió con el fusil en la mano, en pleno corazón de la selva ecuatorial. Cuando los franquistas controlaron el territorio, Touchard, que ya era capitán, fue nombrado subgobernador de Bata. Ayala no abandonó Camerún, sino que sondeó la situación para comprobar si era prudente volver a Guinea. Todavía no lo era. Algunos colonos republicanos habían sido ejecutados. Y varios refugiados que habían decidido regresar a la colonia española, porque no habían jugado ningún papel político destacado, sufrieron penas de cárcel. Un funcionario franquista fue detenido en Bata por el mero hecho de haberse entrevistado con el capitán Ayala en un viaje a Camerún. Al ver que su situación no mejoraba, el ex reclutador envió una carta a Touchard pidiéndole permiso para ir a Toledo a ver a su familia; le aseguraba que, tras saludar a sus parientes, se presentaría ante Franco para que «hicieran con él lo que quisieran: o mandarle al frente o que le mataran». Ayala aseguraba que «él había sido un equivocado, que él se sentía arrepentido y que por lo mismo sentía más deseos de ir a España a luchar para poder quedar limpio de sus culpas». Incluso le aseguró a Touchard que estaba dispuesto a alistarse en la Legión para luchar contra los republicanos como legionario de a pie. Pese a sus solemnes promesas, cuando Ayala constató que las cosas no acababan de quedar claras, lejos de marcharse a la metrópolis como legionario, se limitó, prudentemente, a pasar una temporada más en Camerún. La administración colonial le procesó in absentia. El instructor del caso era, precisamente, Eugenio Touchard, ex colaborador suyo en la época del reclutamiento forzoso. Durante el juicio, algunos colonos derechistas declararon en contra de Ayala, pero las pruebas que presentaron eran poco sólidas: antipatía por los religiosos, comentarios irreverentes, amistad con colonos de izquierdas… La única imputación seria era que de vez en cuando, durante la guerra, se había reunido con los líderes republicanos. La sentencia, al fin, fue condenatoria, porque Touchard no tuvo en cuenta lo que Ayala había hecho — muy poca cosa—, sino lo que no había hecho, que era mucho. En la sentencia se argumentaba que las clases de la Guardia Colonial habían demostrado sus sentimientos derechistas y que, si no se habían sumado a la rebelión militar, era porque Ayala no lo había hecho, ya que el capitán era todo un referente para las fuerzas del cuerpo. El documento dejaba constancia de que, si él hubiese querido, la colonia entera se habría revelado, aunque ya no fuese militar: «Poco trabajo le habría costado al capitán Ayala hacer decidir la suerte de la Guinea a favor de la causa nacionalista». Todos los bienes del capitán fueron requisados. Ayala no compareció ante el tribunal, pero seguía de cerca su procesamiento. Vivía en la ciudad camerunesa de Ambam, a veinticinco kilómetros de la frontera, con su mujer —la fang guineana— y dos hijos mestizos. Para ganarse la vida, regentaba la factoría de un comerciante griego instalado en otra localidad de Camerún. En aquel establecimiento, Ayala tenía como empleado a un ciudadano británico que vivía en Mikomeseng pero pasaba largas temporadas en Ambam. El inglés, al volver de Guinea, informaba detalladamente al factor a propósito de la evolución de sus asuntos legales. Con tal de que le devolvieran sus propiedades, Ayala se mantenía en estrecho contacto con las autoridades franquistas. No le resultaba complicado: muchos de los altos cargos designados por los militares golpistas habían colaborado anteriormente con el capitán. Ayala tenía cierta amistad con el nuevo administrador de Ebibeyín, un médico de la sanidad colonial; de vez en cuando, el ex reclutador viajaba hasta la frontera entre Guinea y Camerún para entrevistarse con él. Algunos responsables de la Administración camerunesa se mostraban inquietos por aquellas reuniones: sospechaban que Ayala se dedicaba al espionaje para las autoridades franquistas, con el objetivo de recuperar sus propiedades; otros funcionarios creían que estaba a sueldo de sus antiguos socios alemanes. Ni unos ni otros hallaron pruebas concluyentes; es probable que sus sospechas fueran infundadas. En julio de 1937 Ayala viajó a Francia. Se embarcó en Duala y abandonó el barco en Burdeos. Desde allí se dirigió al País Vasco francés, donde se entrevistó con algunos altos cargos franquistas y les solicitó la devolución de los bienes que se le habían requisado. Los responsables del Gobierno de Franco le indicaron que, para tramitar su petición, tenía que dirigirse a Burgos. Pero Ayala, prudente, no cruzó la frontera. Sabía que en España podía sufrir penas de cárcel o incluso ser ejecutado. Lo conveniente era esperar. Regresó a Ambam. Ayala, que había sido un potentado en Guinea, vivía ahora en Camerún de forma bastante miserable. Aun así, conservaba su proverbial habilidad para las relaciones públicas, que tan útil le había resultado en Santa Isabel. Llegó a ser muy amigo del jefe de la circunscripción. Solían cenar juntos a menudo. Según un alto funcionario francés, que llevó a cabo una gira de inspección por la región de Ambam, «Ayala es recibido en el hogar del administrador como si fuera el niño de la casa, y se habla delante de él abiertamente». El jefe de la circunscripción de Ambam no era el único que apreciaba al exiliado; al parecer, en aquella aburrida ciudad del sur de Camerún, el capitán no tardó en volverse muy popular: «Es el hombre imprescindible, el cuarto jugador en las partidas de bridge, o la pareja en el tenis…» El comerciante disponía del único vehículo particular de la ciudad y lo utilizaba para hacer favores a los blancos de la circunscripción: «Ayala es quien va a buscar pequeños regalos a Ebolowa o a Yaundé…» En una ocasión, a finales de 1938, llegó a alquilar su coche al administrador de Ambam, que debía ir al Muni en viaje «privado» (en realidad se trataba de una misión de espionaje). El estatus de Ayala en Camerún fue consolidándose poco a poco. En 1940, al ver que su regreso a Guinea aún podía retrasarse más, abrió una fonda en Ambam. En el establecimiento, mucho menos lujoso que el que le habían requisado en Bata, acogía a los españoles que salían del Muni rumbo a Duala o Yaundé. De ese modo, se mantenía puntualmente informado sobre la evolución política de la colonia española. No perdía, al parecer, la esperanza de regresar a sus dominios. Pero su situación distaba mucho de mejorar. En 1940, Ayala fue procesado de nuevo por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Canarias. Por los «delitos» políticos que había cometido durante la República y la Guerra Civil, fue condenado a pagar 300.000 pesetas; 100.000 al acto, y 200.000 en un plazo de cuatro años. Era una multa muy elevada para la época. Quienes la imponían, sin duda, disponían de información muy fiable sobre los bienes que poseía el ex reclutador. Además, el tribunal condenó al oficial a una pena de destierro de tres años y un día. La familia Ayala abonó enseguida el importe del primer pago. La madre del oficial, residente en Madrid, no tardó en presentar un recurso en el que solicitaba la anulación del resto de la sanción. Alegaba que Julián Ayala había abandonado Guinea por sus desavenencias con el régimen republicano y que nunca había destacado como izquierdista. Pero la apelación de su madre fue desestimada. El tribunal político argumentó que no veía motivo alguno para indultarle. Ayala siguió defendiéndose legalmente. A través de un intermediario, solicitó un permiso para volver al territorio del Muni ante el subgobernador de Bata que había relevado a Touchard. A partir de aquello, la pista de Ayala se pierde. Pero pronto volvemos a encontrarla: regresó a España durante los siguientes meses. El 28 de marzo de 1942, el hombre que había sido todopoderoso teniente en Mikomeseng murió en una clínica de Barcelona a causa de una crisis hepática. Tenía cuarenta y seis años y una larga estela de crímenes a sus espaldas. (…)Casi un año antes, en mayo del 1941, un Consejo de Guerra de Oficiales Generales designado para ver y fallar la Causa instruida en el procedimiento sumarísimo contra el Capitán Ayala le condenó a 6 años de prisión, ya que "es evidente que se ausentó de Bata en víspera de la llegada de las Fuerzas Nacionales y una vez en el extranjero no hizo nada por unirse a dichas fuerzas como era su deber, no solo de honor, por el uniforme que vestía sino por estar obligado a ello por disposiciones emanadas de las Autoridades Nacionales que disponían la obligatoria presentación de todos los retirados extraordinarios y por tanto ha infligido sus deberes militares ejecutando actos que constituyen el delito de negligencia previsto y penado en el párrafo segundo del artículo doscientos setenta y siete del Código de Justicia Militar". Medio año después, en octubre, se publica un orden concediéndole la libertad condicional de la Prisión Militar Castillo de San Francisco del Risco, de Las Palmas de Gran Canaria.
Cuenta igualmente con sendos expedientes de indulto del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas: el primero de 1942 de procedente de la Audiencia Provincial de Juzgado de Instrucción de Santa Isabel y el segundo de 1958, procedente Audiencia Provincial de las Palmas.